Eduardo Nava Hernández

Todavía no se habían terminado de enfriar los restos del magistrado Abraham Polo Uscanga cuando, durante una gira realizada por municipios conurbados del Estado de México, el presidente de la República Ernesto Zedillo salió en vehemente defensa del jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal.

     La confusa declaración de Zedillo culpando “de las cosas malas que han venido ocurriendo” a “un grupito de malosos que quisieran que las cosas fueran como antaño” (declaración, que, dicho sea entre paréntesis, no es sino el antiquísimo recurso de confundir a la opinión pública con la búsqueda de supuestos enemigos identificables a los cuales responsabilizar de los errores o fracasos de los gobernantes, como en su momento lo fueron los “emisarios del pasado” para Echeverría y los “enanos de tapanco y politólogos de café” para López Portillo), opacó la importancia de la forzada reivindicación que el Presidente hacía del Regente capitalino. Espinosa Villarreal, dijo el presidente, “está trabajando como aprendió aquí, en el Estado de México, cuando fue buen funcionario, sin buscar lucimientos sino con una clara vocación de servicio, porque eso es lo que necesitan y demandan los habitantes del Distrito Federal”.

     Pero resulta que el Regente estaba en esos momentos llamado a declarar en torno al asesinato del magistrado con licencia que valientemente había denunciado la corrupción del poder judicial, así como las presiones provenientes del gobierno capitalino en sus fallos, concretamente para ordenar la aprehensión de los dirigentes del Sindicato de Ruta 100. En consecuencia con el discurso presidencial, el resultado de la del Regente ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no podía ser sino uno: con mano blanda y benevolencia, tras la breve declaración que le fue tomada en sus propias oficinas por el Ministerio Público, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se apresuró a exonerarlo —junto con el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, también señalado por los mismos motivos por el asesinado magistrado— de cualquier responsabilidad en el homicidio que se investiga.

     Las denuncias que el magistrado Polo hizo en relación con Espinosa no fueron, obviamente, por participar en su futuro asesinato, y ni siquiera en las amenazas y lesiones que ya había sufrido con anterioridad al 19 de junio, sino por ejercer ilegítimas presiones sobre el presidente del Tribunal, Saturnino Agüero. Es esta denuncia del hoy difunto juez la que tiene que ser investigada hasta sus últimas consecuencias; más aún porque otros magistrados continuadores del valiente ejemplo de Polo Uscanga, han confirmado sus señalamientos en relación con la prepotencia y arbitrariedad de Agüero, y porque continúan abusivamente presos los dirigentes sindicales aprehendidos bajo su consigna. Tanto Espinosa Villarreal como Aspe y Agüero deberían estar sujetos a investigación, más allá del homicidio del licenciado Polo Uscanga, por posible tráfico de influencias y violaciones diversas a la ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos. La renuncia del Regente y del presidente del Tribunal Superior del D.F.  sería la primera condición para permitir el libre avance de la investigación. La remoción del gobernante capitalino se hace tanto más necesaria dada la flagrante ilegalidad con que ha manejado desde un inicio el conflicto con el Sutaur.

     Lejos de ello, la exoneración política y jurídica de Espinosa ha tenido prontas consecuencias. En el mismo acto de su alegato en favor del jefe del Departamento capitalino, Zedillo adelantó la puesta en marcha del programa contra la delincuencia que unos días después aquél explicaría en detalle. Ahora sabemos que se trata de un dispositivo denominado “Reacción Inmediata de Máxima Alerta”, que pretende instalar retenes urbanos para detener “sospechosos”, otorgar a las policías preventiva y judicial de facultades discrecionales para investigar a cualquier transeúnte que les parezca que cae en esa categoría y reforzar con elementos del grupo antimotines (granaderos) las “células de patrullaje” contra las conductas antisociales de alto riesgo. Sin importarle el carácter ilegal de su programa (que ha generado entre los juristas un inmediato e imprevisto consenso en torno a su inconstitucionalidad), el regente Espinosa Villarreal declaró, muy ufano, que contra los delincuentes no habrá mano dura, “sino durísima”.

     El adjetivo alarma, no sólo porque describe bien la filosofía del administrador de la capital que ya se ha aplicado contra los sindicalistas de Ruta 100, sino porque refleja también la probable tentación que comienza a dominar a los grupos más conservadores dentro y fuera del aparato estatal y a un gobierno que no encuentra salidas políticas y que ha perdido capacidad de interlocución frente a los grandes problemas nacionales. Como en toda crisis política, amenazan cobrar fuerza las presiones para “restaurar el orden” a través del ejercicio de un principio de autoridad hoy sumamente dudoso como mecanismo eficaz de gobierno.

     Así como la “mano durísima” (es decir, la violación de garantías constitucionales) aparece como la salida policiaca a un gobierno citadino que se ve desbordado por el problema de la delincuencia, el autoritarismo empieza a permear la actitud de los gobernantes de diversos niveles. El cambio del titular de la Secretaría de Gobernación Esteban Moctezuma por Emilio Chuayffet, hasta hoy gobernador del Estado de México, admite ser interpretado no sólo como la búsqueda de una mayor eficiencia en la conducción de la política interna por el gobierno zedillista, sino como un probable endurecimiento hacia los diversos reclamos populares. Más allá de los vínculos políticos que lo han unido a grupos hoy descalificados y “sospechosos” ante la opinión pública de ser malosos, Chuayffet ha mostrado una singular capacidad para ser, al mismo tiempo, conciliador con la oposición política y rígido frente a los movimientos sociales del estado que hasta ahora ha gobernado.

     Pero ha sido en Guerrero donde la “mano durísima” se ha desplegado hasta sus últimas consecuencias. La decisión gubernamental previamente anunciada de impedir a toda costa la realización de una movilización de campesinos en la cabecera municipal de Atoyac, de Coyuca de Benítez, y acaso de acabar definitivamente con una activa organización opositora, produjo la monstruosa matanza del 28 de junio con saldo de 17 muertos y 18 heridos, todos ellos campesinos agrupados en la Organización Campesina de la Sierra del Sur. La apresurada justificación vertida por el gobernador Rubén Figueroa parece confirmar el origen oficial de la represión, mientras la sociedad se estremece horrorizada por este nuevo abuso de poder.

     Un hilo tenue y macabro une al asesinato del magistrado Polo Uscanga con la matanza campesina de la Costa Grande. El régimen, amenazado, empieza a engendrar como derivaciones secundarias la ruptura de la legalidad y salidas sangrientas a sus contradicciones internas y con la oposición social. En Guerrero y en el caso Polo Uscanga, al igual que en el desbordamiento de la violencia y el narcotráfico y en los asesinatos múltiples asesinatos políticos, entre ellos los de Colosio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo, la sociedad mexicana ha padecido ya demasiado la intolerancia y la “mano durísima” que hoy se quiere invocar también como forma de gobierno. Frente a ello, no autoritarismo sino simplemente justicia y fin de la impunidad, sigue siendo la demanda más actual.

Coyoacán, D.F., 30 de junio de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 2 de julio de 1995.