Eduardo Nava Hernández

Finalmente se ha firmado, en un acto espectacular y casi sorpresivo, el ya inaplazable y urgente Acuerdo Nacional para la Democracia, la Moncloa mexicana, que ya empieza a ser conocido en algunos medios como el “Pacto de Los Pinos”. A pesar de ser sus protagonistas los cuatro partidos nacionales con registro y representación parlamentaria (el presidente Zedillo firmó tan sólo como “testigo de honor”), el acuerdo fue suscrito, para no romper con el incólume régimen presidencialista, en la residencia oficial del Ejecutivo y no en San Lázaro, por ejemplo.

     No es una concesión graciosa ni profesión de fe democrática de los gobernantes. La crisis estructural de la economía, la presión social y el agotamiento de los mecanismos obsoletos de dominación al que se llegó durante el sexenio de Salinas de Gortari son las circunstancias que obligan a modificar las prácticas del poder y que han colocado al nuevo gobierno contra la pared obligándolo a tomar por fin iniciativas de solución (ya veremos si exitosas) en el terreno de la reforma electoral, en Chiapas y probablemente en Tabasco y Veracruz.

     Difícilmente alguien podría objetar en sí mismo un acuerdo que, por un virtual consenso, ha llegado a ser percibido como una necesidad indispensable para sanear el ambiente político nacional y modificar las inveteradas prácticas de hegemonismo del régimen de partido estatal. Un pacto que comprometa a todas las fuerzas políticas —y en primer lugar al gobierno y su partido a buscar una reforma electoral consensada y, se dice, definitiva; a competir en condiciones de equidad; a democratizar el Distrito Federal y resolver los conflictos poselectorales, es una exigencia largamente insatisfecha, una asignatura pendiente de la agenda nacional.

     En la coyuntura y en la forma mismas en que ha surgido, el Acuerdo contiene sin embargo contradicciones y riesgos implícitos. Por lo pronto, la movilización de los priístas en Tabasco ha echado por tierra de inmediato la concertacesión con la que el PRD y el gobierno pretendían resolver el conflicto poselectoral en esa entidad y que, según todos los indicios, estaba en la base del Acuerdo. Proseguir por esa línea se antoja imposible, pero de no haber una salida pronta, y si bien las firmas están ya estampadas, en vez de avanzarse en la reforma podría reiniciarse una escalada en esa región, el PRD podría marginarse del Acuerdo y éste quedar como un mero cascarón. Lo mismo podría ocurrir en Chiapas y Veracruz, en su caso.

      Por otra parte, no carece de toda lógica el razonamiento del gobierno salinista de ver como un peligro (para el régimen) la apertura política sin haber consolidado la economía. En un contexto de crisis como la actual, y de cumplirse el compromiso de comicios limpios, las derrotas del partido oficial pueden comenzar a menudear (Jalisco a manos del PAN, en primer lugar) y propiciarse desgajamientos en su interior.

     Para el sistema priísta no queda, sin embargo, otro camino que correr esos riesgos. La Moncloa mexicana aparece, así, como un acto obligado del gobierno zedillista para superar los lastres políticos heredados del gobierno inmediato anterior, distender el ambiente político nacional y abocarse a lo que constituye su verdadera prioridad en el momento actual: la negociación del macropréstamo de 40 mil millones de dólares de los Estados Unidos que urgentemente requiere para enfrentar el colapso de las finanzas del país. Esto no quiere decir que el Acuerdo político sea una cortina de humo; responde a una necesidad real y tiende a resolver conflictos igualmente reales. Pero en el momento actual, el gobierno apuesta, con el Acuerdo y lo que en su negociación previa haya estado explícito o sobreentendido, a consolidarse en el frente interno y tener las manos libres para atender esa delicada negociación externa y el conflicto social-militar en Chiapas, en los que está en juego mucho más que la cabeza de un gobernador.

     Si algo muestran con transparencia el debate en el Congreso y la prensa de los Estados Unidos es que el apoyo financiero solicitado por el gobierno de Zedillo y promovido por el de Clinton no es tan sólo una medida de carácter coyuntural, sino una gran operación de consolidación y profundización de las transformaciones diseñadas y aplicadas durante más de una década: integración con los Estados Unidos, modernización financiera, desregulación económica, liberalismo y privatismo, concentración del capital. Esa consolidación implica que, no importa la fuerza política que en el futuro próximo ocupe el poder en México, el proyecto capitalista vigente sea irreversible. La oligarquía financiera nacional y extranjera y la tecnoburocracia que la representa en el poder del estado se aferran a ese proyecto estructural, no a un aparato partidario en gran medida caduco, como el PRI.

     En la hora actual, la reforma política y la operación de salvamento económico desde el exterior son para el grupo gobernante parte de un mismo movimiento. Democracia política (aún están pendientes la social, sindical, etcétera) para los sectores integrados al sistema, a cambio de sostener invariado lo estratégico —y en eso estriba la continuidad con el gobierno salinista, a pesar de su aparente o real distanciamiento político—: el proyecto económico. Eso es dar una cosa por otra, un quid pro quo.

     Si queremos que efectivamente sirva a la democratización, el pacto político recién firmado no debe ser visto como objeto de concertación entre tres o cuatro fuerzas políticas con exclusión del resto de las expresiones de la sociedad, sino como el primer paso que abra a los más amplios sectores un verdadero diálogo nacional en cuya agenda no esté excluido ninguno de los grandes temas nacionales. Lo que está a debate es el proyecto de nación (y por tanto el proyecto económico), la democracia social, la pobreza y la concentración del capital, las relaciones con el resto del mundo. Pero todo esto, como lo hemos aprendido a golpes de la realidad, no lo obtendremos como graciosa concesión; hoy, en el Acuerdo de Los Pinos, la presión social ha obtenido un pequeño avance, aún sin consolidar, pero que no puede quedar ahí.

Coyoacán, D.F., 19 de enero de 1994.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 21 de enero de 1995.