Eduardo Nava Hernández

Ahora toca el turno a los ingenios, uno más de los sectores que fueron privatizados el sexenio pasado, de recibir el apoyo financiero del gobierno para sortear las dificultades por las que atraviesan. Según lo anunció el recién electo dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, Alberto Santos de Hoyos, la Secretaría de Hacienda será la dependencia encargada de reestructurar la cuantiosa deuda —de 2 mil millones de dólares— que la industria ha acumulado (La Jornada, 28 de marzo, pp. 64 y 19).

            A causa de la reducción del mercado interno, de la política de autorizar las importaciones de alta fructosa como sustituto industrial del azúcar  y de la falta de mercados exteriores, los ingenios no resultaron tan buen negocio como parecían cuando se pusieron en manos de un puñado de compradores ávidos de concentrar la producción del dulce. Hoy, los dolidos propietarios se quejan de la falta de un programa nacional que impulse el crecimiento del sector, y buscan ampliar los plazos para liquidar sus adeudos con la Financiera Nacional Azucarera.

            Según lo anunciado por el también senador priísta Santos de Hoyos, la reestructuración de adeudos se realizará caso por caso, dado que la situación financiera es diferente para cada uno de los ingenios del país. Con el decreto de Hacienda, el gobierno estaría reconociendo virtualmente su responsabilidad en la crisis de la industria, al haber autorizado la introducción de la fructosa y escatimado apoyos a la industria azucarera, pero también en la improvisación y premura con que se efectuó el proceso de privatización hace más de seis años.

            El anuncio de la nueva intervención gubernamental coincide con la reactivación, desde hace algunas semanas, del conflicto social que por cerca de seis años se ha mantenido en el ingenio de Puruarán, Michoacán y del que, casualmente, el propio senador y flamante dirigente azucarero es protagonista central.

            Puruarán fue adquirido por Santos en junio de 1991 junto con el ingenio de Pedernales, ubicado en el municipio de Tacámbaro. Aun sin terminar de pagarlo, y apenas concluida la primera zafra, decidió cerrarlo y desmantelarlo parcialmente para concentrar toda la actividad productiva en Pedernales, cancelando con ello la principal fuente de empleo y actividad económica para la población de una extensa región. Después de varios meses de pugnar por su reapertura, los trabajadores decidieron tomarlo y hacerlo funcionar, cosa que lograron parcialmente durante casi un año, hasta que fueron  violentamente desalojados y reprimidos en julio de 1993 por el gobierno estatal.

            Después de varios años en que no han cesado las movilizaciones de la población puruarense y en que el principal dirigente de los obreros, Gregorio Álvarez Vargas fue arteramente asesinado, y después del incumplimiento por el actual gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí de sus promesas de campaña de volver a abrir el ingenio, éste se encuentra nuevamente en manos de los trabajadores, que mantienen su decisión de hacerlo funcionar para asegurar la subsistencia económica de una región a la que el enclave ha hecho depender históricamente de la monoproducción. Como los trabajos de rehabilitación están muy avanzados y los líderes de los azucareros han asegurado que habrá producción en la presente zafra, el esfuerzo de reapertura enfrenta la amenaza de una nueva represión o sabotaje. El gobierno estatal ha declarado que la reapertura del ingenio está fuera de la ley por contravenir la voluntad del poderoso propietario. Y la nueva posición dirigente de éste podría traducirse en mayor fuerza para enfrentar la iniciativa de los trabajadores y cañeros.

            Tal amenaza no sólo afectaría al grupo de obreros directamente involucrado sino prolongaría un conflicto que después de varios años no ha encontrado solución; pero también abortaría un experimento autogestionario que ya en la zafra 1992 -1993 demostró ser una alternativa eficaz para la elevación de la productividad en la industria del azúcar.

            Así, el caso del ingenio de Puruarán plantea nuevamente y en un nivel muy concreto la disyuntiva de la política económica. A juzgar por el entusiasmo del empresario y legislador neoleonés, principal opositor a la reapertura de Puruarán, el gobierno seguramente ha decidido la reestructuración de adeudos y el rescate del sector beneficiando sólo a los grandes propietarios, como lo ha hecho con los bancos y el sistema carretero. Ello implica dejar de lado la posibilidad de una experiencia como la que los obreros puruarenses propugnan, con un sentido social y una perspectiva de desarrollo regional.

Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 1998.