Eduardo Nava Hernández
¿Qué tienen en común el allanamiento de una vivienda por el Ejército en el fraccionamiento Valle Quieto, el asesinato de un joven en un retén de Huetamo, la detención arbitraria de diversos pobladores en Carácuaro y Nocupétaro, la irrupción de militares en Manantiales de Morelia, la tortura a campesinos de Tepalcatepec y la desaparición de José Francisco Paredes con el conflicto político y diplomático en Sudamérica que recientemente puso a la región en peligro de guerra? Mucho más de lo que a primera vista podríamos suponer.
En el primer caso, se evidencia cómo la participación de las fuerzas armadas mexicanas en la llamada lucha contra el narcotráfico y en actividades de seguridad pública ha conducido a regiones y Estados como Michoacán a una crisis de los derechos humanos y a que se vuelvan cotidianas las violaciones a las garantías individuales como las detenciones arbitrarias, la tortura, los cateos sin orden judicial, las restricciones al libre tránsito, las violaciones, las desapariciones forzadas y otras. En el segundo, asistimos a los efectos de una política internacionalmente diseñada desde los centros imperiales de decisión para constituir en el hemisferio una fuerza transnacional de seguridad conforme a las necesidades de los Estados Unidos. La incursión del ejército colombiano en el territorio de Ecuador para una operación de aniquilamiento de una base guerrillera asentada ahí, y que ha conducido a la ruptura de relaciones diplomáticas de la propia nación invadida, Venezuela y Nicaragua con Colombia, no es sino la culminación de un proyecto largamente desarrollado de conformación de las fuerzas armadas de Colombia como la extensión del poderío del Pentágono en la región norte de América del Sur.
Recordemos que en la nación sudamericana, ese proyecto de modernización y vinculación militar a las estrategias de los Estados Unidos comenzó con la asesoría, aprovisionamiento logístico y formación de oficiales colombianos por los Estados Unidos, con el pretexto de mejorar los resultados de ese país en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las dos grandes organizaciones armadas que desafían al gobierno de esa nación. En la práctica, el Plan Colombia ha implicado convertir a las fuerzas armadas de ese país en una prolongación de los mecanismos de seguridad nacional estadounidenses y a su territorio en una zona estratégica.
Veamos el mapa. Los Estados Unidos siempre han considerado a México, territorialmente hablando, como parte de esa zona de seguridad, y al Mar Caribe —donde se encuentra Cuba y donde en los años ochenta del pasado siglo se libraron las revoluciones centroamericanas— como su tercera frontera. Esa frontera se ha extendido hasta el territorio de Colombia, en virtud de la importancia que esa nación tiene en la producción y tráfico de enervantes y armas, y más recientemente como una barrera de contención ante el ascenso de las revoluciones venezolana y boliviana. En abril de 2005, durante su vistita a Bogotá, la secretaria de Estado Condolezza Rice expresó la inquietud de los Estados Unidos ante lo que llamó “actividades desestabilizadoras” del gobierno venezolano, y refrendó su compromiso con el gobierno del colombiano Álvaro Uribe de mantener, más allá de un formalmente liquidado Plan Colombia, su apoyo logístico a este país. Fue clara la intención de escalar el militarismo en la región norte de América del Sur y de convertir al ejército colombiano en su aliado privilegiado para esa zona. Vale recordar que para esa fecha, Venezuela había ratificado el Tratado Interamericano sobre Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales promovido por la OEA, lo que no había hecho Colombia.
Los Estados Unidos han vendido o proporcionado como “ayuda” a Colombia aviones ligeros de combate y helicópteros Black Hawk, entre otras armas convencionales, y apoyos militares por más de 3 mil 300 millones de dólares entre los años 2000 y 2007, además de desplegar directamente tropas en territorio colombiano. Con el correr del tiempo, el resultado ha sido la multiplicación —reconocida incluso por el gobierno de los Estados Unidos— de las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de Colombia. Por ejemplo, el diario Los Angeles Times, reportaba en octubre de 2007 que esos recursos no habían logrado disminuir el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos; pero en cambio, sí se habían ampliado las denuncias por violaciones contra la población civil por parte de olas fuerzas armadas de ese país.
Pero recordemos cómo, en el caso de México, el gobierno calderonista entabló negociaciones desde inicios de 2007 con la presidencia estadounidense, y que en junio de ese año solicitó formalmente al congreso de los Estados Unidos un incremento en la “ayuda” al combate al narcotráfico, bajo un esquema difícil de divorciar del modelo establecido en el Plan Colombia, pese al compromiso de no solicitar la presencia de efectivos militares o policíacos en nuestro territorio. Dado el nivel de la tecnología que los Estados Unidos se comprometieron a proporcionar a México, resulta inevitable la dependencia de nuestras fuerzas policiales y militares con respecto de operadores y adiestradores militares estadounidenses.
A nadie escapan los alcances de la creciente integración policíaca y militar de México con su poderoso vecino que se ha venido construyendo, primero a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y luego con la versión mexicana del Plan Colombia, bautizada oficialmente como Iniciativa Mérida. De entrada, implica la integración de las fuerzas armadas y corporaciones mexicanas a un sistema de seguridad transnacional, comandado por los Estados Unidos y tendiente —de manera complementaria al cierre de la frontera norte a las migraciones mexicanas y centroamericanas— a proteger su flanco sur contra el narcotráfico y las pretendidas incursiones terroristas internacionales.
De ese modo, las fuerzas armadas y policías mexicanas han asumido crecientemente un papel complementario y, desde luego, subordinado, al aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos, bajo el presupuesto del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Pero, al igual que en Colombia, la aplicación de una táctica de ataque masivo a la delincuencia ha tenido como costo para la población civil la multiplicación de las violaciones a las garantías individuales y la primacía de la lógica militar sobre diversos aspectos de la vida civil.
Esa lógica no ha sido suficiente para erradicar los flagelos del tráfico de drogas y de armas, ni la violencia desatada de la lucha por el control de esas rentables ramas de inversión de capital. México, al igual que Colombia, libra en su territorio una guerra (así llamada por Felipe Calderón) que no es tal en los Estados Unidos, el principal espacio consumidor de drogas y el mayor mercado de armas en el mundo. Enfrenta como un problema de seguridad nacional el trasiego de enervantes a ese país, donde no se ven esfuerzos similares para desestimular el consumo. Nunca escuchamos hablar de un cártel de Cleveland o de Filadelfia, si es que tales organizaciones u otras asentadas en el territorio estadounidense existen. Pero en nuestro país, el argumento de la lucha contra el crimen ha servido para escalar la presencia de un ejército cada vez más involucrado en tareas que por naturaleza y constitucionalidad le son ajenas, y que sin dificultad derivan también a la limitación de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y la violación abierta de las garantías.
Colombia, con su gobierno obsecuente al de los Estados Unidos, presenta a nuestro país el humoso espejo de su futuro, de continuar por la vía de la militarización de la lucha contra el narcotráfico que el gobierno calderonista ha adoptado. La ilegal y unánimemente condenada incursión de las tropas colombianas en territorio de Ecuador, en un operativo planeado contra la retaguardia de las FARC no es sino una de las expresiones del militarismo —y el paramilitarismo— exacerbados conforme al diseño de Washington y el Pentágono. La otra es la guerra no declarada en la que la población civil se encuentra involucrada, y que ha diseminado numerosas víctimas en ese país. Con las diferencias de escala debidamente guardadas, la empresa guerrerista del gobierno de Felipe Calderón se ha traducido ya en un alto costo que lamentar, pero de ninguna manera gratuito ni casual sino derivado directamente de su diseño estructural: la creciente espiral de la violencia y la militarización.
* Ponencia presentada al IV Foro Universitario y Ciudadano “Por la Soberanía Nacional”. Mesa Estado de Derecho y Garantías Constitucionales, realizado en Morelia, Michoacán, el 7 de marzo de 2008.
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