Eduardo Nava Hernández

Conscientemente, la Universidad Nacional ha sido conducida por sus autoridades a un escenario de división interna, enfrentamientos y suspensión de actividades. Sólo en apariencia son los estudiantes organizados en el Consejo General de Huelga (CGH) quienes han alterado la vida académica de la institución; los indicios visibles hablan, en cambio, de la gran responsabilidad de la burocracia universitaria, organizadora del conflicto y la provocación, y de cómo los estudiantes universitarios han sido orillados a dar una lucha defensiva contra la agresión, hoy focalizada en el tema del pago de cuotas por estudiar.

               Este último tema, el de las cuotas, no es sino el pretexto seleccionado por las autoridades para preparar el terreno para dicha confrontación, apostando a que la derrota del movimiento estudiantil abrirá el camino a una reforma conservadora —reforma de lo superficial y lo secundario y conservación puntual de la estructura de poder manipulada por la burocracia académica— en la educación superior en el país.

               El tema de las cuotas, plasmado en la amañada reforma del Reglamento General de Pagos (RGP), fue escogido cuidadosamente para la construir un escenario de lucha favorable al aparato de poder universitario por varias razones. Primera, porque la modificación del RGP garantizaba de antemano la polarización de las posiciones, dejando poco espacio para la conciliación; ello le permite a la burocracia deslindar, incluso cuantitativamente, a los segmentos conservadores —es decir, los que están a favor del cobro de cuotas— de los que potencialmente —y ahora in actu— cuestionan la estructura autoritaria del gobierno universitario. Segunda, porque dicha reforma permite al funcionariado universitario manipular a la opinión pública con el falaz argumento (ya empleado en 1986) de que el movimiento estudiantil defiende privilegios cuando reivindica el derecho a la gratuidad de la enseñanza en su nivel superior. Tercera, porque el sentido de la reforma queda oculto tras el camuflaje de que la decisión de modificar las cuotas es un ejercicio de autonomía, cuando en realidad no es sino la aplicación de los lineamientos y criterios de política económica diseñados externamente, en los grandes centros de poder económico, como parte del saneamiento financiero del Estado y su aligeramiento de sus compromisos con la política social. La operación se completó maniobrando la citación al Consejo Universitario (el órgano encargado, entre otras cosas, de reglamentar la vida interna de la institución) para que no asistieran los representantes estudiantiles, salvo quienes de antemano se sabía que estarían a favor del nuevo reglamento.

               Para justificarla, la medida es revestida, por un lado, con ropaje administrativo: se trataría de mejorar los ingresos propios de la universidad y con ello su situación financiera; por otro lado, se presenta como una política de “justicia social”: que quienes tienen más, paguen, y quienes no tienen, no paguen.

               El supuesto mejoramiento de los ingresos, que en el mejor de los casos representaría un 2 o 3 por ciento del presupuesto total de la institución, obliga a cuestionar si en verdad esas magnitudes justifican el sumergirla en un conflicto de grandes dimensiones como el que ha estallado y que era desde todo punto de vista previsible. ¿De verdad la institución sale ganando con la apertura de frentes de lucha internos, la división de su comunidad y la suspensión de labores, para obtener raquíticos ingresos adicionales?

               El segundo argumento, el del supuesto carácter justiciero del alza, es más difícil aún de sostener. Hace cerca de veinte años que se inició la reestructuración de la economía nacional para que, entre otras cosas, los consumidores paguen precios y tarifas reales, es decir, sin subsidios. Así ha ocurrido con las privatizaciones en gran parte del antiguo sector paraestatal: teléfonos, sistemas de riego, desaparición de Conasupo, carreteras y, si nos descuidamos, petroquímica y la electricidad. En todos los casos, los precios y tarifas se han elevado para los usuarios y el resultado es uno solo: hoy, México, es un país con más y no menos desigualdad social que hace dos décadas. La riqueza se ha concentrado y la pobreza difundido. El principio de introducir también la estratificación al interior de la educación pública, entre quienes paguen y quienes tengan que hacer votos de pobreza para no hacerlo, tiende a romper uno más de los eslabones del pacto social, a profundizar, aquí también en lo cultural e ideológico, la diferenciación entre los mexicanos. Es una reforma que, si no modifica la estructura social de la desigualdad, sí la eleva a nivel institucional.

La cuestión esencial, el problema propiamente universitario, es si el alza a las cuotas es en realidad la reforma primera que necesita la UNAM y, con ella, otras instituciones de educación superior. Estoy convencido de que una voluntad auténticamente reformadora no empezaría por plantear el tema de las cuotas sino otros aspectos más sustantivos de la vida universitaria. El plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, no se ha reformado en más de treinta años, y desde el rectorado de Pablo González Casanova (1970-1972), cuando se crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades y las Escuelas (hoy Facultades) de Estudios Profesionales para extender y descentralizar la educación, la estructura de la enseñanza no se ha modificado en lo fundamental, pero en cambio sí se ha venido reduciendo en los últimos años la matrícula. Durante la gestión de Guillermo Soberón (1973-1980) se fortaleció la investigación, pero con el efecto de aislarla de las funciones de docencia. Son problemas que necesitan ser repensados  a la luz de las nuevas realidades del país, la relación entre universidad y sociedad, etcétera, pero que en modo alguno se abordan con la sola modificación del RGP.

               Por ello es que la medida rectoral aparece como una provocación y como un producto químicamente puro del aparato autoritario de gobierno universitario. Un Consejo Universitario dominado por directores de escuelas, facultades e institutos designados por un órgano externo y aristocrático, la Junta de Gobierno, aprueba la propuesta de un rector en cuya designación tampoco se tomó en cuenta a la comunidad universitaria. En este caso, con la agravante de pasar por encima de los acuerdos del Congreso Universitario de 1990 y echando mano de la represión (el Tribunal Universitario, las amenazas de usar la fuerza pública, el lenguaje de linchamiento en declaraciones oficiales y medios de comunicación, etcétera) contra quienes se opongan activamente a la medida.

Las consecuencias que la modernización verticalista que el rectorado de Barnés promueve no se restringen a la institución que gobierna, sino que afectarían al conjunto del sistema educativo universitario del país, reforzando la tendencia a subordinar la función educativa y de investigación a los requerimientos de la valorización del capital y restringiendo la injerencia de los universitarios de todas partes en los asuntos de sus respectivas instituciones.

El movimiento de resistencia no defiende, así, ningún privilegio sino un derecho general, establecido inclusive en la Constitución de la República, que forma parte de lo que antaño solía llamarse justicia social. Al mismo tiempo, cuestiona activamente el autoritarismo que impregna en general las estructuras de gobierno, más burocráticas y oligárquicas que auténticamente académicas, en la más grande institución de educación superior e investigación del país. Contrariamente a lo que se cree y se propagandiza en el exterior, tales estructuras tienen poco que ver con una élite intelectual de excelencia y mucho con las de cualquier otro organismo burocratizado de grandes dimensiones. Y ese cuestionamiento es la primera condición para operar las reformas reales que la universidad necesita, las que la pongan a tono con los impulsos participativos y de actualización académica que emanan de la comunidad académica y estudiantil y que se ven frenados por los esquemas tecnocráticos de control político. La movilización, con el único recurso que la imposición de la impopular reforma administrativa dejó a los estudiantes, la suspensión de labores, sólo pone de manifiesto que el autoritarismo, si bien no desaparece de nuestro entorno y a veces se reproduce como las cabezas de la hidra, no tiene ya una presencia cómoda en ninguno de los ámbitos del país.

Morelia, Mich., 29 de abril de 1999.