Eduardo Nava Hernández

1. El jueves 9 de febrero, el gobierno del presidente Zedillo declaró unilateralmente la guerra al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Exactamente un mes después, el 9 de marzo, con el anuncio de su paquete de medidas económicas, –esta vez denominado Plan de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica— declaró la guerra al conjunto de los trabajadores, empresarios industriales y comerciales, usuarios y consumidores y a la población en general que no posee capital financiero especulativo. No se trata de una mera metáfora. Las condiciones de vida que ahora se imponen a la población para pagar los altos intereses y las elevadas ganancias especulativas de los grupos financieros nacionales e internacionales equivalen, realmente, a los sacrificios de una economía de guerra.

     Si Keynes definió alguna vez la inflación como una revolución de los ricos contra los pobres, el conjunto me medidas anunciadas por el secretario mexicano de Hacienda, Guillermo Ortiz, puede ser vista como un draconiano asalto del gobierno de la oligarquía financiera a la economía social y popular que acumula ya 19 años de topes salariales y de retrocesos.

     2. El Plan no es, por lo demás, algo estrictamente nuevo ni desconocido para los mexicanos. Con cada recaída de la crisis estructural de nuestra economía, desde 1976, el capital ha impuesto medidas similares, siempre con el ofrecimiento reiterado de que en el corto plazo se recuperará el dinamismo y, con él, el advenimiento del bienestar social e individual. El que después de casi veinte años la economía mexicana continúe cayendo en recurrentes postraciones con altos costos para la población debiera ser evidencia suficiente de la inoperancia de la ortodoxia neoliberal y el monetarismo como alternativas para cimentar un desarrollo prolongado nacional.

     Lo nuevo de la crisis económica actual es, en todo caso, que por primera vez se combina con una crisis política de grandes magnitudes en los diversos niveles: en el pacto de dominación entre gobernantes y gobernados y al interior de las élites gobernantes (la mal llamada clase política), que hace sumamente delicado y riesgoso el manejo de la economía.

     3. El Plan, sin embargo, no surge de una decisión soberana del gobierno mexicano, sino de los términos de la negociación del voluminoso préstamo concedido hace unas semanas a México por el gobierno estadounidense de William Clinton, el Fondo Monetario Internacional y la banca privada mundial. La negociación del paquete de préstamos no lesionó la soberanía nacional, según Guillermo Ortiz, porque no incluyó cláusulas políticas, sino sólo financieras; sin embargo, en las propias condiciones económicas impuestas a nuestro país se establecieron condicionamientos inaceptables en tiempos de paz por cualquier nación soberana, como las restricciones al crédito y al gasto público. El gobierno de Clinton se ha arrogado también la facultad de ejercer una supervisión periódica del cumplimiento de las metas económicas y aun de modificar, endureciéndolos, los condicionamientos al crédito ya concedido. Y por si fuera poco, los ingresos petroleros mexicanos quedan en situación de virtual embargo en el Banco de la Reserva Federal estadounidense como garantía ante el eventual incumplimiento de México en el pago de sus compromisos.

     4. La lógica del Plan recién anunciado es simple y contundente: reducir drásticamente el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, expropiando al salario tanto directo como indirecto (lo que el trabajador recibe como servicios y prestaciones del Estado), al consumo y a la planta productiva, a costa de extender y prolongar la contracción económica. El Estado sanea sus finanzas reduciendo drásticamente sus gastos, y mantiene altos los niveles de ganancia del sector financiero liberando las tasas de interés y dando plena libertad al movimiento especulativo del capital en la Bolsa. Por esta vía es posible, en efecto, disminuir en el corto plazo hasta niveles manejables el déficit externo y nivelar las finanzas públicas. Con ello, sin embargo, se abre un período de estanflación signado por el cierre de empresas, la caída general de la tasa de ganancia y de los salarios y el crecimiento de la desocupación. La recuperación de una economía social devastada como la que está implícita en las medidas del 9 de febrero, llevará con seguridad muchos años.

     5. La imposición del nuevo paquete económico por el gobierno de Zedillo busca apoyarse en una arriesgada iniciativa de recomposición política. De hecho, en las circunstancias actuales de crisis  económica, política y “de credibilidad”, el paquete económico no es viable si no se reconstituye la deteriorada legitimidad del grupo en el poder que lo impulsa. La dramática y violenta ruptura entre el grupo de Zedillo y el de su antecesor Carlos Salinas es el altísimo precio a pagar para intentar recomponer la legitimidad que el capital financiero necesita para mantener en condiciones funcionales a su Estado administrador, esta vez encabezado por Zedillo.

     La apuesta zedillista es, sin embargo, sumamente delicada. Su pugna con Salinas lo es con un grupo que llevó hasta niveles extremos el uso patrimonial del Estado como instrumento de acumulación personal y de impunidad criminal. Sin embargo, es una contradicción que se mantiene, estrictamente, dentro de los límites de la propia oligarquía financiera a la que el gobierno de Zedillo también sirve. El PARAUSEE anunciado el 9 de marzo pone de manifiesto a qué propósitos y objetivos está ahora sometida la política económica gubernamental, que no rompen con la esencia del salinismo sino que aparecen como su continuación.

     El aspecto esencial del salinismo radica en haber operativizado de manera radical el neoliberalismo y el monetarismo en tanto políticas del gran capital financiero. El monetarismo distorsiona y aun erradica la función considerada social del Estado y sus funciones económicas tradicionales. Éste se desentiende, por una parte, del salario y las condiciones de vida de las clases trabajadoras; pero también deja, por la otra, de propiciar la recuperación de la ganancia media y de representar el interés general del capital, en aras de servir a una sola de sus fracciones: la del capital financiero ligado a los circuitos internacionales de valorización. La base social de un Estado así tiende inexorablemente a reducirse, como se ve ahora en la oposición de diversos sectores empresariales a la política anunciada por Guillermo Ortiz.

     6. Nada tienen los trabajadores y los grupos ajenos a esos circuitos de valorización que ganar en la pugna Zedillo-Salinas (de la que aún habrá con seguridad secuelas en el gabinete y en el partido oficial), si ésta no implica una refundación del Estado y del pacto de dominación sobre bases democráticas, que de ninguna manera se anuncian en la política judicial-militar del gobierno en Chiapas ni en el Plan de marras. Si alguna simpatía y legitimidad popular ha logrado captar Ernesto Zedillo a partir de su ruptura con el salinismo, tan sólo ha servido para llevar a fondo la política neoliberal que continúa dejando las manos libres al capital especulativo para adueñarse de los excedentes producidos por la nación.

     7. La justificación a la que, una vez más, recurre el equipo de gobierno (como vocero aquí del capital financiero y del gobierno estadounidense) para impulsar su programa económico es la afirmación de que no hay otra política posible para salir de la crisis. No es sino una expresión más de su autoritarismo. Es necesario, empero, construir desde la sociedad una propuesta alternativa que pueda congregar de manera muy amplia los intereses de los diversos sectores afectados por la política neoliberal. Esa alternativa se ha venido esbozando en las propuestas presentadas por la oposición partidaria (PT y PRD), por Alianza Cívica y por diversos grupos de la sociedad. La contraposición con la visión del grupo gobernante estriba en lo siguiente: para éste, “salir de la crisis” implica sobre todo resolver sus problemas de déficit fiscal (donde no hay que buscar culpables sino entre quienes han ejercido cargos de gobierno en los últimos tiempos) y de déficit externo (pero sin modificar la política de apertura y recurriendo tan sólo al ajuste monetario a través de la devaluación y de continuar con la captación de capitales de corto plazo), es decir, con un drástico proceso de centralización del capital. Para el resto del país, la salida de la crisis sólo puede estar en la protección de la planta productiva, el empleo y los niveles de salario.

     8. Las medidas más urgentes de ese programa alternativo, que pueden conjuntar una voluntad nacional amplia son las que ha propuesto el Partido del Trabajo para el momento actual:

     – Un control de cambios temporal, dada la emergencia económica, que fije tipos de cambio diferenciados para fortalecer al sector exportador y también para favorecer a los importadores de medios de producción. Las cláusulas del TLC permiten acogerse a salvaguardas de este tipo en situaciones de emergencia.

     – Intervención del sistema bancario, bajo dos modalidades: como control gerencial de los bancos en peligro de quiebra (SERFIN y otros) y fusión obligatoria de las instituciones más fuertes para fortalecer un programa de créditos para las empresas productivas. El Estado debe tener en sus manos al menos un banco poderoso para poder incidir en el tipo de cambio y en el tipo de interés, y no dejar todo al libre juego de la oferta y la demanda.

     – Renegociación de los compromisos internacionales, dada la crisis nacional, y buscando la protección del mercado interno.

     – Establecer el control de precios temporal y flexible para frenar la espiral inflacionaria y buscando la protección de los salarios y de la planta productiva.

     – Gravar en serio las ganancias especulativas en la Bolsa (no todas las ganancias bursátiles lo son) con tasas de 70 u 80 por ciento, aplicando los mismos sistemas de fiscalización que se han aplicado a los productores y comerciantes comunes.

     – Renegociación general de la deuda interna hoy en manos de la banca privada, y no a la renegociación caso por caso que pretenden imponer los banqueros contra los productores y tarjetahabientes.

     – Renuncia de Miguel Mancera Aguayo como Gobernador del Banco de México, por ser corresponsable de la crisis monetaria y por haber debilitado la posición negociadora de México en el exterior.

     – Aplicación de una política comercial de emergencia basada en el aprovechamiento de las salvaguardas del TLC, la renegociación de las cláusulas agrícolas de éste y la aplicación de medidas antidumping contra prácticas económicas desleales de terceros países.

     9. La ruptura en el grupo gobernante es una ruptura del bloque de poder. Los intereses económicos involucrados en el grupo Salinas no son menores. Zedillo, por su parte, no cuenta sino con la aceptación pasiva de la población mexicana que percibe en el salinismo un caso extremo de corrupción. Pero la alternativa no está en un priísmo renovado y “zedillista”, sino en un frente amplio social de recomposición nacional que vele por la conservación del empleo y del salario. Sí es posible hoy impulsar un programa alternativo de reorganización social que libere a los sectores productivos del férreo control del capital financiero trasnacional y permita el desarrollo de la producción interna. Mienten. El capitalismo mexicano sí puede ensayar otros caminos sin necesidad de dañar al sector productivo, a condición de no subordinarse a los dictados de la valorización mundial del capital financiero al que hasta ahora está sometido. La crisis política apunta hacia una crisis del Estado, si el campo de los grupos dominados se organizan en ese sentido. Una nueva etapa de reorganización se puede asomar, a condición de generalizar la inconformidad y pugnar por demandas firmes y alcanzables. Construir ese frente es la tarea actual.

Coyoacán, D.F., 11 de marzo de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 14 de marzo de 1995.