Eduardo Nava Hernández

Como país, nos cubre la ignominia de que más de cincuenta millones de nuestros compatriotas viven aún en la pobreza; de ellos, entre 20 y 25 millones, en la pobreza extrema. Si en la ciudad los niveles de la indigencia son alarmantes, entre la población rural la situación es aún peor: 80 por ciento de ella se encuentra en esa situación que raya en lo inhumano. Con el comportamiento de la economía que muestran las tendencias, la mayoría de los mexicanos de las presentes generaciones no podrá, seguramente, salir de esa condición en el resto de sus vidas.

               Las frías cifras bastarían para mostrar la vía de desarrollo que México ha recorrido durante las últimas décadas. Pero, si en general la situación es exasperante, cargamos con la agravante de un racismo que ha concentrado en la población indígena los males de esa vía. De los pobres extremos que habitan el país, alrededor de la cuarta parte son indígenas; y casi todos los mexicanos que son indígenas se ubican en esa franja oprobiosa de la miseria a secas.

               Se trata, sí, de una herencia de la historia, cuyos antecedentes podrían encontrarse en la etapa colonial; pero mucho más que eso y antes que nada una, es una culpa de nuestro tiempo. Las recientes y presentes generaciones no hemos podido o no hemos querido dejar atrás esa historia y compartimos con ella la infamia de la explotación y opresión, no sobre mexicanos abstractos sino sobre un sector perfectamente identificado y localizable de ellos, los que se identifican por pertenecer a alguna de las 56 etnias originales de nuestro menguado territorio. Nada ha hecho el llamado régimen de la Revolución para superar, mediante la reeducación de la población mestiza y la dignificación de los indígenas de carne y hueso con los que convivimos, los prejuicios raciales, la vejación, el menosprecio y , en una palabra, la explotación a la que éstos están sometidos.

               Si nuestra historia cotidiana acostumbramos periodizarla por lustros o sexenios, por décadas en ocasiones, la de los indígenas se ha medido desde siempre por siglos. Todo indica que el vigésimo, que está por concluir, no será tampoco el que marque la superación de la situación en que la dominación europea de hace cinco centurias hundió a los pueblos indios. Masacrados por las guerras de conquista y diezmados por las enfermedades y la encomienda en el XVI; dispersados y discriminados en el XVII, ignorados en el XVIII, despojados de sus tierras en el XIX, los indios ingresaron al siglo XX sobre las ancas (o, como decían ellos, “pegados a la cola”) del caballo de Emiliano Zapata. Con él, estremecieron este mundo para ellos ajeno, como no lo habían hecho con ninguna de sus múltiples rebeliones en los siglos anteriores. Se ganaron así un lugar en la historia, pero no en una sociedad que aún los veja, humilla y explota. Han llegado a los tiempos de la posrevolución como objeto de demagogia y manipulación por los gobiernos que —con la notable excepción del de Lázaro Cárdenas—heredaron de sus predecesores, los liberales del siglo XIX, la idea de que al ser indígena no le queda otro camino que el de la integración, violenta o pacífica, a la sociedad mestiza, llamada “nacional”; su asimilación a la cultura occidental de la que aquélla es la mensajera subordinada. Es decir, que la desaparición del indio como tal; la negación de su identidad étnica, la pérdida de las características que le han permitido, pese a todo, sobrevivir hasta la actualidad, es la única forma que tiene de superar sus carencias sociales, atribuidas a su cultura y nunca a la sociedad que lo oprime.

               Esas concepciones podían parecer obvias en el siglo pasado. No lo son en la actualidad.

               Ubicar en su perspectiva histórica la Consulta del EZLN es lo que le da sentido a su contenido. Que se tenga que realizar un esfuerzo de movilización de la magnitud que ésta ha implicado, y preguntar a esa sociedad “nacional” si respalda lo que ya está garantizado en lo general en la Constitución (los derechos de los pueblos indígenas) no es sino un dramático testimonio de su incumplimiento. Que se tenga que preguntar a la población si está de acuerdo con que los acuerdos pactados por el gobierno federal sean cumplidos, es una vergüenza para éste. Que se tenga que consultar si los problemas con nuestros pueblos indígenas de Chiapas deben tratarse mediante la negociación, previa desmilitarización del estado, es un reclamo que golpea a la sociedad entera y debe conmoverla. Que el secretario de Gobernación de la República crea que de antemano los resultados de la Consulta están dados, es un indicador de que no ha entendido ni está en capacidad de entender nada acerca de lo que pasa en su país, ni por qué múltiples y profundas vías corre la política en éste.

               Hay dos maneras de ver, creo, la Consulta zapatista. Una, esperará a ver los resultados numéricos, la respuesta popular, los porcentajes de aceptación a la misma y a sus preguntas entre la población en general, para señalarla como un fracaso o como una obviedad. De todos modos, hay quienes se han adelantado a hacerlo sin esperar siquiera los resultados.

               Para la otra visión, que concibe la Consulta no como una expresión acabada de la democracia sino como un germen de lo que la democracia puede ser, los resultados de la Consulta no dependen de los números y los porcentajes, porque ella misma es ya un efecto, no una premisa. La Consulta es un efecto mediato, en primer lugar, del incumplimiento de los acuerdos que el gobierno mexicano firmó y —el horror de Acteal de por medio— ha tratado de desconocer de muchas maneras. En lo mediato, la Consulta es el producto del permanente incumplimiento de los derechos que en el papel el artículo 4 de la Constitución otorga, pero que los gobernantes no han cumplido, por acción u omisión, a pesar de haber protestado su cumplimiento al asumir el cargo.

               La Consulta es, también y sobre todo, una expresión más de la voluntad del zapatismo de resolver el conflicto en Chiapas pacíficamente y a través de la negociación. Como la Convención Nacional Democrática de agosto de 1994 y otros esfuerzos de organización civil del zapatismo, es la Consulta un intento más de hacer de la sociedad nacional una caja de resonancia y un clarín para llamar la atención sobre una situación que el país entero no puede soportar más sin escindirse.

               Para el gobierno nacional, el tema más polémico es el de la autonomía de los pueblos indígenas, pactada en los Acuerdos de San Andrés, y a la que ahora quiere presentar como peligrosa para la unidad de la nación. En realidad, el verdadero riesgo es otro: radica en la situación de pobreza y marginación extremas, de insoportable explotación en que viven no sólo los millones de indígenas sino una parte virtualmente mayoritaria del país. Es esa situación la que ha escindido ya verticalmente a la nación mexicana, ahondando cada vez más las diferencias entre la opulencia de los pocos a los que ese gobierno sirve y la miseria de los muchos que lo padecen. Lo que atenta contra la unidad nacional es la reproducción de las grandes contradicciones sociales que empiezan a expresarse ya con rudeza con el alzamiento zapatista en Chiapas, otros brotes de lucha armada y, sobre todo, la violencia cotidiana que envuelve al ciudadano común en las calles de todas las ciudades del país.

               La autonomía que los pueblos indígenas reclaman es una vía, como el fortalecimiento municipal y del federalismo, como el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a organizarse, como la perpetuamente conculcada libertad sindical, para regenerar el tejido de esta maltrecha y escindida sociedad. La Consulta, que refuerza esos fines de reconstrucción social, es sólo un medio para recuperar la vitalidad social en ese sentido. Independientemente de sus resultados numéricos, es una expresión de la superioridad moral de quienes se oponen a la barbarie, la que se ejerce desde siempre contra los pueblos y culturas indígenas y contra la sociedad en general a la que éstos han comprendido que pertenecen. Acudir a su llamado es cumplir con nuestra cita, la de todos, con la historia.

Morelia, Mich., 17 de marzo de 1999.