Eduardo Nava Hernández

Pasada la elección, se ha iniciado la guerra informativa. Frente a los datos divulgados preliminarmente hasta el momento por los órganos electorales y por los principales partidos contendientes, conviene no actuar con apresuramiento, pues esté visto que en ningún caso serán universalmente acepta­das y que, más allá de ellas, se ha desatado ya una prolongada y difícil lucha post-electoral que abarcará la interposición de recursos, el entrecruzamiento de datos y denuncias ante la opinión pública, y movilizaciones callejeras. El presidente Salinas, sin esperar a los resultados oficia­les, asumió también una posición y se ha apresurado a virtualmente sancionar los comicios enviando sendas felicitaciones a Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua y a Eduardo Villaseñor Peña en Michoacán, a quienes los cómputos más preliminares dan por triunfadores en sus respectivos estados.

A la espera de resultados completos, confiables y definitivos que puedan alejar los riesgos de aquella lucha, es pasible ya un balance preliminar que señale diversos elementos, tomando sólo como referencia los datos parciales que ha aportado la CEE.

El aumento de la abstención. De seguirlas tendencias hasta ahora señaladas, habrán votado el l2 de julio un poco más de 800 mil ciudadanos de un padrón de 1’562,208. Es decir, apenas por encima del 50 por ciento y contrastando con el 61 por ciento que se anunció oficialmente habían sufragado en 1991 en Michoacán. Esto se refleja así mismo en que las tendencias de voto apuntan hacia una reducción tanto para el PRI como para el PRD en esta elección con respecto al año anterior. No deja de ser llamativo porque, como es cono­cido, las elecciones de gobernador y de presidentes municipales regularmente atraen más votantes que las de diputadas federa­les.

La elección estuvo lejos de ser limpia. Según testimonios de los observadores elec­torales y denuncias de los partidos y los ciudadanos, se recurrió otra vez en distintos lugares a las técnicas mía arcaicas de falseamiento de la elección: carruseles y acarreo de votantes, distribución de creden­ciales, robo de urnas, etcétera, además del intento de sabotaje contra el centro de cómputo de uno de los partidos. Muchas de estas irregularidades han sido ya denunciadas ante instancias competentes y ante la opi­nión pública, y resta por ver el proceso específico que puedan tener en el resultado de la elección.

Según parece, la votación priista en el estado podría llegar a los 400 mil votas, en el mejor de los casos; muy por debajo da los 506 mil que recabo en las elecciones federaba de 1991 y, desde lue­go, de las 720 mil que anuncio obtendría mediante su técnica de “ingeniería electo­ral” y promotores del voto. Todo indica que ésta no funcionó sino muy parcialmente. Aun cuando el PRI triunfe, no se habrá logrado una victoria tan aplastante como la que se vaticinaba por los distintos voceros del partido oficial ni extirpar al PRD como una fuerza considerable en el estado, con capacidad de convocatoria y movilización en prácticamente todas las regiones de la entidad.

Un aspecto que no se debe dejar de lado es el tocante al alto costo de las cam­pañas, sobre todo la del PRI. Una estima­ción publicada por la prensa extranjera, particularmente por el New York Times, y que no ha sido desmentida por el PRI ubica el costo de la campana de Eduardo Villaseñor en alrededor de 32 millones de dólares. Esa estimación ubicaría el costo de cada voto por el PRI en aproximadamente 78 dólares, es decir, entre 200 y 250 mil pesos, ello sin contar los apoyos embazadas que diversas dependencias oficiales hicieron a la campaña y el trabajo de funciona­rios comisionados a diversas taras con fines electorales. No sólo es de recogerse, en esa perspectiva, la recomendación de los observadores electorales de someter a auditoría a los partidos después de un pro­ceso electoral y ponerse límites económicos a las campañas, sino que deben asegurarse procedimientos de control efectivo de la sociedad sobre los recursos públicos para asegurar que no sean desviados hacia aqué­llas La elección de Michoacán es signo de los tiempos. El PRl y el Estado han buscado aquí salir al paso de una crisis política que, a pesar de las apariencias, no esté cerrada.

El partido oficial podrá triunfar en la elección, pero todo indica que, para hacerlo, ha tenido que comprar materialmente los votos de los michoacanos, especialmente de los sectores más débiles económicamente. Aun así, los resultadas no parecen ser óptimos más para el oficialismo, cuyo fin inmediato es sostenerse en el poder, pero no logró convencer sumados los abstencionistas y los votos de la oposición –a la mayoría de los ciudadanos. La sociedad michoacana y del resto del país, incluidos los mismos priistas, deberían cuestionaran acerca del alto costo que México esté pagando por sostener el régimen de partido de Estado y acerca del futuro de éste.

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 1992

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 15 de julio de 1992.