Eduardo Nava Hernández

El triunfo de la planilla confeccionada por el rector Jaime Hernández para asumir en alianza con el ex dirigente Domingo Acuña Pardo el control cabal del sindicato de profesores en la UMSNH trasciende al mero relevo de una dirección sindical, pues viene a colocar en serio riesgo los logros y prestaciones de un destacamento de la clase trabajadora que desde los años setenta sobresalió en la lucha por romper el control oficial sobre los asalariados. Si un rector cuyo periodo está a punto de expirar sin haber logrado el más anunciado de sus propósitos, la reforma universitaria, ni ningún avance académico sustancial, se volcó con entusiasmo tal a organizar el relevo sindical y a patrocinar a los flamantes dirigentes de los académicos, ello no obedece tan sólo a sus simpatías personales por los herederos políticos del mayor desfalcador en la historia sindical, sino a una razón más de fondo: “dejar las bases”, como lo anunció ante el Consejo Universitario el pasado 30 de mayo, para que su sucesor “resuelva” el así considerado problema de las pensiones jubilatorias en la Universidad.

            El por qué los profesores votaron mayoritariamente por la opción más alejada de la protección y defensa de su interés colectivo como gremio tendría que ser materia de otro análisis; pero con ello, a 30 años de su fundación como un sindicato independiente con un programa laboral reivindicativo, el SPUM se ha encaminado decididamente a poner en riesgo la prestación que representan las jubilaciones. Ahora, con una dirección sindical que de antemano ha pactado su alianza con la Rectoría y que defenderá las prestaciones contractuales “hasta donde sea posible”, Jaime Hernández Díaz o su sucesor presentarán con mayor facilidad en la próxima revisión contractual una propuesta para la modificación del régimen de jubilaciones y el hoy rector se habrá anotado puntos para ocupar algún futuro cargo público en cualquier gobierno que bien aprecie su cumplimiento con el credo económico del neoliberalismo.

            Los argumentos para proponer la reforma del sistema de pensiones son bastante conocidos porque se las ha dado amplia difusión en distintos foros, y alcanzan niveles de simplificación y superficialidad impresionantes, como aquéllos en que se maneja el reciente artículo de Jaime Rivera Velázquez “La aritmética de las pensiones” (Cambio de Michoacán, 1 de junio). Las pensiones jubilatorias, se dice, constituyen una porción creciente del presupuesto de la Universidad Michoacana, que hoy alcanza ya el 15 ó 16 por ciento. De proseguir esa tendencia creciente, se concluye que los trabajadores jubilados serán en pocos años los responsables de la quiebra financiera de la Universidad. Conforme a los argumentos de Jaime Rivera —en este punto, un oficioso vocero de su tocayo Hernández Díaz— esa culpabilidad se evidencia en el “egoísmo gremial e ignorancia” que hasta ahora los ha llevado a defender las condiciones laborales y de retiro ya pactadas en los contratos colectivos de trabajo. Los empleados y profesores se encuentran en un sector  “privilegiado y subsidiado. Laboran solamente 25 años, se retiran en promedio cerca de los 50 años de edad, perciben aproximadamente el 75 por ciento de su último sueldo y pueden sobrevivir a su retiro, en promedio, cerca de 20 años”. Por añadidura, su pensión vitalicia “corre por cuenta de la Universidad”, es decir, “de los contribuyentes y el pueblo en general”, puesto que no aportan de su sueldo para constituir su fondo de retiro.

            La forma más fácil de presentar convincentemente el problema es tratarlo como si fuera un razonamiento aritmético, “más allá de la ideología y la política”, y no un resultado de la correlación de fuerzas entre las diferentes clases y grupos de la sociedad. De lo que se está tratando, en realidad, es del gran tema económico de nuestro inicio de siglo, no el de la producción sino (Amartia Sen, Forrester, Stiglitz) el de la distribución de la riqueza entre las clases —con sus componentes, tanto formales como informales, asalariados o no— que generan cotidianamente dicha riqueza, y el gran capital. En nuestro caso, si se suponen los recursos universitarios como un monto fijo y dado para siempre, se puede concluir con Perogrullo que el aumento del número de jubilados consume crecientemente el presupuesto asignado a la institución. Pero ese supuesto, compartido genéricamente por Jaime Hernández y Jaime Rivera, implica renunciar a toda crítica a una política económica que dista mucho de canalizar al sector educativo, particularmente a la educación superior, los estándares considerados mínimos satisfactorios, es decir el 8 por ciento y el 1.5 por ciento del PIB respectivamente. Como se sabe, tales mínimos fueron uno más de los compromisos de campaña incumplidos por el presidente Fox, quien vetó la reforma al artículo 25 de la Ley de General Educación que tendía a darle ejecución. El presupuesto universitario es un monto limitado no por escasez de recursos sino porque la sociedad no ha tenido capacidad para imponer a los gobernantes una mejor asignación de los recursos a la educación.

            Porque una política gubernamental como la que tenemos, que ha priorizado, como en el Fobaproa–IPAB, el rescate del 10 por ciento más elevado de los ahorradores de la banca, a quienes se ha destinado el 96 por ciento de la deuda pública por ese concepto, que hoy asciende a más de 1 billón 300 mil millones de pesos (La Jornada, 28 de mayo de 2006, Pág. 24), se convierte en el instrumento decisivo para modificar la distribución del ingreso a favor de los segmentos más ricos de la sociedad. En los parámetros de esa política, la mejoría de los trabajadores depende únicamente de la derrama que espontánea y paulatinamente produzca la acumulación del capital, sin ninguna intervención regulatoria o moduladora por parte del poder publico.

            La convicción neoliberal —hay que decirlo así— del rector y de Jaime Rivera estriba en lo siguiente: para ellos el trabajador asalariado debe trabajar hasta el agotamiento de sus fuerzas y retirarse en los últimos años de su vida, cuando su productividad y su salud hayan menguado, muy probablemente sólo para ocuparse de sus enfermedades. Además, para disfrutar de una pensión jubilatoria, debe haber realizado a lo largo de su vida laboral activa aportaciones individuales a su propio fondo de retiro. Otra condición, como la que está pactada en la actualidad, es un “privilegio”; para eliminarlo hay una fórmula ya sabida: prolongar el periodo de vida laboral del trabajador (de 25 a 30 ó 35 años, quizás) y obligarlo a hacer aportaciones para un fondo de retiro individualizado, administrado de manera institucional. Para ello se ha emprendido, acorde con los grandes lineamientos de la ideología neoliberal, una verdadera cruzada que ve en los jubilados a los culpables de la mala administración y ausencia de planeación, y una amenaza contra a institución misma.

            El régimen de jubilaciones de la Universidad Michoacana corresponde a un periodo del desarrollo en que las luchas de los trabajadores en los más diversos frentes llevaron al reconocimiento de derechos —no privilegios— para los sectores más calificados de la fuerza de trabajo, y que sin generalizarse al conjunto de la clase obrera, han podido conservarse en virtud de factores particulares. La historia de la Universidad, su trayectoria ideológica izquierdista y su tradición como una casa de estudios con vocación social, han contribuido a que se mantengan favorablemente las condiciones laborales, entre ellas la de la jubilación. Pero de ello no se desprende, más que en el terreno de la “aritmética elemental”, que las pensiones jubilatorias sean un problema de suma cero, donde hay que quitarle recursos a las funciones educativas para cumplir los compromisos laborales. Las limitaciones presupuestales de la Universidad provienen de otras fuentes bien identificables: el Estado en la era del capitalismo salvaje ha abdicado de sus compromisos sociales, entre ellos la educación y la mejoría de las condiciones de trabajo, a las que concibe como limitantes al proceso de acumulación privada.

            En el periodo del recién concluido Comité Ejecutivo del SPUM el sindicato planteó en la mesa de negociaciones diversas medidas para reducir en el mediano y largo plazo la carga financiera de las pensiones sobre el presupuesto de la Universidad, medidas que la Rectoría se negó a discutir hasta que ella misma presentara una propuesta “integral”, hasta hoy desconocida pero seguramente orientada por los dos ejes arriba mencionados. Esas medidas se centrarían en lo esencial en estimular, conservando los derechos laborales ya adquiridos, la permanencia en la Universidad de los docentes e investigadores por un mayor número de años. Entre ellas, incrementar la prima de antigüedad más allá de los 25 años (ahora se congela), ampliar el sistema de estímulos a los trabajadores docentes (actualmente se plantea excluir de él a quienes no tengan al menos el grado de maestría), elevar sustancialmente algunas prestaciones como el reconocimiento profesional (Día del Maestro) y los hoy exiguos bonos de antigüedad a quienes han cumplido más de 25 años de trabajo, y sobre todo perfeccionarse el hasta ahora inoperante Convenio Cuatro para estimular a los maestros que no se jubilan eliminando las trabas burocráticas a su aplicación. Además de permitir la retención de un buen número de profesores con experiencia y en aptitud de trabajar, todo ello resultaría más barato a la Universidad que contratar nuevo personal académico, el que hoy se multiplica generando costos nuevos como los de las prestaciones de ley.

            Pero además es falso que los trabajadores universitarios no aportan a su fondo de retiro. Lo han venido haciendo desde hace treinta años con sus bajos sueldos, que son un verdadero subsidio, no individual sino colectivo, al capital social —que se beneficia de la mano de obra calificada que egresa del sistema de educación superior— y a las finanzas del sector público. Pero de ello no se va a convencer Jaime Rivera, que no va más allá del razonamiento de que dos y dos son cuatro, y para  quien el sistema de pensiones tiene que ser individualizado, y no colectivo, con responsabilidad social y estatal, y de solidaridad intergeneracional, como el que históricamente ha operado y que por fortuna aún conservamos.

            Si cualquier reforma que se plantee al régimen de jubilaciones representa un retroceso laboral es porque terminará constituyendo —algo que los sindicatos no pueden permitir— dos niveles de trabajadores, con diferentes prestaciones y perspectivas laborales. Es decir, profesores de primera y se segunda, que vendrían a estratificar a las organizaciones sindicales.

            El tema de las jubilaciones, pues, no puede tratarse en sí mismo, al margen de un reordenamiento general de las finanzas universitarias. No esperaríamos ya conocer cuanto se gasta la administración universitaria en apadrinar planillas sindicales, pero sí, al menos, cómo se otorga el financiamiento a las casas estudiantiles, que en el último periodo se han multiplicado sin obedecer a ninguna planeación, y que sin distingos reciben presupuesto, aun aquellas directamente vinculadas a partidos políticos y organizaciones extrauniversitarias. O a cuánto ascienden los sueldos de los altos funcionarios de la Universidad, o cuánto se les pagará mensualmente como sobresueldos a los dirigentes del sindicato de profesores. Mientras todo ello no se incluya en un amplio y democrático debate, digno ese sí de  ser implicado dentro de una verdadera reforma universitaria, los ataques aislados al sistema de jubilaciones seguirán dando la impresión de que se buscan chivos expiatorios para encubrir un desorden financiero mucho más amplio.

            El debate, pues, está abierto. No dudemos que en las próximas revisiones contractuales, con un nuevo rector y con nuevos comités ejecutivos al frente de los dos sindicatos universitarios, se intente liquidar el sistema de jubilaciones, y que los operadores de la política neoliberal en la Universidad echen su resto para lograrlo. Los trabajadores tendrán que mantener su unidad, por encima de diferencias políticas e ideológicas, para resistir a lo que representaría un nuevo e histórico retroceso en sus condiciones laborales y de vida.

Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2006

*Artículo publicado en Cambio de Michoacán, 7 de junio de 2006.