Eduardo Nava Hernández

Mientras Bancrecer —uno de los bancos más pequeños, pero también más ineficientes— se prepara a recibir una inyección de 82 mil cuatrocientos millones de pesos para su, más que saneamiento, reanimación, y unos días después de que se anunciara un nuevo apoyo a Serfin por veinte mil millones más, adicionales a los 67 mil que ya se le habían otorgado, la Universidad Nacional cumple dos meses paralizada por un conflicto que ha entrado en una fase de alto riesgo.

               La referencia a los llamados “rescates bancarios” parece pertinente porque el origen del conflicto en la UNAM está en el intento de incrementar en un 3 %, vía cuotas de inscripción, los siete mil millones que anualmente maneja como presupuesto la institución. Es decir que los aproximadamente 200 ó 220 millones que las cuotas aprobadas en marzo pasado por el Consejo Universitario hubieran representado para la mayor institución de educación superior del país, y que hoy la tienen en vilo, no representan sino el 0.25 por ciento de lo que se concede de una sola vez, a costa del presupuesto federal, para salvar de la quiebra a cada empresa financiera en apuros por mala administración.

               Y sin embargo, el problema desatado, gratuito si lo hay (o muy barato, al menos, visto desde la perspectiva de cualquier venturoso banquero favorecido por el IPAB, antes Fobaproa), se enfila, después del 7 de junio, hacia una polarización sin precedentes, al endurecimiento de los discursos de las partes y al peligro del enfrentamiento. Hace unos días hubo ya un intento por algunos grupos estudiantiles de “recuperar” las instalaciones universitarias, lo que afortunadamente no se dio, ya que con seguridad hubiera implicado acciones de violencia entre miembros de la comunidad universitaria.

El peligro sigue, no obstante, latente. El 7 de junio se reunió nuevamente el Consejo Universitario y modificó el Reglamento General de Pagos —que ahora menos que nunca es realmente “general”— para convertir en “voluntarias” las cuotas que con anterioridad se preveían obligatorias y compensar la falta de esos ingresos con otros cobros diversos. La parcial retractación, que no rectificación, ha dado pie, empero, a un nuevo fuego cruzado de inculpaciones y señalamientos.

               Emilio Rabasa Gamboa, el inoficioso “coordinador para el diálogo” en Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobernación y que para nada ha contribuido a la tarea supuesta en su pomposo nombramiento, se entromete en el conflicto para meter cizaña señalando que hay “zapatistas” en la UNAM. Carlos Ímaz, líder del PRD en el Distrito Federal y ex dirigente del movimiento universitario de 1987, señala por su parte la participación de agentes de Gobernación (quizás se refiera al propio Rabasa Gamboa); mientras tanto, el rector encuentra en la llamada ultra la cabra de expiación a la cual culpar de sus fracasos y desvelos, y los medios electrónicos prosiguen y aun arrecian su campaña contra los paristas. La falta de alternativas de solución se evidencia cuando un grupo de respetables profesores eméritos hace un llamado a los huelguistas a suspender su movimiento y a “presentar sus planteamientos en los foros de discusión”, sin precisar cuáles son éstos y siendo que el Consejo Universitario no ha asumido ningún compromiso con la discusión de otros temas relativos a la reforma universitaria.

               El conflicto, sin embargo, no parece subsistir por la acción de elementos externos, “agentes” o grupos “ultras”, sino por razones concretas, relativas a la dinámica del propio movimiento. El tema de las cuotas puso de manifiesto, ante todo, una estructura autoritaria y burocratizada de toma de decisiones en la UNAM, que es precisamente lo que necesita ser reformado y que se mantiene incólume, aun con la retractación del 7 de junio. Antes que cuotas “voluntarias” u obligatorias, y frente a la política errática de ensayos y retractaciones con que se la ha manejado torpemente, la Universidad Nacional, así como otras instituciones de educación superior, necesitan ser reformadas democráticamente. El movimiento estudiantil, triunfador en 1987, logró arrancar la realización de un Congreso Universitario cuyo objetivo sería, precisamente, la transformación de la institución. Ese Congreso fue primero saboteado durante largo tiempo por las administraciones de Jorge Carpizo y José Sarukhán, y sus acuerdos —entre ellos el de no modificar las cuotas de inscripción— minimizados o de plano desconocidos desde entonces por las autoridades universitarias en general. Hasta hoy, el aspecto que más destaca en el discurso del rector Barnés de Castro es su tenaz resistencia a discutir cualquier tema relativo a la reforma universitaria, más allá del muy secundario de las cuotas.

               Vale aquí insistir. Lo que mantiene vivo el movimiento de huelga no es ya el solo tema del cobro o no de las por demás intrascendentes cuotas; menos aún la improbable acción de agentes externos o la presencia de la satanizada ultra. Lo más serio que los estudiantes y profesores en paro están peleando es, en cambio, su derecho a participar en la transformación  de la institución a la que están tan estrechamente vinculados, con un sentido no meramente utilitario, en la presente etapa de sus vidas, y que es lo que se trasluce en las demandas de abrir un nuevo congreso resolutivo y de someter a revisión el examen de admisión externamente aplicado por el CENEVAL y el llamado pase reglamentado entre el ciclo de bachillerato y el de licenciatura.

               La miopía y carencia de sensibilidad con que una gran institución es conducida parece no reparar más que en asuntos contables: los ingresos reales o potenciales que se obtendrían impulsando o dando marcha atrás en las polémicas cuotas, un tema sobre el que mucha tinta ha corrido y que genera polémica desde el texto mismo de la Constitución de la República. Pero no se puede ya seguir ignorando, so pena de mantener la ingobernabilidad y el ambiente de confrontación en la institución, los problemas decisivos: autonomía, democracia participativa, transformación académica. Las cacerías de brujas, campañas de satanización y políticas de “enemigo identificado” colocan a los actores en el filo de la navaja y tarde o temprano convocan a la represión o al enfrentamiento. En este caso, los actores son la institución misma y la generación de jóvenes que, muy probablemente, a través del presente movimiento, se estén incorporando a la participación activa en la política, a la vida ciudadana. ¿Cuál sería el costo, para ambos, de la represión o de un enfrentamiento que concite rencores y rompimientos? ¿Cuánto retrocederá la democracia en el país si al problema en la UNAM se le da una salida autoritaria? ¿Hasta dónde se resistirá la burocracia universitaria a los cambios democráticos, discutidos, pactados consensuados, en aras de su soberbia convicción, casada sólo con la transformación desde arriba? ¿Merece proseguir empantanada en un conflicto de gran magnitud una institución caracterizada desde mucho ha por su generosidad, servicio y aportes a la nación, mientras el dinero fluye prácticamente sin medida a subsanar la ineficiencia de los capitales bancarios privados?

Morelia, Mich., 23 de junio de 1999.