Eduardo Nava Hernández

La postulación del senador Víctor Manuel Tinoco Rubí como candidato del PRI al gobierno de Michoacán muestra que la próxima contienda electoral por esa posición será una disputa real a la que tanto el partido oficial como la oposición entran con el propósito de ganar efectivamente la gubernatura. Al parecer, con ello caen por tierra las especulaciones previas acerca de un arreglo político y de un candidato oficial de sacrificio para abrir a la oposición perredista la posibilidad de su primera -y acaso única- gubernatura en el país.

     La situación política en el estado es, sin embargo, muy compleja. El contar con un candidato real no le garantiza al PRI un triunfo indisputado e inobjetable.

     Michoacán ha sido desde 1988 un verdadero laboratorio electoral, no solamente para los partidos y grupos profesionales de la política, sino también para las masas populares, que han acumulado en este período una densa experiencia de participación y también de movilización. En los últimos siete años la entidad ha vivido ocho procesos de elección -más de uno por año, en promedio-, y de ese período sólo en 1993 no hubo ningún tipo de comicios. El estado cuenta, además, con una larga cadena de conflictos poselectorales entre los que destacan por su agudeza los de julio de 1989 y de 1992, y una gran movilidad electoral: del triunfo prácticamente total del Frente Democrático Nacional en 1988 y los grandes fraudes en las elecciones legislativas de julio de 1989, las municipales de ese mismo año y las extraordinarias de Uruapan en 1990, se ha pasado a la recuperación de carro completo priísta en 1991; de la cuestionada elección de Gobernador y Congreso en 1992 a la relativamente tranquila de 1994.

     La presente elección, sin embargo, presenta elementos nuevos que la distinguen de cualquiera de las anteriores. Los efectos de la crisis económica mantienen la de por sí deprimida situación del estado en un nivel dramáticamente bajo, con cierres de empresas y despidos en las ramas de la construcción, restaurantera, de curtiduría, mueblera y otras que son regionalmente importantes por sus niveles de ocupación de fuerza de trabajo. La deuda pública no es muy considerable, pero sí se han frenado la inversión y el gasto estatal.

     Otro elemento nuevo es la legislación electoral, que en términos generales puede ser considerada como un avance con respecto de la anteriormente existente, que se contaba como una de las más atrasadas del país. Cambios constitucionales y a la Ley Electoral (ahora (Código Electoral), aprobados con la unanimidad de las cuatro fracciones del Congreso estatal (PRI, PRD, PAN y PFCRN) han modificado el calendario político para realizar simultáneamente la elección de gobernador, de diputados locales y ayuntamientos. También se ha creado un nuevo órgano electoral autónomo y ciudadanizado, el Instituto Electoral de Michoacán, se ha mejorado el sistema de impugnaciones y se eliminó la autocalificación del poder Legislativo. La racionalidad y las bondades de las reformas saltan a la vista, pero sus logros son jurídicamente cuestionables en el procedimiento y en sus efectos, como el hecho de que el Congreso haya nombrado un gobernador sustituto que no terminará el período constitucional en curso, el que los diputados en funciones hayan prolongado, en un virtual golpe legislativo, su propio mandato más allá del período para el que fueron electos, y el de que se haya legislado retroactivamente cuando ya estaban corriendo los plazos del proceso electoral de acuerdo con la anterior legislación. La responsabilidad de esta situación recae, sin duda, en los cuatro partidos representados en esta Legislatura, que han perdido en mucho la autoridad moral para defender más adelante la legalidad.

     La nueva legislación, por lo demás, consensada por el PRI, PRD y PAN, se encuentra ya cuestionada, no sólo en el terreno discursivo sino en forma práctica con el surgimiento de una candidatura independiente que empieza a cosechar simpatías denunciando, entre otras cosas, las limitaciones a los derechos ciudadanos y exclusiones que el Código Electoral contiene, es decir, su carácter insuficientemente democrático.

     Políticamente, la novedad son las condiciones de competitividad de las fuerzas en pugna. El PRI, con todo y tener un candidato fuerte y reconocido, enfrenta los efectos de su desprestigio nacional y de la crisis económica que puede atraerle un amplio voto de castigo.

     Pero la situación interna de su principal opositor, el PRD, difícilmente podría ser peor. El sector encabezado por el diputado Roberto Robles Garnica cuestiona, como es bien conocido, el proceso interno del que surgió candidato Cristóbal Arias y también a éste, lanzándole todo tipo de acusaciones que lo equiparan con el priísmo y aun parecieran hacer preferible el triunfo del PRI al de Arias.

     En la división del perredismo michoacano se revela mucho más que la pugna entre los dos tipos de caudillismo que en él están contenidos: el autónomo y protagónico de Cristóbal Arias y el histórico y autoproclamadamente cardenista de Robles Garnica. Se resalta, sobre todo, la carencia de un proyecto social y político de largo alcance que sea capaz de unificarlos internamente, y su vocación coyunturalista. Durante siete años, los dirigentes del PRD han dilapidado asombrosamente en disputas por posiciones políticas, pugnas poselectorales y aun luchas internas la mayor fuerza opositora que ha existido desde el nacimiento del partido oficial, sin lograr y acaso sin proponerse siquiera construir una cultura política alternativa a la del PRI. Han desgastado la movilización de masas en luchas sin fundamento ni sentido que luego culminan en decepcionantes y pasmosas concertacesiones. Han abusado de la figura de su dirigente moral Cuauhtémoc Cárdenas, supletoria de sus muchas carencias programáticas. De mantenerse y reproducirse la situación actual del PRD michoacano, no se ve cómo pueda ganar la gubernatura en esta elección.

     La candidatura oficial sigue siendo, pues, la fuerza a vencer en Michoacán. El PAN, con su candidato Felipe Calderón buscará capitalizar tanto las debilidades de sus oponentes como su triunfos recientes en otras entidades como Jalisco y Guanajuato, y, ante el desgaste de las hasta ahora dos principales opciones políticas, el PRI y PRD, está en situación de elevar su votación y de obtener triunfos en diversos municipios y distritos.

     El Partido del Trabajo es la otra opción partidaria en crecimiento. Su fortalecimiento se sustenta en su vinculación a diversos movimientos sociales emergentes y en un ininterrumpido trabajo en un buen número de municipios que le ha permitido en el último año extenderse regionalmente con posibilidades de obtener algunos triunfos electorales en algunas regiones donde ha logrado en poco tiempo una simpatía considerable, como la Ciénega de Chapala, el valle de Apatzingán y algunos municipios del oriente del estado. El PT está por definir en breve su candidatura a gobernador; si se trata de una candidatura fuerte, tiene la opción, en las circunstancias actuales, de consolidarse como la opción portadora del pluralismo y de recuperar una parte significativa de la inconformidad política que ha distinguido, desde los tiempos de José María Morelos, a los michoacanos.

Coyoacán, D. F., 5 de agosto de 1995.