Eduardo Nava Hernández

La nueva composición del Congreso de la Unión, y en particular de la Cámara de Diputados en la próxima legislatura, ha colocado desde ahora en el debate la posibilidad de introducir cambios en la política económica aplicada hasta ahora por el gobierno federal. Las posturas se han polarizado en torno a la categórica afirmación del presidente Zedillo, hecha el 30 de julio en Nuevo León, de que “no habrá consideración de grupo, consideración de sector, consideración de partido que hagan que (la) política que nos está permitiendo alcanzar el crecimiento sea cambiada”. La respuesta de los futuros coordinadores del PRD, PT y PAN en la Cámara Baja, ha sostenido, por el contrario, que esos cambios tendrán que darse.

     Más allá de lo coyuntural, se trata de un tema que toca las fibras profundas del Estado mexicano. Por primera vez se actualizará en la próxima Legislatura la posibilidad de que el Poder Legislativo participe activamente y con independencia en el diseño de la política económica nacional, de acuerdo con el espíritu de los artículos 25 y 26 de la Constitución.

     Estos últimos hablan de que corresponde “al Estado“, no sólo al poder Ejecutivo, la rectoría del desarrollo nacional y la organización de un sistema de planeación económica, la cual “será democrática“. En ese marco, el Congreso no sólo puede sino debe participar, con el mandato que ha recibido de los ciudadanos, en el diseño de la política económica, sin más restricciones que las que la propia Constitución y la Ley le marquen. Más bien son el Ejecutivo y la mayoría oficialista que hasta ahora ha prevalecido en el Congreso quienes han incumplido con los ordenamientos constitucionales de “garantizar que (el desarrollo nacional) sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”.

     La postura presidencial equivale a un soberbio y ya completamente extemporáneo “ni los veo ni los oigo” frente al poder Legislativo, los partidos de oposición y los sectores ciudadanos en general que, con su voto y por muchos otros medios, han venido demandando el cambio en las estrategias económicas.

     En lo inmediato, el debate se centrará en torno a la decisión opositora de disminuir la tasa del IVA, el incremento a las asignaciones al gasto social y a las participaciones fiscales a los estados y municipios, la política salarial y otros temas. La oposición exige, por otra parte, la prerrogativa de encabezar el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nada de ello rebasa las atribuciones que corresponden a un poder Legislativo independiente y plural, y son puntos que están en el orden del día de la sociedad nacional.

     El Partido del Trabajo ha planteado introducir inmediatamente cambios en la orientación de la política económica, a partir de una reforma fiscal integral que se base en impuestos progresivos al ingreso, no en gravámenes generales al consumo como sucede ahora con el IVA. Es posible compensar los recursos que dejarían de captarse al disminuir el IVA si se amplía el ingreso de la población y se eleva el consumo y la base de contribuyentes, si se gravan las ganancias especulativas, como sucede en muchos países del mundo, y se reducen los cuantiosos subsidios que se vienen dando a los sectores ineficientes de nuestra economía, como la banca y las empresas administradoras de autopistas.

     Hasta ahora, las reformas emprendidas por el gobierno de Ernesto Zedillo para la recuperación, desde la dinamización del sector externo hasta la reforma del sistema de fondos de ahorro para el retiro, sólo han beneficiado a los sectores monopólicos y más concentrados de la economía del país, sin alcanzar a franjas más amplias de productores, asalariados y consumidores. A eso es a lo que los electores dieron un ¡ya basta! con su voto el pasado 6 de julio. Son las voces que no se puede dejar de escuchar y a las que tendrá que responder sin dilación el Legislativo si ha de estar a la altura de la nueva situación.

México, D.F., 6 de agosto de 1997.