Eduardo Nava Hernández

En los acontecimientos del 1º de mayo último y su nueva y recuperada significación convergieron dos hechos que, en realidad, son uno solo: por una parte, la expresión ya incontenible de un descontento social que, como lo mostró el Zócalo capitalino, no es estrictamente obrero ni sindical, sino popular; por la otra, la renuncia de las cúpulas sindicales charras —que es también y, sobre todo, la del gobierno nacional— al recurso de la movilización como refrendo de su legitimidad.

     No deja de ser notable la coincidencia —que casi rayaría en la unanimidad, si dejáramos de lado la opinión de los líderes cetemistas y de otras centrales oficiales— en la percepción de lo que ocurrió el pasado 1º de mayo. Desde el secretario del Trabajo Santiago Oñate hasta los representantes del sindicalismo independiente, hay, con matices, la misma lectura: se trata del agotamiento de los métodos consagrados de manejo de los sindicatos, a consecuencia de la profunda y extendida crisis económica y social. Algo parece estar tocando a su fin, aunque no esté claro aún con qué se lo habrá de sustituir.

     Existen razones históricas que pueden explicar la peculiar relación que durante más de setenta años ha mantenido al sindicalismo mexicano en una posición de subordinación frente al Estado posrevolucionario. Esas razones pueden hallarse sin dificultad en la debilidad inicial de un proletariado que, aunque protagonista de episodios heroicos y precursores, no dejaba de ser sumamente minoritario en la sociedad de los albores de nuestro siglo, y en su papel inorgánico y marginal a lo largo de la lucha revolucionaria. También en las contradicciones al interior del proyecto de la burguesía revolucionaria que abrieron importantes e inéditos espacios de reivindicación de los derechos laborales en la conformación del nuevo Estado (el recorrido que va de la alianza Carranza-Casa del Obrero Mundial y los Batallones Rojos en 1915 al artículo 123 en la Constitución de 1917; y luego a su refrendo en la formación de los sindicatos nacionales durante el cardenismo).

     No obstante, hace ya por lo menos dos décadas que el mantenimiento de esa supeditación sólo puede ser vista como una perversión de los fines sociales del sindicalismo que lo ha llevado a sufrir, en más de un sentido, la misma o peor descomposición que el régimen político, hoy en su fase terminal. El que el sentido original del Primero de Mayo como jornada reivindicatoria fuera sustituido durante décadas por “la fiesta del trabajo” o, peor aún, transmutado en ocasión para expresar el tradicional “Gracias, señor Presidente”, no es sino una consecuencia, si bien simbólica, de esa perversión.

     El principio que sustentó esa virtual subsunción del sindicalismo por el Estado nacional fue siempre el de que éste representaba, más que un árbitro, un virtual tutor de los derechos sociales de las masas mexicanas, particularmente de los derechos de los trabajadores y campesinos. Por ello, pese a que el recurso de la represión nunca estuvo excluido (desde la huelga general de los electricistas en julio de 1916 hasta el aplastamiento de los movimientos magisterial y ferrocarrilero de 1958), la conservación de un conjunto de prestaciones sociales (contratación colectiva, seguridad social, estabilidad laboral, etcétera) fue siempre el marco para mantener la subordinación obrera.

     Desde 1976, sin embargo, ese pacto social se ha resquebrajado hasta finalmente estallar en pedazos. Nada queda, virtualmente, del Estado paternalista posrevolucionario. El nuevo Estado tecnoburocrático aparece, descarnadamente, como la representación de los intereses vitales del capital financiero, sea éste nacional o extranjero. En situaciones de conflicto laboral, no ha dudado en ejercer la fuerza contra los trabajadores. Si hoy el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo no son funcionales, no es tanto porque hayan quedado obsoletos sino porque con las actuales autoridades laborales el ejercicio de la huelga resulta más peligroso para los trabajadores —que arriesgan sus salarios, sus conquistas colectivas y hasta el empleo— que para los capitalistas. En tales condiciones, el sindicalismo tradicional, aliado (en realidad, supeditado) de los gobiernos priistas, ha encontrado cada vez menos razones que justifiquen su existencia.

     El reciente 1º de mayo cientos de miles de trabajadores salieron a la calle y llegaron al Zócalo de la ciudad de México, plaza abandonada por sus anteriores ocupantes; y sus consignas ahí retumbaban en el Teatro Ferrocarrilero donde se replegaban (más que reunirse) las altas burocracias del sindicalismo para recibir al presidente de la República. Los gobernadores —como el de Michoacán— que aún se animaron a recurrir a la movilización tradicional, tuvieron que pagar su temeridad con el abucheo de los contingentes de las propias centrales oficiales.

     La exitosa movilización del Zócalo capitalino y la reunión con olor a derrota del Teatro Ferrocarrilero, pueden, sin embargo, inducir a falsas interpretaciones. No faltan voces entre la disidencia que anuncian el virtual derrumbe de las estructuras sindical-corporativas y la consiguiente emancipación del trabajo de los yugos que éstas han representado. No podemos olvidar, sin embargo, que la movilización nunca fue el terreno en el que se asentó el charrismo, por más que el Día del Trabajo jugara un papel simbólico.

     La fuerza real del charrismo no está en su capacidad de convocatoria, sino en las estructuras jerárquicas institucionales y legales que lo siguen reconociendo como interlocutor indispensable en los casos de conflicto, así como en las inercias de una clase trabajadora desorganizada, amedrentada e impotente por la represión laboral y la desarticulación social.

     Es ahí, en el mundo de las cláusulas de exclusión, los pactos secretos, la compra-venta de contratos colectivos y cláusulas, la venalidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los juzgados laborales, la represión en los centros de  trabajo y, en última instancia, la acción directa del Estado contra la disidencia obrera, donde se finca la vigencia del aún subsistente charrismo, como nos lo viene a recordar la ilegal y violenta requisa (no se le puede llamar, con propiedad, quiebra, como lo hace el gobierno) del Sistema Ruta 100. El viejo charrismo está, ciertamente en agonía, pero su repliegue puede aún ser terrible en contra de cualquier forma de disidencia en “sus” sindicatos. Los coletazos de dinosaurio en sus estertores de muerte pueden también ser fatales. La crisis y la extensión del desempleo conspiran contra los esfuerzos de los trabajadores por fortalecer su independencia y autoorganización.

     El 1º de mayo fue también simbólico del descontento popular que se extiende entre casi todas las capas de la población; pero, como lo han destacado diversos observadores, no fue más allá, hasta conformar una estructura frentista única que aglutinara a todos los contingentes participantes en torno a una misma estrategia. En su mayoría, los grandes sindicatos nacionales se encuentran sumamente debilitados; el SUTAUR 100 ha pasado a la defensiva, bajo amenaza de desaparición, además de conservar ciertos rasgos de sectarismo frente a otras corrientes sindicales. No se ve, por el momento, ninguna fuerza sindical capaz de articular nacionalmente al movimiento obrero. Pero no podemos sino esperar que surja pronto, si no ha de quedar la inconformidad expresada el 1º de Mayo en el mero nivel testimonial, como golondrina que no hace verano.

Coyoacán, D.F., 4 de mayo de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 7 de mayo de 1995.