Eduardo Nava Hernández

Una gran paradoja atraviesa la paralización de actividades en la Universidad Nacional desde hace ya cuatro semanas: ninguno de los estudiantes que hoy se han movilizado para impedir que se aplique el nuevo y atropelladamente aprobado Reglamento General de Pagos (RGP) estaría, según este mismo, obligado a pagar las nuevas cuotas que en él se han establecido. Conforme a sus transitorios, tales cobros se harían sólo a los alumnos de nuevo ingreso a partir del próximo ciclo escolar, y no afectaría a los alumnos que ya están inscritos, miles de los cuales sacrifican tiempo y clases y están dispuestos a poner en riesgo su misma permanencia en la institución por defenderla.

               ¿Cómo explicar el que esos miles de alumnos —entre los cuales hay consejeros estudiantiles que, a más de contarse entre los mejores, son representativos de cientos o millares de sus compañeros— se hayan decidido por un movimiento en contra de las medidas administrativas que no los afectarán? ¿Por qué falló el cálculo de las autoridades, según el cual el posponer la aplicación de las medidas hasta el próximo ciclo abortaría cualquier intento de resistencia y escindiría a los actuales de los futuros universitarios, dejando a estos últimos en la indefensión? La respuesta estriba en la comprensión que esos miles de alumnos hoy tienen de la universidad y de lo que ésta representa en el horizonte de la nación.

               Los huelguistas han podido entender ya que tras lo que se presenta como un simple aumento de cuotas, revestido hasta con matices de equidad, y la disputa en torno suyo, se confrontan en realidad dos proyectos radicalmente opuestos de universidad. Uno es el de quienes conciben a la educación superior como un servicio (el nuevo RGP no habla de alumnos, sino de usuarios) cuyos beneficiarios son los individuos; otro, el de quienes mantienen la visión de la universidad pública como una necesidad nacional. Para la primera de esas perspectivas, lo natural es que los beneficiarios o sus familias paguen (así sea tan simbólicamente que sus “cuotas” no alcancen siquiera para aliviar en lo más mínimo la penuria económica en que los gobiernos más recientes han mantenido a la universidad pública); no importa siquiera cuánto, pero que paguen, porque se trata de un principio de autoridad. Para la segunda visión, la permanencia y desarrollo de la educación superior pública no se ubica en el plano de las prestaciones personales sino mucho más allá: en el de las prioridades nacionales.

               ¿Cómo se va a exigir a los contribuyentes —razonan los defensores del elitismo disfrazado de “equidad”— que paguen impuestos para que quien se eduque y se beneficie sea el hijo del vecino y no el propio? ¿Por qué han de aportar para que “otros” obtengan beneficios sin contribuir económicamente a su propia formación? De acuerdo con esa lógica, desde luego, debieran clausurarse o hacerse de cobro, por ejemplo, los servicios generales de salubridad, puesto que no todos hacemos uso de ellos, o todo el aparato educativo, desde el nivel básico, excluyendo de él o cobrándoles a quienes “pueden pagar”. Quienes puedan, que paguen, y quienes no, que recurran a los servicios de asistencia.

               “Nadie debe quedarse fuera de la Universidad por falta de recursos”, dice la propaganda en que se están gastando hoy muchos de los limitados recursos de la institución pública. Para no pagar, bastará con declararse pobre, y por tanto insolvente. El estudiante estará obligado a obtener el título de menesteroso —con ingresos menores a cuatro salarios mínimos— antes que el de bachiller o de profesional en alguna de las licenciaturas que ofrece la UNAM. Pero ello introduce en el campus universitario un elemento que hasta ahora le ha sido ajeno: la formalización del clasismo y las diferenciaciones sociales, que no serán ya sólo las que en la sociedad existen de por sí, sino las que el citado RGP sancione.

               Como, según se argumenta con frecuencia, el hecho de pagar promoverá entre los estudiantes una mayor responsabilidad (lo que cuesta se aprecia más; lo cual, de ser cierto, anularía por sí mismo el sentido de las becas) e incentivará en ellos una mayor exigencia hacia sus profesores y hacia la institución, queda clara la consecuencia de tal diferenciación: el Reglamento General de Pagos no será realmente general, y en la práctica sólo tendrán derecho a exigir —o elevar sus exigencias— aquellos alumnos que aporten efectivamente al ¿sostenimiento? de la institución. Cuando el multicitado Reglamento se aplique, uno más de los lazos de solidaridad que hacen parte del tejido social y dan un mínimo de consistencia a la nación habrá expirado en aras del criterio de eficiencia financiera y el egoísmo individualista que se impone hoy por hoy como ideología.

               El pago de cuotas es un elemento por completo externo a los procesos esenciales de la universidad y de la enseñanza, en general. No es mejor estudiante quien paga más o más puntualmente, sino quien se aplica a sus estudios y demuestra consistencia y rigor en sus conocimientos. Es falso que el cobrar cuotas hará mejores instituciones de nuestras universidades públicas. La calidad del proceso educativo depende de muy otros factores —entre los cuales están, eso sí, la profesionalización y la mejor retribución a los docentes e investigadores—, que no tienen que ver con si el estudiante paga o no una tarifa a cambio del producto–educación. Pero esa reforma sí pone al aparato de educación superior en concordancia con la racionalidad del mercado, la misma que impulsa los procesos de privatización como criterio de “eficiencia”.

               Es otra la perspectiva de quienes defienden la gratuidad de la educación en todos sus niveles como norma, esa sí, general. Es la que concibe a la educación, incluida la superior, como un esfuerzo y un objetivo nacional y no como un servicio privado del que sólo se beneficia quien lo recibe.

               Para esta visión, es el país, visto como un todo, el que requiere ampliar el número de sus ingenieros, veterinarios y arquitectos involucrados en los procesos de producción, y el de sus médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y maestros atendiendo las necesidades de servicios de la población. Pensar la educación en estos términos, y no como si se tratara de un servicio privado, es simplemente percibir lo evidente: las enormes diferencias que nos separan, como país, del gasto en educación superior que ejercen nuestros vecinos y principales socios comerciales. Si es verdad que, como lo señala el investigador universitario Hugo Aboites en entrevista con el suplemento Masiosare del diario La Jornada (9 de mayo), los Estados Unidos invierten en educación superior cincuenta veces y Canadá seis veces más que México, se puede percibir las verdaderas dimensiones del problema y lo intrascendente de que la UNAM pretenda incrementar en 3 por ciento sus recursos presupuestales cobrando las polémicas cuotas. Es la política de gasto, principalmente del gobierno federal, la que no ha estado a la altura de las necesidades de enseñanza e investigación en el nivel superior porque, como todos sabemos, son otras sus prioridades: rescate de la banca y el sector carretero, privatizaciones y eliminación de subsidios.

               Esa política, basada también durante dos décadas en el abatimiento de los sueldos de los profesores e investigadores —otro de los problemas que la superficial medida administrativa de las cuotas ni siquiera se plantea tocar y que genera la permanente salida de muchos de nuestros mejores elementos intelectuales del país, en detrimento de lo que éste ha invertido en ellos— considera llegada la hora de presionar a los alumnos para, una vez, vencidos, terminar de adecuar el proceso educativo y la vida universitaria a sus propósitos y concepciones.

               Es por ello que en el conflicto en la Universidad Nacional se enfrentan, con el campus como escenario social, los proyectos de nación que pueden hoy por hoy definir el futuro próximo para México, mucho más allá de lo que las pugnas y pujas que los muchos precandidatos de los diversos partidos puedan escenificar para mantener entretenido al público. Y es por ello que los jóvenes estudiantes que han asumido por sí mismos y con apoyo de un sector de sus profesores la tarea de defender la gratuidad de la enseñanza y por tanto de la educación superior pública son objeto de la más sucia y fascistoide campaña propagandística en los medios electrónicos. Representan, embrionariamente al menos, un proyecto de nación opuesto en todo al que el gran capital y sus representantes en el Estado han venido imponiendo al país. Es el proyecto que, con la convicción que da la razón y la confianza que la juventud posee en el futuro, los paristas han expresado en una de sus más sólidas consignas: “hemos cerrado la Universidad hoy para que siga abierta siempre para todos”.

Morelia, Mich., 12 de mayo de 1999.