Eduardo Nava Hernández

El resultado de las elecciones del pasado 6 de julio, la conformación del Poder Legislativo que de él se deriva y la nueva geografía política que se ha dibujado sobre el mapa del país se pueden sintetizar en una sola fórmula: redistribución del poder.

     Que el PRI no alcanzara la ansiada mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, fuera arrollado en el Distrito Federal y perdiera los estratégicos gobiernos de Querétaro y Nuevo León así como múltiples distritos electorales, ha sido la señal del ocaso del régimen de partido hegemónico vigente durante casi siete décadas. Curiosamente, y en oposición a lo que muchos comentaristas y partidarios del todo o nada sostenían hasta hace poco, el vuelco no se produjo en elecciones presidenciales, sino en las antes despreciadas intermedias. La crisis económica de 1995, los asesinatos y escándalos políticos, el desencanto con el frenesí salinista, hoy convertido en su contrario, y la ineficacia social del presente gobierno son los elementos de mayor peso en el dramático y a la vez feliz desenlace de los comicios.

     El 6 de julio se expresó políticamente la pluralidad que desde hace mucho ya existía en el seno de la sociedad mexicana pero que el régimen se negaba a reconocer políticamente, a través de las fórmulas de sobrerrepresentación del partido hegemónico.

     Es exagerado hablar, sin embargo, de una revolución de terciopelo; sigue siendo mucho más apropiado referirse a una transición prolongada que paso a paso ha ido forzando los cambios desde un sistema autoritario a una democracia liberal abierta. No se derrumbó el régimen en su conjunto sino sólo uno de sus pilares de legitimidad: el partido oficial.

     Sigue vigente, en muchos sentidos, el otro aspecto crucial, el presidencialismo, que todos vimos actuante en el activismo febril emprendido por Ernesto Zedillo en las semanas previas a la elección para fortalecer a su partido. Ese presidencialismo seguramente será moderado por la nueva presencia opositora en el Congreso y por el mayor número de gubernaturas y presidencias municipales en manos de otros partidos, pero no ha desaparecido.

     El arribo a una nueva ecuación de poder depende, a partir de ahora, de lo que logre hacer el Poder Legislativo. A éste le corresponde, en congruencia con los sentimientos nacionales expresados a través del sufragio, consolidar la reforma del federalismo, ofrecida desde enero de 1995 y que no se ha podido concretar constitucionalmente. Es ineludible profundizar el doble movimiento que esta reforma implica: la descentralización y fortalecimiento de las atribuciones y recursos fiscales hacia las entidades y municipios —incluido ahora el Distrito Federal, tan contundentemente opositor—, y la reformulación del propio pacto federal como mecanismo de compensación en favor de las regiones social y económicamente más atrasadas.

     Desafortunadamente, en las reformas políticas ha habido a este respecto avances y retrocesos. La nueva composición del Senado de la República, que incluye la representación proporcional por listas plurinominales, ha venido a romper con el principio de la representación igualitaria de las entidades federadas, y ello podría trocarse en un obstáculo a la realización del nuevo pacto republicano.

     La otra vertiente de la democratización toca más bien a la sociedad y a la oposición. Herido ya el sistema de partido oficial, es inaplazable desarticular el corporativismo de las organizaciones sindicales, campesinas y populares controladas por el gobierno y las burocracias de poder, y proceder a su democratización interna. Será una tarea un tanto más prolongada y difícil que la de expresarse en la jornada electoral, pero, seguramente, más definitiva para la transición democrática.

Coyoacán, D.F., 16 de julio de 1997