Eduardo Nava Hernández
… y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
La metáfora del conocidísimo y condensadísimo cuento de Monterroso corresponde acaso mejor que cualquier otra descripción al sentimiento de los michoacanos (al menos de los que estamos en favor de una apertura del sistema político, y que somos la mayoría) en la actual situación poselectoral.
El 12 de noviembre los electores abrieron en Michoacán una situación inédita en el país, portadora de un potencial inexplorado de cambio hacia la democracia representativa en el sistema político nacional. Los resultados que salieron de las urnas resultan notables tanto en relación con la situación previa en el propio estado como, sobre todo, en un contexto nacional marcado políticamente por el bipartidismo.
El PRI logró su objetivo estratégico de retener la gubernatura a pesar de la terrible crisis económica que afecta a toda la población y del debilitamiento de las estructuras de mando y corporativas a escala nacional. Pero estuvo lejos de obtener una mayoría absoluta y, por primera vez, un gobernador priísta asumirá el cargo con menos del 40 por ciento de los sufragios y con triunfos de mayoría en sólo once de los 18 distritos electorales.
El retroceso del PRD no fue, a pesar de los pronósticos más duros, catastrófico en todo el estado, aunque sí significativo en las ciudades más grandes. No logró Cristóbal Arias conquistar para su partido lo que habría sido su primera gubernatura, y en eso estriba su mayor derrota. Con un descenso leve en sus niveles de votación absoluta, y un mayor retroceso en términos relativos, obtuvo tres distritos de mayoría, incrementó de 44 a 53 el número de municipios que gobernará y se consolidó como alternativa en las zonas rurales.
El PAN registró su mayor avance en la historia del estado, ganando por primera vez en cuatro distritos y en 14 municipios entre los que se encuentran los más poblados de la entidad: Morelia, Uruapan y Zamora, otros intermedios como Zitácuaro, La Piedad, Sahuayo, Los Reyes, Quiroga, Hidalgo, e incluso algunos rurales como Charo. El cuadro municipal se completa con los triunfos del PT en Cuitzeo y del PFCRN en Aquila.
¿Qué significado tiene esta nueva configuración política en el estado? El 12 de noviembre, la sociedad michoacana se manifestó electoralmente en la forma más plural que jamás se haya dado en elecciones locales. Al igual que en diversas coyunturas históricas donde Michoacán aportó las posiciones ideológicas y políticas más avanzadas de nuestros grandes movimientos nacionales, y al igual que el 6 de julio de 1988 en que más ampliamente se cuestionó al sistema de partido de Estado, el caso michoacano se adentra ahora por primera vez en la vía de la competitividad electoral en un esquema no bipartidista. Por primera vez, también, las cinco opciones participantes alcanzarían posiciones de gobierno y los resultados de la votación otorgan la posibilidad de representación para todas ellas en el Congreso del estado.
En términos más amplios, el resultado en Michoacán se proyecta hacia un avance real del federalismo, entendido éste como distribución del poder entre los distintos órdenes de gobierno y como un sistema de contrapesos. Alonso Lujambio[1] ha sostenido la importancia que la consolidación del federalismo tiene que jugar en la transición hacia la democracia bajo un régimen presidencialista como el mexicano. Aquí, el federalismo representa la posibilidad de un sistema que permita la incorporación de los partidos de oposición a cargos de gobierno; que por tanto posibilite la integración política a través de acuerdos entre las diferentes instancias gubernamentales; y que evite la extrema polarización que ya hemos conocido en las luchas electorales por la presidencia y las gubernaturas, configurando además un sistema de contrapesos al extremo presidencialismo (y gobernadurismo) que hemos padecido a lo largo de nuestra historia.
Pero, cuando despertamos, el dinosaurio sigue aquí. La posibilidad de concretar este avance real ha encontrado rápidamente su mayor obstáculo en la controvertida decisión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de conceder al PRI la cláusula de gobernabilidad que le garantizaría en el Congreso una mayoría que no obtuvo en las urnas. La situación es clara: en estricto derecho tiene que aplicarse el numeral 2 del inciso c) del artículo 70 del nuevo Código Electoral del estado, que establece que “Si ningún partido obtiene por lo menos el treinta y siete por ciento de la votación estatal emitida (énfasis mío, EN), a todos los partidos políticos que cumplan con estas bases, les será otorgada constancia de asignación en el número de diputados que requieran para que su representación en la Legislatura, por ambos principios, corresponda al porcentaje de votos obtenidos”. El Consejo General del IEM, en cambio, votó aplicar el numeral 3, que otorga la mencionada cláusula de gobernabilidad con base en el 37 por ciento de la votación estatal válida. Esta nueva y discutible situación obliga al Tribunal Electoral del estado a emitir un fallo acerca de los recursos de inconformidad presentados por el PAN, PRD y PT y conduce a un proceso electoral que se desenvolvió en condiciones sociales de tranquilidad y de relativamente pocas irregularidades a una solución polémica que debería ser innecesaria.
Pero lo más sorprendente a la luz de la nueva realidad electoral de Michoacán es la subsistencia misma de la cláusula de gobernabilidad en el Código Electoral. De llegar a consumarse su aplicación –que dará al PRI el 54 % de los diputados con tan sólo el 36.97 % de los votos y excluirá la representación más plural que se expresó en las urnas–, se patentizará hasta qué punto este instrumento engendrado por el partido oficial distorsiona la representación política de los ciudadanos en aras de sostener el actual sistema hegemónico de dominación. La perversión es aún más asombrosa y grave cuando se trata de un Código Electoral que, al ser aprobado en al pasado mes de abril, fue anunciado como fruto del consenso tripartita entre las principales fuerzas del estado: PRI, PRD y PAN, lo que significa que las tres dieron su aval político al sistema de candados que ahora se revela disfuncional a nuestra sociedad real.
El PAN pactó en 1989 con el gobierno de Salinas la cláusula de gobernabilidad a cambio de algunos avances que, en el Código Electoral federal, dieran garantías de limpieza a las elecciones. En su momento, el PRD criticó acremente esa postura panista que le garantizaba al PRI el control de la Cámara de Diputados aun sin contar con una mayoría absoluta de votos. Ahora, también el PRD ha aceptado en Michoacán por consenso la mencionada cláusula de gobernabilidad en aras de un interés pragmático e inmediatista: tenía que modificarse a toda costa el calendario electoral y tenía que haber elecciones anticipadas de gobernador, pese a la tratarse de la peor violación constitucional –por haberla cometido el Congreso en funciones– que se ha visto en México en los tiempos modernos. Poco le importó al perredismo en el Congreso el emitir una legislación retroactiva que violaba abiertamente la constitucionalidad vigente y prolongaba, por decisión de ellos mismos, la función de los diputados. La única voz disidente, la del Partido del Trabajo, fue acallada entonces por las fanfarrias del consenso parlamentario que ahora se muestra, con la elección del 12 de noviembre, como el parto de los montes o, mejor, como el parto de los dinosaurios.
Con su contradictoria y defectuosa legislación, el Congreso aún en funciones ha colocado en manos de los tribunales una cuestión sobre la que los ciudadanos ya dieron un fallo inequívoco y contundente. El PRI no tiene la mayoría de la voluntades del estado de Michoacán, aunque la cláusula de gobernabilidad aprobada por los tres principales partidos ahora le brinde la posibilidad de ejercerla. Quedará para el futuro, de consumarse el fraude consensado, la lucha por una democracia verdaderamente representativa y por un verdadero federalismo que deje atrás al monterrosiano y a otros dinosaurios.
Coyoacán, D.F., 26 de noviembre de 1995.
[1] “Régimen presidencial, democracia mayoritaria y los dilemas de la transición a la democracia en México”, en Alicia Hernández Chávez (coordinadora), Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos, México, Fideicomiso Historia de las Américas, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 27 de noviembre de 1995.
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