Eduardo Nava Hernández

No es tan sólo una polémica académica entre intelectuales ni el mero afán de tener algo que discutir lo que ha sacado de los coloquios filosóficos, para traerlo hasta las planas de los diarios y revistas de circulación nacional, el tema de las relaciones entre la moral y la política. Aparece más bien como una necesidad en la tarea de repensar la complejidad y confusión que definen la situación política mexicana y un producto del agotamiento (o, al menos, del creciente cuestionamiento social) de las formas perennes de hacer política, así como la búsqueda por la oposición de las vías que hagan posible el cambio democrático, que no puede sino ser el cambio de la situación social.

     En sus expresiones extremas, el debate -que se ha extendido por las páginas de Proceso, La Jornada Semanal, Unomásuno, Vuelta y ahora Nexos-, se ha polarizado entre quienes, en nombre de la necesidad de una nueva moral política, condenan el pragmatismo y las prácticas que, a su juicio, son ilegítimas (sobre todo, el subcomandante Marcos y, de manera más matizada Carlos Monsiváis), y quienes, desde una reivindicación de la realpolitik, postulan una separación prácticamente absoluta entre la moral y la política (por ejemplo, Héctor Aguilar Camín y Arnaldo Córdova). Maquiavelo, el ilustre cónsul florentino, ha salido a relucir en más de una ocasión, ya sea para denostarlo como padre putativo de todas las modalidades del cinismo (Marcos), para atribuirle una vez más la supuesta autoría de un amoralismo político utilitario (Fernando Escalante) o para consagrarlo como el fundador de la política moderna, aquella que al escindirse de los juicios morales, se realiza en sus propias reglas y normas (Córdova).

     Como en otros tantos asuntos de polémica, el punto es más difícil de dilucidar cuanto más generales son los términos en que se plantea; conviene siempre ubicarlo en su contexto específico para entender los puntos de divergencia en cuestión.

      ¿Alguien podría ser acusado de ser un positivista de la política y un cínico por señalar que el PRI ha sido exitoso en la obtención y conservación del poder en México, como le ocurrió a Héctor Aguilar cuando consideró como una muestra de eficacia los avances del PAN en la lucha por posiciones políticas? No es casual que tales señalamientos provinieran precisamente de Bernardo Bátiz, un representante del sector doctrinario que salió del PAN hace unos años denunciando el abandono de éste hacia sus principios. En otras palabras: nadie juzgaría al PRI a partir de su apego o desapego a los principios, porque no han sido éstos sino el ejercicio del poder su elemento distintivo; pero sí se pide del PAN la lealtad a una determinada doctrina y en esa clave se tiende a explicar su eficacia como una función directamente proporcional al abandono de la misma.

     El punto no puede reducirse -como parece hacerlo insistentemente Marcos al incursionar en el debate- al tema de la eficacia. Tiene razón Carlos Monsiváis cuando señala que la crítica moralizante ha sido el reducto en el que se han refugiado quienes, por otra vía, no han logrado eficacia en su lucha contra el sistema: el eterno “me ha derrotado, pero sigo siendo moralmente superior a mi enemigo, por mis principios, o porque él jugó sucio”. (Por otra parte, no estoy tan convencido como Monsiváis de que el propio zapatismo sea ajeno a ese “culto a la ineficacia” que es al mismo tiempo un instintivo consuelo y un acto de autoafirmación del débil frente al poderoso.)

      Lo cierto es que hoy día resulta mucho más cuestionado que en el pasado el recurso a las prácticas que antes hacían posible y aun resultaban simbólicas de la eficacia del sistema: desde el dedazo hasta las formas más burdas del fraude electoral, pasando por el empleo de recursos públicos en las campañas priístas y el voto corporativo, etcétera, y en eso hay también un innegable avance moral de la sociedad.

     Pero de ello no es válido derivar un cuestionamiento en sí a la eficacia política, identificándola de manera general con la corrupción, so pena de justamente regresar a ese culto autoflagelante a la ineficacia y a la crítica moralizante. La política -y aquí tiene razón Octavio Paz-, tanto la conservadora como la revolucionaria, puede ser eficaz sin ser corrupta. Confundir, así sea para condenarla, la eficacia (como condición deseable de la política en lo general) con la corrupción (situación asociada, en el caso mexicano, a la política tradicional) es caer, creo yo, en la trampa que el propio sistema nos tiende y que casi nos induce a no poder concebir otra forma de hacer política. No es ajena a esta confusión la opinión del ciudadano común para el que política, políticos y corrupción son una y la misma cosa, y llevada a su extremo por el sectarismo, conduce a condenar en general a la política o, para ser más precisos, a quienes no practican la política de la misma manera que quien los juzga.

     Pero, ¿son entonces la moral y la política entre sí totalmente ajenas, de suerte que la buena política es la que no repara en medios morales?

     No lo creo así. Y tampoco entiendo el concepto de moral, externado por Arnaldo Córdova, como “una forma de vida totalmente individual, interna del individuo”, si justamente la moral tiene que ver con normas socialmente aceptadas de convivencia y que son compartidas si no por toda la sociedad sí por grupos significativos de ella.

     Quien participa en la política, entra portando no sólo un bagaje de definiciones ideológicas sino también actitudes morales determinadas. Especialmente, quien hace política para la transformación del sistema vigente, asume necesariamente una posición moralmente crítica que lo confronta con la que prevalece en el orden reinante. Más aún, es una necesidad del político transformador el regirse por principios morales y serles fiel si ha de tener credibilidad. Pero esto no significa ni que la moralidad que pone en juego asegure por sí misma la eficacia ni que sea válido anteponer la moral como un argumento de la lucha política.

     Por ejemplo, cuando el Ejército Zapatista enarbola principios generales y abstractos como democracia, justicia y dignidad, asume sin duda una posición moral determinada, válida en sus propios términos y en su contexto ideológico, pero que es del todo insuficiente para la lucha política. Tales principios tienen que concretarse o traducirse, si han de ser eficaces, en propuestas de corte político, asimilables por grupos sociales mucho más amplios, incluidos aquellos que no comparten (o no conocen) ese contexto ideológico. No es el regirse por fundamentos morales lo que resulta contrario a la política -es decir, a la eficacia-, sino el pretender juzgar al adversario -y ni siquiera al aliado- con base en esos fundamentos, o combatirlo sólo con la denuncia moral. No le puedo exigir a mi enemigo que se comporte de acuerdo con mi propio código de ética; tengo más bien que demostrar, en la propia lucha política, la superioridad del mío, y en eso estriba la eficacia. Gran parte de los errores de la desdibujada izquierda mexicana (hartamente evidenciados, por ejemplo, en las incontables derrotas del neocardenismo y habrá que ver en el caso del neozapatismo) consiste en suponer que la lucha política se entabla en el terreno de la moral y no, precisamente, en el de la política. De ahí que resulte completamente estéril, en las sociedades modernas signadas por la pluralidad de ideologías y sistemas de valores, aquél discurso que se apoya en la condenación moral del oponente.

     La política contemporánea, es decir la de una sociedad profundamente escindida por la desigualdad, tiene que ver no con la unificación en torno a un solo código de valores éticos sino con el juego de distintos sistemas de valores, es decir de intereses. No existe una forma única de relación entre moral y política, válida para todos los actores, sino una contraposición social en la que se ponen en juego las morales diferenciadas de los grupos que luchan por el poder. Ubicar adecuadamente el debate en las condiciones actuales, que apremian precisamente a un cambio en la correlación social de fuerzas y al cambio del poder, implica, como alguna vez lo propuso Carlos Marx, desarrollar una moral crítica, no una crítica moralizante.

 Coyoacán, D. F., 6 de abril de 1996.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 8 de abril, 1996.