Eduardo Nava Hernández

Como en ninguna ocasión anterior, el esquema sucesorio del partido oficial y de su candidato Luis Donaldo Colosio, apuesta no sólo a recibir un poder íntegro y sin menoscabo, sino a convertirse en un verdadero continuador de la obra de su antecesor. Casi todos los anteriores candidatos presidenciales del oficialismo intentaron, en alguna medida, diferenciarse y distanciarse de sus antecesores inmediatos, e incorporar la promesa del cambio como parte de su oferta política.

     Ávila Camacho introdujo un viraje conservador a las reformas cardenistas; Miguel Alemán explotó su figura civil como enterradora del militarismo; Echeverría intentó distanciarse, aunque sólo simbólicamente, de la represión del sexenio diazordacista, y aplicar una simulación de apertura política; López Portillo buscó recuperar la confianza de la burguesía criticando los “excesos” y el “populismo” echeverrista que llevaron a la devaluación monetaria de 1976 que cerró el periodo del desarrollo estabilizador; De la Madrid fustigó durante su campaña la corrupción y despilfarro de su antecesor inmediato; Salinas ofreció reincorporar a la práctica del Estado la política social abandonada en el periodo delamadridista, así fuera con el en programa de tintes electoreros y mediatizadores como Solidaridad. Hasta ahora, en cambio Luis Donaldo Colosio ha basado su discurso de campaña, con un inusitado énfasis, en el ofrecimiento de dar continuidad a la política del sexenio de Salinas de Gortari, sin, prácticamente, perspectivas de introducir verdaderos cambios ni en lo económico ni en lo político.

     Hay razones para ello. Una, de carácter coyuntural, es que el salinismo puede jactarse de haber cumplido en lo fundamental sus perspectivas económicas: reducir la inflación, haber impulsado sin oposición considerable el programa de ajuste y estabilización macroeconómicos, sanear las finanzas públicas, culminar la reprivatización de los sectores más dinámicos, propiciar la inversión —aunque esto se haya dado, principalmente, en el sector financiero especulativo—, reactivar la economía y, como coronación, haber logrado la firma y ratificación del TLC. Pero hay otra razón, acaso de más peso, que explica el continuismo colosista: Colosio no sólo comparte por su origen político, formación y por propia convicción las tesis salinistas; ha sido seleccionado al interior del grupo más compacto y homogéneo que ha logrado el poder en el país a lo largo del periodo posrevolucionario, el núcleo de un verdadero proyecto estratégico de modernización del capitalismo mexicano.

     Ahora (aunque todo esto no nos era desconocido), ese grupo de convicciones neoliberales ha asumido la autodenominación de ser “la generación del cambio“, a la que el ahora candidato priista proclamó su pertenencia y definió desde el mismo día de su destape como “la generación encabezada por el presidente Salinas de Gortari, quien inició el proyecto […] de las grandes reformas, el de la reforma de la revolución”.

     No carece de significaciones el gesto de Colosio. Después de haber iniciado, en efecto, una transformación estructural de la economía mexicana, la tecnoburocracia salino-colosista busca asumir un rostro generacional que legitime su permanencia en el poder hasta el final del presente siglo y el inicio del próximo milenio. Al exterior, la oferta de continuidad quiere presentarse como el gran aval a la candidatura de Colosio, expresada por un funcionario de ese equipo, Angel Gurría, frente a inversionistas japoneses: “No habrá rompimiento entre la política de Salinas y la de su sucesor. Al contrario, Colosio garantiza 24 años de continuidad, pues su sucesor saldrá, en el año 2000, del mismo gabinete salinista. (…) Del equipo económico del presidente Colosio, que por supuesto serán los nombres de estos mismos ministros que hoy tenemos en otras posiciones, o que se están agregando a su campaña, saldrá el Presidente del año 2000 y tendrá también la misma visión, la misma dirección y la misma filosofía”.

     Al interior, esa élite modernizadora se lanza a la búsqueda de una nueva legitimidad política, que ya no es más la agotada herencia de la Revolución Mexicana, sino el orden y progreso reclamados por la clase capitalista, y plasmados en los cambios operados en el presente sexenio.

     Hace seis años, en al ascenso del movimiento neocardenista, la disputa ideológica se centró todavía en torno a la llamada herencia revolucionaria, cara al nacionalismo revolucionario con el que la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas se identificó. Para Adolfo Gilly, uno de sus voceros más destacados, “el hecho nuevo es que, no ya el PRI, sino la revolución mexicana se ha partido en dos, y desde nuestro lado le estamos disputando al Estado, al gobierno y al PRI lo más serio y profundo que se puede disputar en política: la legitimidad de esa herencia nacional“. El tiempo se encargó de mostrar lo poco que le interesó a Salinas de Gortari entrar en esa disputa histórico-ideológica. Sus referencias a Zapata (como a Juárez) en el Quinto Informe no pasan de ser una más de las bromas cínicas que caracterizan al sistema priista, al lado de la democracia y la justicia social. Ahora, sin embargo, el esfuerzo de la nueva oligarquía tecnoburocrática y financiera de perpetuarse en el poder reclama una autenticidad putativa, que intentará revestirse en las banderas, no ya de las generaciones míticas de la Revolución Mexicana, sino de la izquierda independiente de los últimos 25 años, como lo ha hecho ya con Solidaridad.

     El verdadero cambio, que está lejos de haber culminado, no se inició en 1988; ni siquiera en 1982, sino muchos años antes, en los esfuerzos independientes por transformar el orden político y social del que ahora se benefician los salinistas y colosistas.

     Son otras las generaciones que han participado en ese cambio, operado desde abajo a golpe de movilizaciones, luchas y enfrentamientos con lo que el PRI representa. Es en 1968 que hay que fechar el inicio del ciclo de transformaciones, no revolucionarias, pero constantes y consistentes, que han modificado el rostro, más de la sociedad que del Estado en México. La incorporación libertaria de esa generación a la política, inauguró las nuevas formas de la participación democrática y marcó el momento de quiebre o agotamiento de la legitimidad que le daba al Estado nacional su origen revolucionario. Por eso, casi nada fue igual después. Del lado del régimen oficial, el Estado se vio confrontado con una profunda crisis de legitimidad en la sociedad civil. Durante los años siguientes, la radicalización se expresó en los movimientos de masas, y también en las experiencias de lucha armada de los años setenta. Se asistió a un vastísimo proceso de reorganización y despliegue popular en casi todos los frentes: sindical (universitarios, electricistas, ferrocarrileros, nucleares y un sinnúmero de huelgas de sindicatos de la pequeña y la mediana industrias), campesino, urbano (Chihuahua, Monterrey, el D.F., Durango, entre otros).

     El aparato estatal y las clases dominantes, siguiendo los sacudimientos de la sociedad, tuvieron que iniciar también una lenta y aún hoy inacabada transformación conservadora, una reabsorción de las posiciones impugnadoras, con exclusión política de las masas: una dinámica de cambio y restauración. Si hoy la sociedad mexicana es en algún sentido más democrática y tolerante, ello aparece también como resultado de la movilización y sacrificio de los miembros de las generaciones de las tres últimas décadas, muchos de cuyos miembros siguen militando en posiciones independientes.

     La generación del cambio no es entonces, no puede ser aquella que, personificada en Salinas de Gortari y ahora en Colosio, ha consolidado un orden nacional de enorme injusticia y desigualdades sociales. No es el cambio que reclama el país el haber concentrado la riqueza como nunca antes desde el porfiriato, el haber impulsado la plutocracia más acaudalada de nuestra historia nacional, el haber revertido la reforma agraria, el haber fortalecido la acumulación privada a costa de los sectores estatal y social, el haber manipulado en gran escala la pobreza popular con fines electoreros, el burlar la voluntad política de los ciudadanos.

     El cambio al que ahora se adscribe el nuevo candidato del oficialismo, en extraño ejercicio de gatopardismo, es un cambio que no ha cambiado nada en la esencia del poder. Al respecto nosotros, sin embargo, no nos podemos confundir.

Morelia, Michoacán, 15 de diciembre de 1993.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 18 de diciembre de 1993.