Eduardo Nava Hernández

No siempre tenemos presente el hecho de que la lucha por la democracia no se limita a los procesos de elección política, implica también la transformación de la llamada sociedad civil, compuesta por un sinnúmero de agrupamientos y organizaciones muy diversos que, en su conjunto, representan el andamiaje en el que se sostiene en realidad la hegemonía del partido de Estado. Ninguna democratización será completa, si no modifica la estructura de esos organismos –sindicatos, organizaciones campesinas, asociaciones profesionales, agrupamientos y coaliciones urbanos, etcétera-, convertidos por nuestro sistema político en verdaderas correas de transmisión del aparato de dominación oficial.

La democratización sindical y social, en general es, entonces, parte esencial de la transición que nuestro sistema político deberá cumplir para arribar a un sistema de dominación verdaderamente moderno, sustentado en el consenso social y no en el clientelismo tradicional al que han recurrido el partido oficial y el Estado desde los años treinta.

Son éstos los elementos que nos permiten ubicar la importancia y los muchos significados que adquiere un proceso de elección sindical como el que hace unos días tuvo lugar en el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (SPUM), donde el triunfo de la planilla opositora (Azul), puede representar un sensible avance de la democratización gremial.

El SPUM, es actualmente el sindicato independiente más numeroso de Michoacán, con alrededor de 1600 afiliados y 1400 activos. Fue fundado en 1976, en el contexto de la insurgencia sindical de los setenta, pero recogiendo en este caso particular la fértil y tan michoacana tradición crítica y rebelde del nicolacismo. Su vocación democrática, independiente y popular, se expresa sin dobleces en su Declaración de Principios y en sus Estatutos, y también en las prácticas en que se desenvolvió durante sus primeros tiempos.

Durante varios años el SPUM, tuvo una trayectoria ascendente, que culminó en 1982 con su reconocimiento formal como titular de los derechos colectivos de los trabajadores académicos universitarios y la consecuente firma del primer Contrato Colectivo de Trabajo.

Sin embargo, a partir de 1985, el SPUM, comenzó a sufrir un proceso de deterioro y de acelerada degradación como organismo de defensa de los trabajadores. La importancia que había cobrado entre el profesorado y entre las organizaciones y movimientos democráticos de la entidad, lo hizo objeto de un creciente interés por parte de diversos grupos oficialistas, que desde el Estado impulsaron el arribo a la dirección sindical de comités cada vez menos independientes y más comprometidos con la línea estatal. Así, durante la gestión de los tres últimos comités ejecutivos, se consumó el alejamiento del SPUM, de sus principios y prácticas democráticas y tendió a convertirse en una institución crecientemente oficializada, donde lo mismo, las autoridades universitarias que diversos funcionarios estatales, tenían injerencia a través de múltiples canales, sobre la dirigencia sindical.

A principios de 1987, en el marco de la pugna entre el nuevo gobernador Martínez Villicaña y la Corriente Democratizadora del PRI, encabezada en el Estado por Cuauhtémoc Cárdenas, se inició la gestión sindical del Ingeniero Germán Anaya, quien intentó establecer un cacicazgo que ha querido ejercer también desde su actual posición de funcionario universitario y que sólo ahora podrá comenzar a sacudirse el sindicato de maestros universitarios. Los períodos de Anaya y de su sucesor y protegido, Jorge Mancebo del Castillo, llevaron al SPUM, a perder su perfil originario, paralelamente al deterioro de los salarios y condiciones laborales en la Universidad. El protagonismo sindical en los procesos universitarios, tan decisivo, por ejemplo, en la discusión de la Nueva Ley Orgánica en 1983 y 1984, se diluyó; el sindicato aceptó con motivo de la homologación de los trabajadores académicos con el sistema ideado en la SEP, la aplicación de un nuevo Reglamento General del Personal Académico, violatorio en algunos aspectos del Contrato Colectivo de Trabajo y en más de un sentido de la misma autonomía universitaria, pues fue diseñado en instancias ajenas a la Universidad. En lo interno, el Comité Ejecutivo del doctor Mancebo del Castillo, pasó por encima e incluso saboteó los acuerdos del VIII Congreso General de Representantes en 1990 y convirtió al sindicato en instrumento de un grupo particular, mientras descendían los salarios y prestaciones de los profesores universitarios.

Pero como todo por servir se acaba, ese tipo de conducción parece haber llegado a su agotamiento en el último período. Desde los días de la campaña electoral se pudo percibir el desgaste de los métodos que en otras ocasiones habían operado sin problemas: organizar a los maestros —comidas y desayunos, manipular algunas prestaciones como las viviendas del Infonavit o los lotes donados por el gobierno del estado, etcétera—. Una asamblea general participativa y crítica decidió el pasado 16 de febrero dar la voltereta a esa situación e impedir el arribo a la dirección sindical de la planilla que representaba la continuidad de la línea oficial de Anaya-Mancebo del Castillo. La actitud respetuosa del gobierno estatal, absteniéndose de intervenir en favor de alguna de las planillas o dar lineamientos para orientar la votación de los profesores, se puede contar como uno de los factores que coadyuvaron a un proceso limpio y autónomo, cuyo resultado fue aceptado por todos los participantes.

La lucha por el SPUM es, indudablemente, un episodio relevante de movilización social en torno a objetivos democráticos, que más pronto que tarde redundará en nuevos avances en el interior de esa enorme institución –por sus dimensiones y por su significación histórica y social- que es la Universidad Michoacana y más allá de ella. La llegada de un nuevo Comité Ejecutivo como el que se inaugura, democrático y surgido de las bases sindicales, implica ante todo la posibilidad –y en cierto modo es ya el efecto del inicio de esa reactivación- de dinamizar el gremio académico, en el que notoriamente venía decayendo hasta ahora la participación y la movilización. Se abre también la posibilidad de retomar y actualizar los propósitos originarios del sindicalismo universitario michoacano, de reinsertarlo en los pequeños o grandes caudales del movimiento sindicalista nacional de los que nunca debió desprenderse, de salir nuevamente a la palestra en defensa de la hoy tan vilipendiada universidad pública. Y en un contexto como el que se ha vivido en los últimos años de deterioro salarial, de relegamiento académico y esquemas de competencias individualista en las instituciones universitarias, o el aún más difícil que se anuncia con la reforma regresiva al artículo 3º constitucional, esto no es, por cierto, poca cosa.

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 2 de marzo de 1993.