Eduardo Nava Hernández

La autonomía universitaria es, con toda probabilidad, la dama más violada de Michoacán. Víctima de múltiples abusos, sus agresores no sólo quedan impunes, sino que incluso deambulan recibiendo reconocimientos, como si se tratara de una honra o mérito el prestarse a la farsa, la simulación y, finalmente, la agresión flagrante y pública de la legislación.

               Los reincidentes violadores a los que me refiero son, por supuesto, los fantasmagóricos miembros de la Comisión de Rectoría, un órgano, a juzgar por sus acciones, creado específicamente con ese propósito de violentar recurrentemente la legalidad. Como siempre lo han hecho, nuevamente desde sus olímpicas majestades —que no pueden rebajares a la para ellos despreciable tarea de dialogar con la comunidad universitaria—, anuncian en un fin de semana que han decidido designar rector definitivo para la Universidad Michoacana. Se trata nada menos que de un personaje que es egresado y docente de la misma dependencia de origen —la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales— de quien en este momento funge como presidente de la Comisión de marras, y que hasta ahora ocupaba un cargo de primera importancia en los poderes del estado: presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

               Para demostrar la subordinación de la institución universitaria a los poderes públicos, los miembros de la Comisión de Rectoría no encontraron mejor manera que designar como rector al titular de uno de ellos, menospreciando así a los académicos en activo, dedicados de lleno a la Universidad.

               La designación corresponde totalmente a lo que ya es una práctica al parecer consagrada: la negación de la democracia pactada como principio fundamental en la Ley Orgánica de febrero de 1986, cuyo proyecto discutieron los universitarios a través de su Consejo Universitario y los grupos organizados a lo largo de todo el año 1984. A riesgo de aburrir a algunos lectores, reiteraré en estas páginas, por enésima vez, lo que la Ley dice: a) en su artículo 2 postula que la Universidad disfrutará de autonomía para elegir y remover a sus autoridades (la reforma de septiembre de ese año, promovida por el gobernador Martínez Villicaña, estableció como excepción al rector, cuya designación corresponde precisamente a la Comisión de Rectoría); b) en su artículo 8 afirma categóricamente que la autonomía universitaria se deposita en la comunidad de la institución, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos y alumnos; c) en  su artículo 4 coloca, entre los fines de la Universidad “alentar en su vida interna y en su proyección hacia la sociedad las prácticas democráticas”; y d) en el artículo 8, al fijar las atribuciones de la Comisión de Rectoría, establece que ésta deberá, antes de nombrar un Rector definitivo, recibir y tomar en cuenta las opiniones que por escrito le hagan llegar los miembros del Consejo Universitario a favor de los universitarios que reúnan los requisitos para el cargo.

               Como ha sido público, el anterior rector, Napoleón Guzmán Ávila, intentó vanamente ser ratificado en el cargo (hasta llegó a promoverse a través de un videocassette publicitario de su breve gestión), hasta que las presiones lo obligaron a declinar, el viernes, “por razones personales” a esa posibilidad. El sábado, la Comisión de Rectoría lanzó señales de humo blanco dando a la comunidad la buena nueva de que ya había resuelto quién la gobernará durante los próximos cuatro años.

               Nuevamente, no se guardaron ni las formalidades. El único precandidato en cuyo favor se hicieron pronunciamientos públicos fue el rector interino Napoleón Guzmán Ávila, que recibió un apoyo virtualmente unánime del Consejo Universitario —aunque algunos grupos hicieron campaña para recabar firmas a favor de otros aspirantes—. Si, en efecto, el rector interino hubiera decidido por sí mismo retirarse de la disputa por la Rectoría definitiva, lo menos que hubiera podido hacer la Comisión de notables ex miembros de la comunidad universitaria (¿se convocó al profesor decano del Consejo Universitario?; ¿al alumno de mayor promedio, para integrar ese desconocido y fantasmal órgano?) era convocar a la comunidad a manifestarse en torno a la sucesión rectoral a través de sus consejeros universitarios, y dar tiempo a éstos para recabar dichas opiniones y enviarlas.

Pero no. No se conoce pronunciamiento alguno de los universitarios a favor del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, quien no era considerado aspirante, simplemente por el alto cargo que ocupaba en el poder Judicial; y, como siempre, la Comisión prefirió, a espaldas del Consejo y del resto de la comunidad hacer la designación en un día no hábil, en ausencia de los futuros gobernados del nombrado, y cuando apenas se había conocido de la supuesta decisión personal del único candidato conocido públicamente.

               ¿En qué legitimidad puede sustentarse una designación como la que se ha hecho? ¿De qué manera responde al mandato de “alentar las prácticas democráticas”? ¿Cómo podrá justificar la Comisión que sí tomó en cuenta las opiniones de los consejeros universitarios, cuando apenas el viernes éstos demandaban a Guzmán Ávila que no declinara, y hacían desesperados esfuerzos por hacerse escuchar por la etérea Comisión? ¿Cómo evitar pensar que se trata de una verdadera conspiración, de la asociación delictuosa de los miembros de la Comisión para imponer su caprichosa voluntad —o, lo que sería peor, la de otras fuerzas, externas a la Universidad, convirtiéndose así en una simple correa de transmisión, indigna de los antecedentes de autonomía de la Casa de Hidalgo— en la persona del designado?

               Hasta donde se sabe (porque sus comunicados los firman sólo dos personas, y no todos los miembros que deberían integrarla), la Comisión la forman ex rectores de la Universidad. Algunos de ellos ya le causaron mucho daño cuando ocuparon el cargo, pero no conformes con ello siguen haciéndolo desde la posición de privilegio que —ni siquiera sabemos si legalmente— ocupan en la actualidad para, virtualmente, seguir decidiendo sobre sus destinos. La experiencia demuestra que seguirán haciéndolo y burlándose de la comunidad hasta que los universitarios nos decidamos a exigir que se eliminen las reformas de septiembre de 1986 a la Ley Orgánica y, con ellas, la posibilidad de que el capricho o los poderes exteriores determinen el curso de una institución para la que Vasco de Quiroga, Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo y Pascual Ortiz Rubio imaginaron otro destino.

Morelia, Michoacán, 10 de enero de 1999.