Eduardo Nava Hernández

“Esta arrogancia de la propiedad privada,

cuya alma mezquina es incapaz de albergar

un solo pensamiento de Estado ni dejarse

conmover por él, es para el Estado una

lección severa y fundamental. Si el Estado,

aunque sólo sea en un punto, se rebaja a

proceder, no a su modo, sino al de la propiedad

privada, ello quiere decir que deberá acomodarse

a la forma de la propiedad privada en cuanto a

la forma de sus medios.”

Carlos Marx (1842)

Las imágenes de la Policía Judicial del Estado ocupando las instalaciones del ingenio de Puruarán, disolviendo las protestas de los trabajadores y aprehendiendo a los dirigentes laborales (imágenes que nos recuerdan inevitablemente a las del Ejército nacional en Cananea en 1989, o a la intervención policiaca en la planta Ford Cuautitlán), nos han mostrado, una vez más, los límites de una política de concertación que se no se atreve a penetrar en el mundo de las relaciones laborales ni a tocar los bordes del interés del capital. El “peso de la ley”, deficiente frente a los narcotraficantes, violadores y asaltantes de caminos, se deja caer brutalmente contra quienes han cometido el delito de defender su fuente de trabajo y la actividad económica de su región.

     ¿Cuál es la culpa de los obreros y ejidatarios de Puruarán, de sus familias y de la población en general de esa zona que ha participado en la revitalización del ingenio? Desafiar las decisiones, inspiradas no siquiera en el productivismo sino simplemente en el lucro, de uno de los grandes barones del capital en el país, y beneficiario de la política de reprivatización de la industria azucarera. Al intervenir violentamente, el Estado no da solución al problema social y económico generado a raíz de esa reapropiación capitalista, sino sólo al interés inmediatista de la propiedad privada.

     El problema puruarense tiene, ciertamente, varios ángulos.

Uno: al oponerse los obreros y ejidatarios a la decisión del empresario Alberto Santos de Hoyos (el famoso “Don Galleto”, que otrora fuera presentado como ejemplo de “empresario nacionalista”  y que, a la postre, terminó enajenando su empresa galletera a la transnacional Pepsicola) de cerrar la factoría, dejar sin ingresos a más de mil familias y sin actividad económica a la región, han cuestionado el derecho mismo de propiedad (jus utendi et abutendi, derecho de uso y abuso) que ampara al capital privado. Han contrapuesto a ese derecho una lógica de racionalidad social: la sobrevivencia de las familias que dependen de la actividad del ingenio y de un poblado que desde 1715 lo ha tenido como centro de su actividad económica.

     Dos: Al operar autogestionariamente el ingenio, los trabajadores han puesto en cuestión, también, la supuesta superioridad del capital privado en la operación de grandes empresas y en la elevación de la productividad. Se había dicho que la modernización del ingenio requeriría una inversión de 4 millones de nuevos pesos; los obreros han logrado mantenerlo funcionando y hasta elevar sustancialmente la productividad virtualmente con su solo trabajo y a pesar de que, al decidirse su clausura, una parte del equipamiento fue sustraído y llevado a Pedernales por la administración privada. En Puruarán se ha logrado encadenar eficientemente las distintas fases del proceso: el abastecimiento de caña, la producción del azúcar y la distribución comercial del producto (han llegado a vender hasta 600 toneladas por semana), y superar los obstáculos que se han interpuesto a los trabajadores, como el que PEMEX cortara los suministros de combustibles y la Comisión Federal de Electricidad el de energía eléctrica, mientras el IMSS ha negado los servicios médicos a los obreros aun estando al corriente de sus cotizaciones. Además, la decisión de operar la factoría cuenta con el respaldo de la gran mayoría de la población de todas las franjas sociales de la región.

     Tres: la administración obrera constituye una denuncia y un cuestionamiento práctico y actuante a la política de reprivatizaciones. Plantea en cambio la vigencia del sector social como alternativa de producción, para la industria azucarera en su conjunto y para otros sectores de la economía.

     Cuatro: Es ineludible la corresponsabilidad del gobierno en la operación reprivatizadora. En este caso, el ingenio fue puesto en manos de un nuevo propietario que, lejos de capitalizarlo e invertir en él, desea cerrarlo, y además, por haberlo comprado a crédito, no ha terminado de pagarlo a la Nación. Los obreros no se engañan en cuanto a esa responsabilidad. Por eso han acudido al gobierno federal, a los poderes ejecutivo y legislativo de Michoacán y al mismo presidente de la República para demandar que el ingenio les sea entregado, y manifestar su deseo de comprarlo y operarlo cooperativamente. El capital y el Estado saben bien que eso significaría empezar a debilitar el monopolio azucarero que en este caso representa Santos de Hoyos.

     En resumen, a la racionalidad capitalista, estrechamente orientada hacia la maximización de las ganancias, aun a costa del desempleo masivo, la lucha obrero-campesina de Puruarán le ha contrapuesto una lógica social: el conservar la fuente de trabajo como condición para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de la población regional en general. El Estado se ha encargado, con la acción represiva del sábado 3 de julio, de ejecutar los designios de la lógica capitalista y frustrar violentamente una experiencia autogestiva que se desarrolló a contracorriente de las tendencias económicas e ideológicas neoliberales dominantes.

     Pero, como la represión no resolverá el problema desde sus raíces, es seguro que la inconformidad y la movilización de los trabajadores interesados no se apagarán fácilmente. Varios de ellos se encuentran encarcelados, pero su lucha ha concitado durante los últimos meses una amplia simpatía en otros grupos de la sociedad. La solidaridad con ellos y el impedir que se consume la política del capital y el Estado en detrimento de los obreros, el pueblo de Puruarán y el sector azucarero es hoy la tarea más urgente.

Morelia, Michoacán, 5 de julio de 1993.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán el 8 de julio de 1993.