Eduardo Nava Hernández

A la vista del resultado del proceso electoral en Yucatán, y ante la proximidad de otras contiendas locales competitivas en este mismo año (Baja California, Michoacán, Chihuahua, Durango, entre otras), está planteado nuevamente el problema de la confiabilidad de nuestra práctica de la democracia electiva. La liebre ha saltado por donde no se la esperaba. En el momento en que más sólido y definitivo parecía el entendimiento entre el PAN y la presidencia de la República, después de la PGR y Jalisco, y paralelamente al inexorable reconocimiento del triunfo de Vicente Fox en Guanajuato, Yucatán estalla como una bomba que pasa a modificar el cuadro político completo del país en formas hasta hace poco insospechadas.

     Los efectos inmediatos de la crisis yucateca no son menores. El PAN ha suspendido, por lo pronto, su participación en la mesa nacional de Diálogo para la Reforma del Estado, sumándose en la práctica con ello a la política del PRD, gobernada a su vez por sus conflictos internos. Ya antes, para empeorar el caso, Acción Nacional se había retirado de la negociación de la reforma política del Distrito Federal cuando el PRI madrugó excluyendo a los partidos de la elección de consejeros ciudadanos delegacionales.

     El ascenso reciente del PAN ha sorprendido e indignado a los propios priístas, que ahora reconocen como muy probable la posibilidad de que en 1997 el Congreso esté dominado por los blanquiazules, lo que los colocaría en el umbral de ganar la Presidencia para el año 2000. Resulta, pues, que dentro del partido gobernante hay sectores interesados en fincar una alianza ¡con el PRD! para frenar al panismo. Como resultado, el Diálogo Nacional, una de las cartas fuertes del presidente Zedillo para consolidar su autoridad, se encuentra bloqueado por la obvia razón de que no hay diálogo posible si se autoexcluye la principal fuerza de oposición, y está en riesgo su alianza (aparentemente histórica, pero que ahora se revela sólo transitoria), con un PAN que ya siente que puede caminar solito, sin usar andaderas.

     El caso yucateco tiene un sinfín de implicaciones anecdóticas, como el torpe aunque sincero reconocimiento de Carlos Castillo Peraza de que, para él, el conflicto es un asunto personal, cosa que, por lo demás, a nadie con tres dedos de frente se le ocultaba. Así como en el Éxodo tabasqueño está más en juego una correlación interna de fuerzas del PRD que la resolución de un conflicto poselectoral, en Yucatán se está jugando, más bien que una gubernatura, la precandidatura presidencial de un partido que “la siente segura”. Ahora, para sorpresa de todos, Acción Nacional se lanza a la movilización poselectoral en la península empleando los mismos métodos que siempre criticó a los perredistas de Michoacán, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Chiapas y otras entidades.

     Pero en realidad, Yucatán coloca frente al país problemas más sustantivos y que van mucho más allá que el enriquecimiento del anecdotario político nacional.

     Uno, quizás el más evidente, es la actualización práctica del tan mencionado federalismo, pero como brutal resurrección del cacicazgo regional. Ante el pasmo de la República, un gobernador interino logra modificar la Constitución local para permitirle volver no mucho más tarde al poder, ahora en condición de gobernador electo. Sin mucho debate, no sólo se ha demolido el tabú de la no reelección en los gobiernos estatales, sino que se afianza un poder local que, de prosperar, hará retroceder la vida política a las más añejas formas caciquiles de dominación, esbozadas desde la campaña y durante el proceso electivo.

     El otro aspecto, indisolublemente vinculado al anterior, es la aplicación de diversas formas de fraude electoral. Nos habíamos quizás olvidado de lo que es la realidad de Yucatán. Se trata de uno de los estados donde es más patente la desigualdad y aun la polarización social; dominado por Mérida, su capital, como centro de poder económico y político, pero con enormes niveles de pobreza y marginación en el campo, poblado mayoritariamente por indígenas mayas bastante alejados de cualquier índice satisfactorio de bienestar.

     El resultado electoral refleja grotescamente esa dualidad social. Mientras que el polo urbano muestra una elevada competitividad electoral, Víctor Cervera Pacheco finca su proclamado triunfo en los sufragios cosechados en las zonas rurales y particularmente en los municipios más pobres del estado. Dramáticamente para las aspiraciones democráticas de la sociedad nacional, los métodos priístas son, una vez más, la compra de votos a cambio de pequeñas dádivas como despensas —aportadas por cierto por las Naciones Unidas para programas de apoyo social—, materiales de construcción o dinero en efectivo.

     Ignoro si el Código Penal yucateco ha tipificado como delitos electorales estas prácticas, pero en cualquier caso, no pueden dejar de señalarse como una inmoralidad suprema, por más que se traduzcan en votos reales en las ánforas. Así, mientras que en estados más modernos y urbanizados como Jalisco y Guanajuato, las victorias del PAN resultan más holgadas e indiscutibles, en el Sureste topan con la realidad de una lacerante desigualdad que hace factible la manipulación de las voluntades de los ciudadanos.

     La construcción de la democracia política mexicana queda, así, presa de un círculo vicioso: el sostenimiento del régimen autoritario priísta implica la perpetuación de las inequidades sociales más indignantes, que a su vez hacen posible la clientelización y manipulación de los votos como fundamento de la legitimidad de ese mismo régimen. Cervera es una manifestación sin duda arcaica de la funcionalidad de ese sistema, pero al fin y al cabo una expresión fiel del mismo.

     La lección refrendada por Yucatán, como por otras experiencias semejantes es clara. La lucha por la democracia política no puede desvincularse de prácticas transformadoras que modifiquen desde ahora, en lo posible, el monstruoso perfil de la sociedad mexicana. ¿Cómo aspirar a una superestructura electoral modernizada y eficaz en una sociedad acentuada y crecientemente desigual? La lucha de los partidos de oposición tiene que incorporar esas prácticas y no condicionarlas o postergarlas, como en el caso del PAN y del PRD, a la conquista del poder político.

     Indirectamente, así, Yucatán viene a confirmar el núcleo más sólido de la estrategia de negociación planteada por el Ejército Zapatista en la mesa del diálogo en Chiapas (otra zona de desigualdades que durante décadas fue coto privado del partido oficial): la inseparabilidad de los problemas políticos y sociales y de lo regional con lo nacional, contrariamente a la estrategia de negociación fragmentada planteada por el gobierno federal. En el caso de Chiapas, no cabe duda de por dónde se encauzará la postura de los zapatistas. La pregunta, para el caso de Yucatán es si los panistas serán capaces de asimilar esta lección que también a ellos, oblicuamente, les dan los indígenas chiapanecos, o si estamos tan sólo en el los preámbulos de una nueva concertacesión.

Coyoacán, D.F., 9 de junio de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 12 de junio de 1995.