Utopía y modernidad en la Universidad Michoacana
Eduardo Nava Hernández
No podría ser más oportuna la invitación a la reflexión dialogada acerca del momento y las perspectivas de la universidad en este fin de siglo. Pero no es, ciertamente, un debate fácil cuando el tema, enmarcado por la prolongada huelga de la UNAM y lo que ahí se litiga, suscita con facilidad la polarización de las opiniones, convoca estados de ánimo y tomas de posición y dificulta con frecuencia el razonamiento sereno que su discusión requiere.
Asistimos, sin duda, a un momento de crisis sin precedentes del arquetipo de universidad pública vigente en México, crisis que marcará con toda probabilidad derroteros al sistema de educación superior. Resulta imposible no tratar de descifrar lo que esa crisis expresa, por las consecuencias que a mediano plazo podrá tener para el conjunto de las universidades públicas del país.
Se trata, en realidad, de una crisis del paradigma de universidad pública manejada como institución de Estado: la universidad construida a lo largo de varias décadas a través de decisiones del poder público para subordinarla al proyecto desarrollista vigente desde los años cuarenta hasta los inicios de los ochenta. En la Universidad Michoacana, este modelo de universidad fue finalmente adoptado con la Ley Orgánica de 1963, que, a semejanza de la de la UNAM de 1945, impuso una superestructura de autoridad, la Junta de Gobierno, que históricamente facilitaba el control gubernamental en el nombramiento de los rectores y directores. Para entender más cabalmente ese modelo de universidad como institución de Estado, es necesario referirse con amplitud a sus orígenes en la Universidad Nacional.
Con la Ley Orgánica de la UNAM en 1945 la institución engendrada a inicios de siglo por el positivismo modernizante como máxima expresión del proyecto educativo de la etapa de desarrollo capitalista liberal–oligárquico, y relegada luego por los primeros gobiernos de la Revolución, fue reconstruida sobre las bases del régimen político, fuertemente estatista de la posrevolución.
La autonomía, de matriz claramente liberal y que había sido conquistada en 1929 sólo para sellar el divorcio entre Estado y universidad, no se perdió, pero fue refuncionalizado. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, amparado en el discurso de la unidad nacional, abrogó la Ley Orgánica de 1933, que había eliminado durante el cardenismo el carácter nacional de la Universidad y restringido drásticamente los subsidios estatales, pero que en cambio otorgaba espacios para un autogobierno democrático ejercido a través del Consejo Universitario como máxima autoridad facultada para nombrar rectores y directores[1].
La Ley Orgánica de 1945 contrapuso al gobierno democrático–representativo universitario una concepción técnica de la democracia, teorizada por el rector Alfonso Caso: ésta sería ejercida sólo para la resolución de los asuntos técnicos, pero no para el gobierno universitario[2]. Así, en la práctica, se impuso una forma de gobierno totalmente antidemocrática para la mayor institución de educación superior en el país. La facultad de designar al rector y los directores se quitó al Consejo Universitario, convertido así en un órgano sólo técnico, que es presidido por el propio rector y quien dispone de voto de calidad; esa función la asumió una Junta de Gobierno constituida por notables que no pocas veces han dejado ya de estar vinculados a la vida de la Universidad; en el Consejo Universitario, el poder también se concentró en el sector de las autoridades: 44 directores de escuelas, facultades e institutos y el rector, que pueden ser reelegidos para el periodo inmediato de su gestión, ejercen el mando real frente a 26 representantes profesores electos por cuatro años sin posibilidades de reelección y 26 alumnos, elegidos cada dos años sin poder se reelegidos tampoco. Paralelamente, se creó otro órgano, el Patronato Universitario, encargado de administrar el patrimonio de la Universidad, y donde participan otros notables (dirigentes de empresas privadas, bancos, etcétera), no necesariamente miembros tampoco con la comunidad universitaria[3].
En la práctica, los integrantes de la Junta de Gobierno, el rector, los directores y el Patronato, núcleo duro del poder universitario, se asumieron como otras tantas correas de transmisión de las políticas oficiales a pesar de la formal autonomía de cada uno de esos órganos y de la universidad como institución. El gigantismo de la UNAM y su estructura de gobierno autoritaria se convirtieron en la expresión, en el plano académico, del centralismo del régimen político presidencialista–corporativo de partido oficial. Baste recordar que ambos rasgos de la institución, su crecimiento acelerado y su Ley Orgánica son característicos de la segunda posguerra, precisamente, cuando ese régimen político se consolidaba y se impulsaba un esquema de desarrollo capitalista intensivo bajo la rectoría económica del Estado.
Desde entonces, la universidad pública mexicana ha sido no sólo estatal —es decir una institución que desempeña funciones que en última instancia corresponden al interés nacional y de los que el poder público es responsable, y que se financia mayoritariamente con los subsidios que el Estado aporta— sino, predominantemente, una institución de Estado, en el mismo sentido que el régimen político vigente ha sido de partido de Estado, es decir, donde el partido hegemónico se desenvuelve como un instrumento para la aplicación de políticas públicas determinadas por intereses de gobierno.
Ello no significa que tales políticas se impusieran en los centros educativos sin matices o sin enfrentar resistencias. El marco de autonomía, el proceso de masificación que integró a las universidades a decenas y en algunos casos cientos de miles de jóvenes provenientes de diversos estratos sociales y la asunción por los empleados y académicos de la conciencia de su carácter de trabajadores con derecho a organizarse constituyeron las condiciones que permitieron generar permanentemente respuestas a las más atroces manifestaciones de autoritarismo de dentro y fuera de las instituciones. En muchos casos, esas luchas estudiantiles, magisteriales y laborales lograron moderar el verticalismo y se incorporaron a la historia y a la tradición de la universidad mexicana. Su momento culminante fue 1968, cuando la autonomía, esgrimida con dignidad por el rector Javier Barros Sierra, convirtió a la universidad en baluarte del antiautoritarismo y avanzada de la democracia en el ámbito nacional. Poco tiempo después, la irrupción del movimiento sindical la colocaría también a la cabeza de la insurgencia obrera, en más de un sentido.
Otros movimientos, como el de 1986–1987, a pesar de su carácter masivo y su asombrosa capacidad para elaborar un discurso alternativo, fresco y democrático, no lograron empero remover en lo esencial el autoritarismo de la institución y quedaron truncos. El Congreso Universitario de 1990, resultado último de dicho movimiento, no logró tocar la fibra central del poder político universitario: la Ley Orgánica con sus estructuras de gobierno.
El fin del siglo alcanza a la universidad pública en medio de una crisis que presenta diversas facetas y pone en cuestión la permanencia de ese paradigma de universidad de Estado. Sintomáticamente, el cuestionamiento principal al anterior paradigma institucional estatal–corporativo ha surgido de las propias élites gobernantes y grupos de poder, a los que ese tipo de universidad no les resulta ya funcional. El proyecto de reestructuración universitaria, así, se ha encuadrado dentro de la política de modernización diseñada en las esferas altas del aparato de poder.
En ese proyecto se ha contemplado reducir y sobre todo racionalizar los subsidios que se le proporcionan a la universidad pública, acabar con sus rasgos asistenciales, liquidar su carácter gratuito, desarticular los niveles de bachillerato y profesional, y los centros de investigación con respecto de este último, a fin de poder aplicar criterios retomados de las nuevas teorías de la empresa en relación con la productividad y la vinculación por diversas vías con el mercado. En el fondo, se trata de colocar a la universidad pública en consonancia directa con las reglas del mercado, haciéndola competir con otros centros educativos que funcionan bajo una lógica no social sino de empresa, y mercantilizando sus resultados de investigación.
Las medidas para modificar el perfil de la universidad pública desde la perspectiva de su modernización[4], aplicadas particularmente a lo largo de los años noventa, han sido múltiples. Entre ellas se pueden enumerar:
— poner límites a su crecimiento mediante políticas presupuestales y de selección que restrinjan de manera sensible el acceso, sin que en cambio se creen nuevos centros ni carreras para diversificar la oferta educativa;
- cercenar el nivel de bachillerato o eliminar el llamado pase automático;
— establecer, hasta ahora sólo en el caso del Valle de México, el examen único de selección, diseñado por un organismo externo a las propias instituciones educativas, el Ceneval;
—un nuevo examen de certificación de conocimientos para los egresados universitarios que, más allá de la obtención del título, condiciona la entrega de la cédula profesional;
— el cotejo con las empresas privadas de educación superior, con la doctrina del ex subsecretario Antonio Gago de que “la educación superior es un servicio público y lo relevante no es quién lo ofrece sino si lo hace bien o no”[5];
— la asunción de la ideología de la “excelencia”, juzgada con criterios tomados, asimismo, del mundo empresarial;
— las evaluaciones internas y externas (a través de la Comisión Nacional de Evaluación, Conaeva), muchas de ellas manejadas de manera virtualmente secreta en las oficinas de los altos funcionarios;
— el cuestionamiento a la definitividad de los profesores o la elevación de los requisitos para obtenerla;
— la desvalorización del trabajo académico y la incorporación de los programas de estímulos, que miden (mal) la productividad individual, y el Sistema Nacional de Investigadores, como parte sustancial del salario efectivo de los trabajadores académicos;
— la reducción del poder de los sindicatos en la negociación, mediante topes salariales, los propios programas de estímulos y la eliminación de cláusulas en los contratos colectivos de trabajo.
Esas políticas, a más de menoscabar seriamente la vigencia de la autonomía, no han producido un fortalecimiento de la universidad pública en su entorno social, sino que la han llevado a un segundo nivel de crisis, como crisis de estancamiento y legitimidad. Además de la progresiva pérdida de eficacia de la educación como vía de movilidad y promoción social de los individuos —consecuencia de la reestructuración general del capitalismo— las instituciones públicas caen en descrédito mientras, por comparación, se prestigian las empresas educativas privadas. Acaso el más perverso de los efectos de esta crisis sea el creciente rechazo a los egresados de las universidades estatales en el mercado de trabajo, prejuzgando sus aptitudes y conocimientos[6].
A estos efectos se sobrepone una crisis en el gobierno universitario, a la que no se puede ya dar salida retomando las estructuras tradicionales de mando vertical autoritario y las prácticas del tapadismo, ya en vías de extinción en la política civil. El desarrollo de la universidad de masas y la conquista de derechos laborales, así como la deslegitimación social del autoritarismo, impelen a un creciente descontento ente los sectores universitarios hacia los procedimientos aún vigentes de toma de decisiones, la escasa representatividad de los órganos de gobierno y los procedimientos crípticos de designación de las autoridades universitarias. Frente a ellos se levanta, en el conflicto actual, la demanda de transformación institucional por medio de un congreso resolutivo —y representativo— en la UNAM, desoído por las autoridades y vetado virtualmente por los grupos de poder más fuertes y retardatarios ubicados tras la Rectoría.
De esa crisis del paradigma de universidad es que surge la preocupación por la llamada gobernabilidad en las instituciones universitarias. El problema pertenece, por antonomasia, al ámbito de las grandes instituciones de carácter público y se despliega obedeciendo a una lógica implacable: cuanto más incluyente va siendo un organismo político para responder a las demandas de los diversos grupos, y más los incorpora participativamente, más presiones genera, tanto de los grupos incorporados como de los excluidos, y más se ve obligado a asumir nuevas respuestas, que generan nuevas inclusiones y nuevas presiones. La espiral no topa sino en los límites materiales y funcionales de la institución. Por ello, la gobernabilidad supone establecer con precisión esos límites, tanto como mantener y refrendar la legitimidad de las instituciones.
La gobernabilidad no necesariamente ni siempre implica procedimientos democráticos. Por métodos autoritarios se puede reprimir las demandas y la participación de los grupos sociales con el fin de mantener la funcionalidad de las instituciones, como lo muestran por doquier, no sólo en América latina, las dolorosas experiencias históricas de militarismo y dictaduras. No en balde, casi todas ellas surgieron denunciando los “excesos” del populismo, incapaz de frenar las demandas de las masas, y reclamando el restablecimiento de la gobernabilidad social.
Sin embargo, es en el cumplimiento eficaz de sus funciones y en la capacidad de respuesta de los gobernantes a las necesidades de la sociedad, donde ellos mismos y las instituciones que representan obtienen su legitimidad: “cada demanda dirigida a los gobernantes comporta un reconocimiento de la función que cumplen, aunque sea critica respecto a sus orientaciones o ponga en dificultades su capacidad de actuar eficazmente”, señala Oswaldo Ramírez Colina. “La pretensión de restringir la participación a fin de facilitar la gobernabilidad limitando las demandas parece ocultar el fantasma del despotismo ilustrado, por no evocar otros más próximos y desagradables”[7].
La gobernabilidad democrática implica, en cambio, elementos y condiciones particulares, que no siempre están presentes y entre los cuales cabe destacar tres: la normatividad, la representatividad y la participación.
La normatividad es el reconocimiento de los derechos de los sujetos sociales, a los cuales ha de apegarse la autoridad, pero también la fijación de los límites funcionales de las instituciones. En última instancia, expresa el interés general, que no implica superar los intereses particulares efectivamente existentes de grupos e individuos, sino recuperar lo que dichos intereses tienen de legítimo, aun siendo contrapuestos. Para tener vigencia, las normas deben tener carácter general y ser reconocidas por los gobernados como legítimas de origen y respetadas por los gobernantes. Las leyes privativas, la arbitrariedad en su aplicación o la corrupción socavan la legitimidad y la gobernabilidad tanto como la ineficacia de los órganos de gobierno.
La representatividad encierra una paradoja nunca resuelta de las democracias: los representantes que aspiran a expresar el interés general sólo pueden llegar a serlo a través del voto de grupos particulares con intereses propios; y una vez en el gobierno se ven sujetos también a las demandas y presiones de esos grupos, además de sus propios intereses. Nuevamente: el interés general sólo puede existir a través de los intereses particulares, pero es ésta la mejor forma como puede legitimarse el poder político. Técnicamente, la representación ha de dimanar de elecciones periódicas, limpias y equitativas que garanticen la renovación y la expresión genuina de la voluntad mayoritaria. Además, ha de funcionar en un sistema de división de poderes que establezca con claridad los linderos y contrapesos de las diversas formas de representación. El incumplimiento del representante con el interés general, su actitud facciosa o su sometimiento a otro poder tienden a anular su representatividad y le restan capacidad de gobierno.
Finalmente, la participación de los gobernados más allá de los momentos electorales en que delegan su representación es la expresión suprema de la vida democrática. El involucramiento en tareas de gobierno y la democracia directa a través del referéndum y el plebiscito, sobre la base de la información, la opinión y el libre ejercicio de la crítica, renuevan en las sociedades e instituciones modernas la legitimidad de los órganos de autoridad y amplían la gobernabilidad democrática[8].
En momentos de crisis y agotamiento de las alternativas, el peligro de regresiones democráticas se hace más vigente, la tentación del autoritarismo se actualiza. Se busca recuperar la gobernabilidad restringiendo o incluso anulando los derechos, la representatividad y la participación de los gobernados.
En la universidad mexicana la Ley Orgánica de la UNAM en 1945, las reformas del 18 de septiembre de 1986 a la de la Universidad Michoacana, o las de 1992 en la Universidad de Sonora, entre otras, han tenido emblemáticamente ese carácter. Pero mientras que en 1945 la recuperación de la universidad por el Estado implicaba un quid pro quo, el quitar autonomía y democracia a los universitarios a cambio de expandir la política desarrollista y el Estado de bienestar al ámbito de la educación superior, en la presente crisis representa, sin más, el someterla a los dictados del mercado y los más poderosos intereses particulares. Del antagonismo que esta reforma supone se deriva la negativa tajante de las autoridades universitarias a realizar un congreso resolutivo en la UNAM, la cancelación de las alternativas de diálogo y la radicalización, que ha llegado a bordear la irracionalidad, de su contraparte, el Consejo General de Huelga.
Hay que concluir, por tanto, que la gobernabilidad que dé estabilidad a organismos tan complejos y plurales como las universidades públicas mexicanas, ha de ser democrática e incluyente. Lo que hoy se encuentra bajo amenaza inminente es la idea, trabajosamente construida a través de generaciones, de que las instituciones educativas conforman, por su organización interna pero también por sus objetivos, una comunidad donde los distintos sectores y grupos —docentes, investigadores, alumnos, empleados— colaboran, más allá de diferencias ideológicas, políticas, raciales o religiosas, en la suprema tarea de generar, transmitir y difundir el conocimiento. La universidad segmentada que el capitalismo salvaje propugna (investigadores de élite; alumnos que pueden pagar y alumnos que no pueden pagar; docentes estratificados hasta la atomización no por diferencias en la naturaleza de su trabajo sino por grados académicos, posiciones burocráticas, clasificaciones irracionales, ubicaciones en las tablas de puntaje, etcétera) tiende a disolver toda forma armoniosa de división del trabajo, toda forma de solidaridad y toda forma de comunión entre sus moradores.
La tarea no puede ser sino reconstituir ese ser comunitario que tantos pensadores universitarios llegaron a concebir como la realización de una forma embrionaria de fraternidad universal. Pero no podrá ser ya la comunidad enclaustrada de la universidad elitista ni el reducto de la individualidad ante la masificación que fue la universidad liberal, sino la comunidad abierta que se afirma en sí misma y en su misión social a través de la democracia y la inclusión.
El problema universitario no estriba, entonces, tan sólo en la elevación del nivel educativo —aunque también la supone— ni en la cuestión técnica de asegurar su gobernabilidad en el contexto de su transformación autoritaria, sino en recuperar la comunidad académica de los sectores y grupos heterogéneos que la componen; una comunidad en la que puedan florecer y difundirse el conocimiento y la cultura sirviendo de diversas maneras a la sociedad toda y no sólo a sus élites.
¿Quién mejor que la Universidad Michoacana para, en este fin de siglo, discutir sin prejuicios ni tabúes la refundación sobre bases de legitimidad y participación, de la comunidad del conocimiento?
¿No es la comunidad nicolaita el producto, en sus orígenes más remotos de la idea de una república del conocimiento, o mejor, de la fraternidad y convivencia por la cultura y la civilización?
¿No es ésta la universidad que reclama el legado de don Vasco de Quiroga, aquél abogado misionero y humanista que, desde su cargo en la Real Audiencia impulsaba la creación de repúblicas donde los indios, decía, “hagan ábito en la virtud y se convierta en naturaleza”?
¿No guarda esta universidad el espíritu del hospital de la Santa Fe, palabra que, según Benedict Warren, “se define como institución caritativa para el refugio, mantenimiento o educación de los necesitados, ancianos, enfermos o pupilos”?
¿No es su alma mater el Colegio de San Nicolás, que Quiroga, iluminado utopista, quiso consagrar a esas repúblicas de indios estableciendo en su testamento su obligación de servir “perpetuamente gratis” a los naturales de Michoacán?
¿No concibió don Vasco sus repúblicas o pueblos–hospitales y ese Colegio como una misión civilizadora, capaz de fundar una nueva modernidad frente a la decadencia social y moral del Viejo Mundo?
¿No fue también el Colegio de San Nicolás el centro educativo que mejor recuperó, en el tiempo de la crisis del coloniaje, el pensamiento crítico, para formar en Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros nicolaitas el pensamiento más preclaro, capaz de imaginar lo imposible y a partir de ello fundar una nación?
¿No es aquí donde, con Melchor Ocampo, se refugió en tiempos aciagos el liberalismo, para resurgir después e imprimir a la República el gran viraje modernizador del mediar del siglo XIX?
¿No es ésta también la universidad a la que, desde su fundación, un año antes de la Carta de Córdoba, el gobernador Ortiz Rubio le otorgó la autonomía para convertirla, así, de hecho, en la más moderna del continente latinoamericano?
En cada crisis del país, el Colegio de San Nicolás y la Universidad Michoacana han estado en su lugar, representando las posiciones de avanzada, dando el debate más necesario, calando profundo en los grandes problemas nacionales. No se espera sino que, en consonancia con esa tradición, el nuevo siglo la encuentre discutiendo las alternativas de la educación pública y aportando sus experiencias y conciencia histórica a la búsqueda de salidas ante la crisis.
Acaso sea éste tan sólo un buen deseo, imposible de cumplimentar, ¡tan deteriorada está la comunidad entre los universitarios michoacanos! Pero esa tarea de pensar no en lo posible, sino en lo imposible, que en el fondo es lo único realmente deseable, es parte de la naturaleza de los nicolaitas. Éstos provienen de una estirpe rara, tal vez única, que desde sus 1540 y por voluntad de su fundador, don Vasco de Quiroga, se impuso a sí misma la misión civilizadora de hacer a esta región de Michoacán y a este país entrar a la modernidad por la espaciosa puerta de la utopía.
Morelia, Mich., 21 de octubre de 1999
[1] Una descripción del proceso que llevó a la Ley de 1945 puede verse en Fernando Jiménez Mier y Terán, El autoritarismo en el gobierno de la UNAM. México, Eds. de Cultura Popular, 1980, págs. 36-37n.
[2] Ibidem., págs. 51 y ss.
[3] Casos notables de intereses se han dado dentro del Patronato Universitario. A inicios de los años ochenta, por ejemplo, Carlos Abedrop Dávila, era miembro de ese órgano y además, hasta la nacionalización bancaria de septiembre de 1982, presidente del consejo de administración del Banco del Atlántico, la institución financiera que manejaba la nómina de todo el personal universitario. Por añadidura, era también, hasta esa fecha, presidente de la Asociación de Banqueros de México.
[4] La modernización se entiende aquí en el sentido tradicional dado al término por sus teóricos más distintivos, es decir como un proceso inducido y conducido por el Estado, propio de los países atrasados o tradicionales que transitan hacia niveles superiores de desarrollo. La industrialización sería —por ejemplo, en la versión de D. Apter— esa fase avanzada a la que han arribado ya las naciones más desarrolladas. El proceso de modernización lleva implícito (Huntington, Apter) el riesgo del conflicto social, derivado del choque con los intereses que se ven afectados. En su fase más intensa, la conducción del proceso exige, entre otras cosas, la mayor concentración del poder en la instancia rectora, el Estado, con exclusión de las formas de participación social. Es decir, hay un componente de autoritarismo necesario durante el período más agudo de la modernización, que, en teoría, puede ser superado cuando se han sentado las bases para su consecución. Pero el conflicto en sí no parece cuestionar el proceso mismo en la medida en que existe un consenso de los diversos actores en el objetivo final del cambio: la modernidad. (Véase, entre otros, Samuel P. Huntington, El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires, Ed. Paidós; David E. Apter, Política de la modernización. Buenos Aires, Ed. Paidós). A esa perspectiva se le puede oponer, con Néstor García Canclini, la idea de “generar otro modo de concebir la modernización […]: más que como una fuerza ajena y dominante, que operaría por sustitución de lo tradicional y lo propio, como los intentos de renovación con que diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal de cada nación”. En este sentido es que se emplea en esta ponencia el concepto de modernidad, próximo a la renovación gestada internamente por los grupos sociales como un impulso más bien espontáneo y evolutivo hacia lo deseado subjetivamente, pero que no anula la preservación de lo tradicional (N. García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, Ed. Grijalbo).
[5] Cit. por Rollin Kent, “Las políticas de evaluación”, en Rollin Kent (comp.) Los temas críticos de la educación superior en América Latina. Vo. 2: Los años 90. Expansión privada, evaluación y posgrado. México, Fondo de Cultura Económica/FLACSO-Chile/Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1997. Pág.120.
[6] Interviene aquí también, desde luego, el doble efecto de la educación masiva sobre la mercancía fuerza de trabajo: por una parte, su valorización individual (que es lo que el estudiante busca de la Universidad) como resultado de la mayor calificación del trabajador; por otra, su desvalorización social, a consecuencia, precisamente, de la producción masiva de profesionales, lo que se resuelve en la selectividad creciente del mercado y la desocupación o subocupación profesional.
[7] Oswaldo Ramírez Colina, “Instituciones y gobernabilidad”, en: internet, www.monografías.com.
[8] Cfr. Ibidem.
*Publicado en el libro de Adriana Pineda Soto y Eduardo N. Mijangos Díaz (coords.), La Universidad Michoacana a fin de siglo. Morelia, Michoacán, UMSNH, 2000.
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