Eduardo Nava Hernández

El porfiriato, profundizando y acelerando las tendencias de la Reforma liberal del siglo XIX, culminó una de las tareas históricas del desarrollo capitalista al trasladar la inmensa mayoría de las tierras de cultivo al dominio privado. Una cuarta parte del territorio nacional, según el conocido análisis de Jesús Silva Herzog, pasó en ese periodo a manos de los grandes terratenientes y rancheros, por medio de las leyes de desamortización, baldíos y fraccionamiento de tierras comunales. Es una paradoja que los esfuerzos que la corriente liberal realizó a mediados del siglo XIX por conformar —emancipando al Estado de sus vínculos con el mundo religioso y las oligarquías a él asociadas— un país de ciudadanos (desde luego, identificados como propietarios), haya desembocado en un orden de desigualdad social y ausencia de democracia.

Con el movimiento revolucionario de 1910-1920, confluyeron las aspiraciones de la clase campesina en pos de la tierra, y los avances en su autoorganización política. La Revolución, como es conocido, se alimentó, por una parte, de los anhelos democráticos de la pequeña burguesía y las clases medias; y por la otra, de las demandas campesinas de restitución de tierras y recursos naturales, y fraccionamiento de las grandes propiedades rurales. Una década de lucha decantó sus resultados en un nuevo pacto político-social que planteó un Estado no meramente benefactor ni árbitro en la lucha de clases, sino protector de los derechos de las clases más débiles, lo que se concretó en la obligación de restituir las tierras a los pueblos que habían sufrido el despojo, y dotar a los campesinos que carecieran de ellas, y también en la de tutelar los derechos de la clase trabajadora.

Sin embargo, ese pacto quedó, a lo largo de sucesivos gobiernos, como un programa incumplido, que sólo el periodo cardenista intentó poner en acto para satisfacer las demandas de las mayorías sociales. Los casi 18 millones de hectáreas de tierras restituidas o repartidas durante el sexenio 1934-1940 a 814 mil campesinos beneficiarios, superaron con mucho las que los anteriores gobiernos habían distribuido, y ello fue visto, en primer lugar, como una acción de justicia social que, al mismo tiempo, legitimaba al Estado revolucionario y como un medio para prevenir nuevos estallidos sociales en el campo.

A la vía más general de desarrollo del capitalismo —la sustentada en la apropiación privada de la tierra y la constitución y la constitución de un mercado de tierras—, el cardenismo buscó contraponerle otra, alternativa, centrada en el ejido colectivo como mecanismo para redistribuir la riqueza y desarrollar en el campesinado nuevas formas de relaciones sociales entre sí y con el Estado. En La Laguna, Yucatán, Nueva Italia, el Valle del Yaqui y otras regiones esa vía se puso a prueba, con diversos resultados en lo inmediato, pero desembocando en fracasos en el mediano y largo plazos.

La reforma agraria implicó también una reestructuración del aparato de Estado, con la creación de nuevas instituciones económicas y sociales. Entre las primeras destacarían, además del propio Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización —que, autonomizándose de la Secretaría de Agricultura, condujo todo el proceso de reparto agrario—, el nuevo Banco Nacional de Crédito Ejidal (Banjidal) como una nueva institución para dotar de apoyos específicos al sector ejidal del campesinado, recién beneficiado por la distribución de tierras. Entre las segundas, a la reorganización educativa (la escuela rural) también se le asignó un papel capital en la transformación social, y en particular en la formación de ciudadanos.

La acción agraria cardenista, en consecuencia, fue más allá de los aspectos productivos y de justicia social. Vista en su conjunto, la política agraria fue también una política democrática, cuyo fin último era la conformación de una nación de ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones y con conciencia de su papel en la sociedad. En este proceso jugó un papel esencial la organización de masas —la Confederación Nacional Campesina— que, incorporada también al partido oficial (PRM), sistemáticamente ha sido vista como un mecanismo de naturaleza corporativa para subordinar a los campesinos al poder del Estado. En el esquema cardenista, empero, la organización campesina habría de ser también una escuela de participación política —la única concebible en ese momento histórico— para la formación de ciudadanía. Los resultados de ese proceso no se vieron en el corto plazo, en el cual privó el empleo del corporativismo como un recurso de legitimación del nuevo esquema de dominación estatal de la burguesía nacional, sino décadas después, en la insurrección cívica de 1988, no por casualidad de matriz también cardenista. Más allá de lo económico, la acción agraria del periodo cardenista (al igual que otras de sus facetas) resultó esencial para extender a las clases mayoritarias lo que hasta entonces había sido un privilegio de los grupos urbanos: la participación política. Con ello modificó el perfil político de la nación en un sentido democrático hasta entonces inexistente.

*Resumen del capítulo “La reforma agraria y la organización campesina”, publicado en Clara García Ayluardo, Erika Pani e Ignacio Marván(Coords.): Historia crítica de las modernizaciones en México. Tomo 5. Samuel León y González (Coord.), El cardenismo, 1932-1940. México, D. F., Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C./ Fondo de Cultura Económica, 2010.