Eduardo Nava Hernández

La privatización de la industria petroquímica es un proyecto anunciado y preparado largamente durante los últimos siete años. Sus bases se sentaron en los inicios del gobierno de Salinas de Gortari, en agosto de 1989, cuando la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal por primera vez clasificó los productos petroquímicos ubicando a 20 de ellos como estratégicos y por tanto de control exclusivo por el Estado. Implicaba, desde entonces, establecer una diferenciación con los no clasificados (designados como petroquímica secundaria) cuya producción por empresas privadas quedaba liberada.

     En agosto de 1992, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, la lista de sustancias básicas se redujo a sólo siete, con lo que trece productos más se convirtieron en candidatos a la desincorporación, entre ellos el amoníaco, el benceno, el etileno, el metanol y otros. Diez de estos compuestos se producen en 17 de las 60 plantas productoras de Pemex ofrecidas al capital privado y son los que están ahora en proceso de privatización y suscitan el debate nacional.

     Finalmente, en febrero de 1995 Pemex contrató por adjudicación directa (es decir, sin licitación) a la empresa consultora estadounidense McKinsey & Company para elaborar sus planes estratégicos, entre ellos centralmente la política gasera para el sexenio y su programa de desincorporación petroquímica. El trabajo de la consultora norteamericana, es decir, el hecho de que desde un despacho extranjero se diseñara la política petrolera mexicana para este sexenio, habría de permanecer como una de las informaciones más confidenciales, de no haberse descubierto su mención en un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, lo que permitió que se conociera en México. McKinsey se ha convertido en el verdadero artífice del “nuevo Pemex”, pues es actualmente la única empresa consultora de la paraestatal. A ella se atribuye el plan de modernización que fragmentó a la empresa petrolera nacional en pequeñas compañías y el diseño de las estrategias de desincorporación de actividades productivas y extractivas (ver El Financiero, 15 de marzo de 1995).

     Esos son los antecedentes de la privatización que el gobierno de Ernesto Zedillo ha iniciado ya, sobre bases legales sumamente dudosas, al expedir la convocatoria para la licitación del complejo petroquímico de Cosoleacaque. Lo que se destaca es la arbitrariedad política con la que los criterios “técnicos”se van adecuando a los propósitos de un proyecto económico predeterminado.

      Por eso es que ha sido notable en la privatización petroquímica la premura y atropellamiento con que se ha iniciado, a pesar de esa larga preparación y a pesar también de los oficios de la consultora McKinsey, quien probablemente tiene previstos todos los detalles técnicos y mercantiles, pero no la legalidad mexicana. Como se sabe, la licitación para Cosoleacaque se emitió sin haber contado con el decreto presidencial de desincorporación ni el dictamen de la Secretaría de la Contraloría estipulados por la Ley de Bienes Nacionales, como lo denunciaron en su momento los propios diputados pertenecientes al Sindicato Petrolero. Si en 1992 los tiempos indicaban esperar a la firma y entrada en vigor del TLC para proceder a la desincorporación, ahora parece ser la urgencia de recursos económicos por la crisis lo que apremia a la venta de las petroquímicas. Esa penuria podría hacer, inclusive, que las plantas se remataran a un precio mucho más bajo de su valor real -según lo ha advertido el consultor Benito Bucay, también ex director general de Industrias Resistol-, dado que el mercado internacional petroquímico ha entrado ya en una fase de baja que podría durar hasta el año 2001.

     La privatización de las plantas petroquímicas es un asunto nacional de implicaciones sociales muy amplias, y no una mera política de carácter técnico. Implica riesgos por cualquier parte que se le dé una salida. Si se abre la licitación a la participación de cualquier tipo de capitales, el mayor de ellos es el de constituir monopolios integrados a las empresas transnacionales que podrían controlar por completo algunos de los productos que los consumidores nacionales no encuentran en el mercado mundial, como el óxido de etileno, como o el amoníaco del que depende la producción de fertilizantes agrícolas. Si se restringe la licitación a capitales total o mayoritariamente nacionales, el riesgo es el de encontrar pocos compradores y posturas muy bajas, o incluso el de que para algunas plantas no existan postores. En este último caso, no se cumpliría el objetivo de capitalizar la industria y enfrentar el rezago productivo, que el gobierno ha esgrimido como razón principal para proceder a la desincorporación.

     No es menor la amenaza inminente de una modernización que implicará el despido de miles de trabajadores, quizás el 50 por ciento de ellos, como se prevé desde ya que ocurrirá en Cosoleacaque. Con ellos se perderá gran parte de los activos de la empresa, que son la capacitación y conocimientos de sus trabajadores, y se agravarán los problemas sociales en regiones como el sur de Veracruz que se cuentan entre las que mayores niveles de desempleo han resentido en la actual crisis.

     La gran paradoja es que a pesar de la crisis y de la caída de la inversión en el sector durante los últimos años, los complejos industriales revirtieron en 1995 sus pérdidas y operaron con una ganancia de más de 2 mil 500 millones de pesos. Es un hecho, también, que la modernización petroquímica mexicana que colocara a esta industria en los primeros lugares del mundo en productividad y ganancias podría lograrse con mucho menos que los 80 mil millones de pesos invertidos por el gobierno de Zedillo en la recapitalización de la banca y que no han dejado beneficio alguno a la gran mayoría de los mexicanos.

     En la desincorporación petroquímica subyace también un problema político de fondo. El gobierno anterior y el actual han venido asumiendo resoluciones que se presentan como “técnicas” pero que implican altos costos de naturaleza social. Mas la sociedad mexicana no soporta ya, después de seis años de experiencia con el gobierno salinista, esta forma de tomar las decisiones que la afectan, particularmente en cuanto a la privatización de bienes nacionales. La demanda de frenar la desincorporación petroquímica no es, como lo quieren presentar el gobierno y los grupos económicos interesados en la privatización, por conservar nostálgica o irracionalmente un sector importante de la economía nacional en manos del Estado, sino por generar un nuevo marco jurídico adecuado a las condiciones de una nueva convivencia nacional, que obligue a los gobernantes a escuchar y a tomar en cuenta a sus gobernados y no solamente a sus consultores en el extranjero.

Coyoacán, D.F., 17 de marzo de 1996

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 18 de marzo de 1996.