Eduardo Nava Hernández

Hace aproximadamente un año, poco después de iniciada la insurrección zapatista en Chiapas, el entonces presidente de la República hizo el anuncio de algunas medidas para enfrentar la crisis bélica, en lo que quizás haya sido el único momento de autocrítica de su sexenio entre el discurso triunfalista que fue signo de su gobierno. Se refirió en aquella ocasión a la necesidad de operar cambios partiendo del reconocimiento de “lo que no funcionó”. En la práctica, lo vimos luego, ese acto de contrición se redujo a la mera sustitución del secretario de Gobernación y ex gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, que no supimos nunca si fue porque “no funcionó” a los intereses del gobierno o a los de la sociedad. De cualquier modo, el conflicto chiapaneco no se resolvió y Salinas de Gortari lo heredó a su sucesor Ernesto Zedillo como un problema que se prolonga hasta hoy sin salida cierta.

     Ahora, frente a la crisis económica que le ha estallado en las manos al nuevo Presidente, no sólo es conveniente sino indispensable que la sociedad mexicana, y sobre todo las clases explotadas, inicien un profundo examen retrospectivo que permita reconocer, efectivamente, qué fue lo que no funcionó. Más necesario es porque, al menos en el nivel periodístico formador de opinión pública, la tendencia dominante parece llevar a la búsqueda de responsables en el gobierno anterior y no a examinar los fundamentos estructurales que condujeron a la debacle de la economía en que ahora nos encontramos. Es decir, resulta imprescindible desplazar el eje del debate público hacia una comprensión social más completa de lo ocurrido y sobre todo a la discusión de las propuestas para corregir esa estructura económica. De lo contrario, los esfuerzos de la oposición, por ejemplo, podrían agotarse en el señalamiento de determinadas responsabilidades, y posponerse la salida a esta nueva crisis.

     Propongamos algunos puntos de discusión acerca de lo que no funcionó del proyecto económico aún vigente.

     La apertura comercial. Aun en el discurso de Ernesto Zedillo y de los nuevos funcionarios de su gabinete económico, se señala el déficit de cuenta corriente como el aspecto crucial de las finanzas nacionales; pero en ese discurso dicho déficit parece ser un problema meramente administrativo, superable a través de algunos ajustes de corto plazo; la devaluación, por lo tanto sería la medida por excelencia para relanzar nuestras exportaciones y moderar las importaciones. Tal es lo que se deriva de las explicaciones ofrecidas por el secretario de Hacienda Guillermo Ortiz en Nueva York ante el club de banqueros con los que se entrevistó. Lo que debe revisarse, en realidad, son las condiciones de competitividad tanto de la planta industrial como del sector primario mexicano. A mediados de los años ochenta, México inició una apertura prácticamente total de su economía, que culminó en 1993 con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero que no fue acompañada de un proyecto concomitante de apoyo a la industria, tanto a las ramas de exportación como a las que operan en el mercado interno. Y en la actual emergencia tampoco se ha anunciado ninguna medida de mayor alcance al respecto. Lo mismo, aunque partiendo de un rezago todavía mayor, puede decirse del sector agrícola, donde la apertura ha fortalecido a unos pocos exportadores pero está lejos de haber beneficiado a las gran mayoría de los productores.

     Deben revisarse, pues, las condiciones en que se operó la apertura comercial a lo largo de los últimos años e incluirse en el plan de emergencia un verdadero programa de conservación y fomento del empleo. Como el gobierno no parece muy dispuesto a hacerlo, la iniciativa debe partir de las organizaciones laborales a través de la movilización.

     Los pactos. Hasta ahora, los esfuerzos de concertación entre las cúpulas del aparato corporativo nacional y el gobierno han estado dirigidos a un solo objetivo central, el control de la inflación, y basados en un mecanismo fundamental, la contención de los salarios. En la actual crisis ese mecanismo se encuentra seriamente cuestionado, pues no implicó nunca compromisos efectivos para, por ejemplo, evitar la descapitalización y la dolarización especulativa de la economía. Aun ahora, en el nuevo Acuerdo para la Emergencia Económica, pactado hace unos días, no está incluido el sector bancario, que por lo tanto no asume ningún compromiso para con la estabilidad económica del país. La normal fiscalización ejercida por Hacienda tiende a evitar las prácticas fraudulentas, pero no los efectos de la especulación financiera en el conjunto de la economía. Si la banca y el sector financiero en general, que son el canal básico por el que se operan la dolarización y la fuga de divisas, no están sujetos a programa o meta alguna, la utilidad de los pactos es sumamente relativa y no ofrece garantías contra la especulación.

     Por lo demás, el Acuerdo no tiene más ejes que la congelación salarial y un nuevo saneamiento de las finanzas públicas (nadie ha explicado qué pasó, por cierto, con el superávit hasta hace muy poco orgullosamente proclamado por los secretarios de Hacienda), medidas insuficientes en las circunstancias actuales para elevar la tasa de ganancia social e iniciar la recuperación. El pacto actual es un acuerdo, pues, para el estancamiento que los monetaristas en el gobierno ven como única opción para llegar a nuevos equilibrios.

     Los mercados especulativos financieros. La atracción de capitales de corto plazo ha sido otro de los pilares en que se sustenta el proyecto monetarista aplicado al país en los últimos años. De ahí la desmedida importancia que han venido adquiriendo en los tiempos recientes los movimientos coyunturales de la Bolsa: ésta se ha convertido en el indicador no solamente de su específico ámbito de acción, la capitalización de un grupo de grandes empresas, sino del conjunto de la vida nacional. La economía del país ha sido convertida en rehén de las alzas o bajas de los valores bursátiles, y las palpitaciones de la Bolsa misma han parecido ser las de la nación.

     La atracción de capitales especulativos a través de ofrecer altos rendimientos inmediatos, es hoy transparente, no sólo no representa una solución estructural a la economía mexicana, sino que se transforma en un factor de agravamiento de las contradicciones económicas. Esta situación debe revertirse, priorizando la capitalización productiva y desalentando, a través de un alto impuesto a las ganancias especulativas, la llamada economía de casino.

     La crisis representa, pues, un serio cuestionamiento, más que a la administración gubernamental, al proyecto neoliberal asumido por el capitalismo mexicano en los últimos años. De poco habrá de servir esta experiencia si no conduce a una amplia movilización de la sociedad que impulse hacia una profunda rectificación de todo lo que no funcionó en la base misma de ese proyecto, y más allá de las banderas políticas a las que también, ciertamente, puede servir.

     Ello implica, adicionalmente, ampliar las concepciones convencionales y más asimiladas de la democracia en pos de una participación organizada y significativa de las verdaderas mayorías –no las artificialmente construidas en torno a los procesos electorales–: las constituidas por las masas trabajadoras, en el manejo de una economía cuyas recaídas, como amargamente hemos aprendido hace tiempo, todos tenemos que pagar aunque nunca nos hayan invitado antes a participar en su conducción.

Coyoacán, D.F., 8 de enero de 1994.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 13 de enero de 1995.