Eduardo Nava Hernández

La reforma electoral en curso se ha vuelto a plantear, al igual que la de 1989, ante todo, como un nuevo acuerdo entre las dos fuerzas principales: el PRI y el PAN, lo que hoy equivale a decir un Pacto de Familia al interior del bloque de poder. Pero un procesamiento semejante, que excluya a las demás fuerzas políticas, corre el gran riesgo de repetir la experiencia de 1989 y dejar de lado, en aras de negociar aspectos secundarios como la reforma al artículo 82, los puntos esenciales: la confiabilidad e independencia de los procesos electorales con respecto del gobierno.

     El PRI entró al proceso de reforma confiado en haber llegado a acuerdos básicos con el PAN, que le garantizaban el sacar adelante en lo fundamental su propuesta. Sin embargo, a diferencia de 1989, el debate se enfila hacia una reforma más excluyente, pactada exclusivamente entre el PRI y el PAN -aunque la discusión de la reforma a la fracción primera del artículo 82 constitucional ha ocasionado más fricciones de las que se esperaban entre el oficialismo y los blanquiazules- sin la participación de otras fuerzas políticas.

     Aunque el debate sobre el artículo 82 constitucional ha sido llevado, por el énfasis que el PAN ha puesto en él y por la tenaz resistencia que le han presentado los sectores más recalcitrantes del priismo, a ocupar el centro de la atención, no radica ahí el aspecto crucial de la reforma. El PAN se ha pronunciado ya por votar a favor de la iniciativa de la cúpula priista al respecto, con todo y los candados que aplazarían su vigencia hasta el año 2000, aun haciendo de lado las aspiraciones de su precandidato Vicente Fox; al interior del PRI, a pesar de la pírrica victoria de los dinos al regresar la iniciativa a comisiones, el asunto se resolverá, como es costumbre, a través de los usuales procedimientos de “disciplina”, y una vez que se den garantías a los rebeldes sobre la eficacia de los candados.

     El nudo real de la reforma sigue ubicado en mantener o no el control electoral por el gobierno (entendido en sentido amplio, con todos sus aparatos adyacentes, entre ellos en primer término el PRI) sobre los procesos electorales, y en conservar o no al PRI como un partido de estado. Sobre esto, hay que decirlo, la posición del gobierno salinista sólo ha introducido matices.

     Si no el punto de partida, sí el punto de inflexión de este proceso ha sido la propuesta de reforma que fue presentada el jueves 8 de julio por Fernando Ortiz Arana en nombre del PRI, y que tomó por sorpresa a los propios priistas (entre los cuales dio lugar a una breve pero memorable rebelión de la que fueron protagonistas el sector obrero y en general los moradores del Parque Jurásico), tanto como a la oposición y a la opinión pública en general. La propuesta representó un viraje en la posición oficialista, porque abrió finalmente el camino a la posibilidad de realizar reformas constitucionales que hasta entonces se rechazaban, y a incorporar algunas demandas de la oposición que se consideraban tabú entre los medios oficialistas; pero también señaló en lo general el punto límite al cual está dispuesto a llegar en el momento actual el grupo en el gobierno, encabezado por Salinas de Gortari. Aquello en lo que esa iniciativa Salinas-Ortiz Arana representa un avance efectivo, pertenece en realidad a los partidos de oposición, principalmente al PAN y al PRD; pero en muchos puntos, la propuesta quedó desde el inicio muy por debajo de las expectativas y exigencias actuales de la sociedad nacional.

     La oferta priista sigue marcando, hasta hoy, no la posición más avanzada —como incluso se llegó a decir por algunos de sus apologistas—, sino la frontera, perfectamente delineada, que el régimen presidencialista de partido de Estado no está dispuesto a trasponer en materia política, y que implica el control de los procesos electorales y de las cámaras legislativas.

     Con toda su novedad, la posición oficial no ha tocado en lo esencial las condiciones de inequitatividad en que se desarrollan los comicios. Se sigue negando a eliminar la preponderancia gubernamental en el Instituto Federal Electoral y su subordinación al poder Ejecutivo. Se suprime la cláusula de gobernabilidad, pero sólo para introducir una variante que mantiene la sobrerrepresentación de la mayoría en la cámara de diputados; abre el Senado a la representación opositora, pero no aceptando la proporcionalidad y garantizando al partido mayoritario, el oficial, el control de alrededor de las tres cuartas partes de los escaños; busca legalizar el financiamiento privado a los partidos políticos, ampliando la inequidad entre éstos; mantiene la inaceptable supresión de las candidaturas comunes entre partidos diversos y no da garantías suficientes de limpieza en la elección al mantener el manejo del padrón exclusivamente en manos de los órganos controlados por el gobierno.

     No es asunto menor lo que está en juego en el curso de la reforma electoral. La coyuntura de fin de sexenio se torna más compleja. En lo económico, por las amenazas de una nueva recesión prolongada que frene el curso de la recuperación y se sobreponga al proceso electoral de 1994. En lo social, por el creciente descontento popular en virtud de los muchos reclamos no satisfechos por la política oficial. Y ahora, en lo político, el riesgo estriba en arribar a un nuevo marco normativo electoral que carezca del suficiente consenso entre los partidos y en el resto la sociedad. Si el partido oficial logra, con el apoyo negociado de la fracción panista, restringir a esos límites los cambios a la Constitución y a la legislación electoral, estaremos una vez más ante una reforma de medio camino, un nuevo y pequeño avance, a paso de caracol, en el proceso de democratización, pero insuficiente para las necesidades reales de la sociedad mexicana actual.

     La salida al actual proceso de modificaciones constitucionales y a la legislación secundaria en materia electoral —que en mucho dependerá de la actitud, sobre todo del Partido de Acción Nacional— está planteando nuevamente, en realidad, como una cuestión de definiciones: o se da un salto adelante respondiendo a los reclamos de una verdadera democratización, o se emprenderá en 1994 la aventura de una nueva elección presidencial cuestionada y carente de credibilidad que podría desembocar en un conflicto poselectoral de grandes dimensiones.

Morelia, Michoacán, 30 de agosto de 1993.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 31 de agosto de 1993.