Eduardo Nava Hernández

La presencia del gobierno de Israel, empresas y capitales de ese país se ha venido consolidando en México desde hace decenios. Ahora no como hechos incidentales o aislados sino bajo patrones sistemáticos más o menos establecidos. El propio gobierno federal de Claudia Sheinbaum, como se comentó aquí en un artículo anterior, ha hecho de empresas israelíes el segundo proveedor de armamento para las fuerzas armadas y policías mexicanas, y los organismos de seguridad de ese país también están presentes en la capacitación y asesoría a los órganos mexicanos de inteligencia.

            Algunos gobiernos estatales también han venido estableciendo relaciones o contratos con empresas de Israel en diversos campos, desde luego, con erogaciones de las finanzas de esas entidades. El caso más difundido y debatido ha sido, hasta ahora, el del acuerdo de cooperación firmado en febrero de 2023 para el manejo y uso eficiente del agua entre la Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV), que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Ese convenio ha sido criticado y repudiado por organizaciones sociales como Chihuahua Intifada, Salvemos a los Cerros de Chihuahua y la Asamblea Feminista, que el pasado 1 de agosto se manifestaron en la capital del Estado denunciando el genocidio israelí en Gaza, en el contexto de movilizaciones en diversos lugares del país con ese motivo. Acusaron al gobierno estatal de sionismo y de complicidad con los crímenes cometidos contra la población palestina.

            El mencionado acuerdo tiene como propósitos “el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas hídricos a implementarse en situaciones de crisis y condiciones críticas, por medio de la transferencia de conocimiento y tecnologías exitosas en el Estado de Israel”.  Fue firmado por el director ejecutivo de la JCAS Mario Mata Carrasco y el embajador de Israel en México, Zvi Tal. El antecedente del contrato con MASHAV se puede ubicar en un convenio firmado en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dirigida por David Korenfeld, y el director ejecutivo de Mekorot, empresa del agua del Estado de Israel.

            Entre las tecnologías no bélicas que Israel ha desarrollado están las del manejo y uso óptimo del recurso acuático, con sistemas de riego ahorradores y aparatos avanzados de reciclamiento. Pero no debe ser la única opción para establecer tratos, cuando otros países como Australia, Singapur y los Países Bajos tienen desarrollos tecnológicos similares, sin estar involucrados en crímenes de guerra ni en una política expansionista como el Estado sionista.

Además, el convenio firmado por el organismo chihuahuense ha sido señalado como ilegal, pues el gobierno panista de María Eugenia Campos no informó de él, como la ley prevé, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) para su aprobación, ni se inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID). Se trata de una violación a la Ley sobre la Celebración de Tratados. El caso es más delicado, tratándose del agua, un recurso propiedad de la nación que es manejado por un organismo federal, la Comisión Nacional del Agua (La Jornada, 21 de mayo de 2021 https://n9.cl/92evzm).

También el gobierno del morenista Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas ha estrechado su relación con el gobierno de Benjamin Netanyahu para asuntos de seguridad. El 27 de mayo pasado la cónsul israelí Hila Burg Silberstein visitó Tuxtla Gutiérrez, donde se entrevistó con el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo Óscar Alberto Aparicio Avendaño para “fortalecer alianzas estratégicas”, dijeron. No se conocen detalles de lo tratado ni se anunció qué medidas en concreto derivarán de esa reunión. Es la Secretaría de la Defensa Nacional la que hace las compras de armamento y lo entrega a las policías de los Estados; pero eso no impide que los gobernadores busquen por su cuenta acuerdos en materia de seguridad y adquisición de equipos con el extranjero. En el caso de Chiapas, la Coordinadora por Palestina ha llamado la atención sobre los posibles alcances que podría tener el acercamiento del gobierno estatal con la potencia genocida del Medio Oriente.

La misma Secretaría de Seguridad difundió que “el encuentro formó parte de una estrategia del gobierno estatal para mantener comunicación con representaciones diplomáticas acreditadas en México y dar a conocer su panorama de seguridad”. La diplomática israelí no sólo manifestó su satisfacción de visitar Chiapas sintiendo un ambiente seguro, sino comentó que espera mantener la relación institucional y explorar posibles proyectos de cooperación https://n9.cl/t3zldy. Al gobernador Ramírez Aguilar le interesa presumir supuestos avances de su entidad en ese renglón.

Pero este no fue el primer contacto entre las instancias de seguridad chiapaneca y funcionarios israelíes. Desde 2016, durante el gobierno de Manuel Velasco (PVEM), el entonces secretario de Seguridad, actualmente fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con el entonces titular de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT), Mishel Ben Baruch, con la misma temática de “defensa y seguridad”. Ben Baruch visitó el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, conocido como C4i. En 2023, especialistas en información e “inteligencia” de Israel instalaron nuevos equipos de “monitoreo de riesgos en municipios como Ocozocoautla, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil. En el evento de instalación se señaló que los riesgos no eran sólo los fenómenos meteorológicos, sino relativos a la acción de grupos armados. Eso significa que, a través de esos equipos tecnológicos, organismos del gobierno israelí podrían recabar información de la situación en municipios chiapanecos y tener injerencia sobre la seguridad de la población ahí. ¿Por “grupos armados” se referían a los paramilitares y bandas delincuenciales o al EZLN?

La actividad israelí en el sureste mexicano no se limita a esa aportación tecnológica. Desde hace años pobladores de la comunidad Loma Bonita, del municipio Maravilla Tenejapa han denunciado que el Río Santo Domingo, en la frontera, ha sido usado para entrenar soldados mexicanos con presencia de los sionistas. Un soldado, Yanai Rimón, de 25 años de edad, fue arrastrado en noviembre de 2021 por la corriente del mismo rio y perdió la vida. Y los activistas de la entidad han expuesto que hay soldados egresados de Israel participando en la Misión Yotam haciendo visitas “culturales” a las escuelas para difundir los valores de esa nación. En mayo de este año, organizaciones de “amigos de Israel” celebraron en Tuxtla Gutiérrez el 70º aniversario de la “Independencia” del Estado de Israel (Ángeles Mariscal en Chiapas Paralelo, 27 de mayo de 2026 https://n9.cl/ibc8qh).

Y en enero pasado también visitó Chiapas el teniente coronel Yaron Elyashiv, agregado de la Policía de Israel en América Latina. Se dijo que se trataba de “intercambiar experiencias en materia de seguridad pública y fortalecimiento de los trabajos de inteligencia”.

            Sobre la Misión Yotam, integrada por soldados jóvenes israelíes retirados del frente, para “enseñar inglés a los niños e instruirlos en ciencias, música, higiene personal y técnicas de lucha Krav Magá”, y que inició a operar en México en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital en 2017, puede consultarse el reportaje de Temoris Grecko y Leonardo Toledo en Mundo Abierto, 22 de mayo de 2025 https://n9.cl/1tv8ct.

            Mientras tanto, en Puebla, el gobierno de Alejandro Armenta ha adquirido vehículos militares Black Mamba APC SandCat, fabricados en México por las empresas TPS Armoring y Epel Tácticos, similares al israelí SandCat que el Ejército de Israel emplea en Cisjordania y Gaza para hostigar y detener a los habitantes de esas regiones palestinas. Armenta los ha empleado en San José Chiapa contra los pobladores e integrantes del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida que se oponen a la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular (Podecibi), que reciclará de residuos de todo tipo. Así lo han denunciado activistas de diversas organizaciones de México y otros países que reprueban “que México se vuelva cómplice “al reproducir, adquirir y utilizar esas armas y técnicas de guerra y exterminio contra sus propios pueblos”. “Al normalizar y desplegar tecnología militar de linaje israelí para cometer sus propios crímenes (invadir los territorios campesinos e indígenas) —agregan—, México se coloca en la cadena de complicidad. La presidenta Sheinbaum y el gobernador Armenta ven a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas como espacio vacío, destinado a zonas de sacrificio y de extracción” (Gabriela Hernández en Proceso, 14 de julio de 2026 https://n9.cl/0u8n0).

            El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán no queda a la zaga para establecer contratos con las empresas de seguridad del sionismo. El 6 de octubre de 2025 anunció haber integrado a la empresa Kabat One en el desarrollo del proyecto C5 SITEC, que ha instalado nuevos dispositivos para ese centro de operaciones que conecta al Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación con sede en Morelia, con subcentros regionales y corporaciones policiacas municipales. El proyecto abarca la renovación de 13 subcentros regionales de monitoreo; rehabilitación de más de 1 300 Puntos de Monitoreo Inteligente; una red de microondas en 19 sitios estratégicos; casi 6 mil cámaras de videovigilancia, 56 arcos carreteros con lectura de placas y una red de radiocomunicación digital P25 para cuerpos de seguridad.

El Grupo Kabat es “una empresa mexicana dedicada al rubro de seguridad privada, custodia de mercancías, blindaje de vehículos, vigilancia electrónica y soluciones de seguridad tecnológica”, y en su página de Internet señala que Kabat One fue desarrollada “por nuestro equipo en México e Israel”. Esta firma ha desarrollado proyectos tecnológicos, de vigilancia y control de emergencias, en Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, Guadalajara y Michoacán.

Otra compañía participante en el proyecto es CityShob, una empresa israelí especializada en “integrar y analizar datos de diversas fuentes para mejorar la seguridad, eficiencia y calidad de vida urbana”. Fue fundada en Israel, y ha participado en el desarrollo de “ciudades inteligentes”. Según la información que difunde, es una plataforma que “permite la integración de datos provenientes de sensores, cámaras, redes sociales, dispositivos IoT y sistemas GIS, facilitando una visión unificada de la ciudad para una gestión más eficiente y proactiva” (Gilbert Gil Yáñez, en en15dias.com, octubre de 2025 (https://n9.cl/kjg5a).

Recientemente, el Gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca, por su parte, adquirió a través de la Sedena 75 rifles de asalto modelo Arad, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), propiedad del empresario israelí Samy Katsav, que es una de las principales proveedoras de las Fuerzas de Defensa israelíes.

La organización defensora de derechos digitales R3D ha denunciado que, al menos desde 2017, los gobiernos de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas han adquirido tecnología israelí de ciberseguridad, sin importar que los recursos fiscales de esas entidades estén alimentando la represión genocida en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. Esos equipos han sido empleados, como en Aguascalientes, para identificar mediante reconocimiento facial a feministas que participaron en la marcha del 8 de Marzo de 2021, las que fueron intimidadas luego por la policía estatal, según lo reporta R3D en su informe “No nos vean la cara”, de mayo de 2025. Al igual que el dispositivo Pegasus, que durante los gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador emplearon diversas dependencias del gobierno federal (Sedena, FGR, Cisen-CNI) para espiar a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, esta tecnología se vuelve contra la población civil limitando su libertad de manifestación y de movimiento.

Más allá del equipo de ciberseguridad y espionaje, empresas israelíes como Netafim también han vendido en México otras tecnologías, en este caso para el riego por goteo que se aplica en cultivos como el maíz en Culiacán y el brócoli en Tangancícuaro, Michoacán. Netafim también estará participando, entre 150 empresas invitadas, en la Reunión Internacional de Minería que se realizó en Zacatecas en junio de este año (Dulce Olvera en sin embargo.mx, 26 de octubre de 2025 https://n9.cl/bvf9en).

Así, las empresas tecnológicas, pero también los organismos gubernamentales y hasta las fuerzas armadas israelíes han estado penetrando paulatinamente, pero sin pausa, en nuestros gobiernos y en la sociedad mexicana. Además de que los recursos del país están contribuyendo a través de empresas de Israel a la campaña de exterminio y limpieza étnica que su país desarrolla en Gaza y a la ocupación de territorios en Líbano y Cisjordania con vistas a constituir lo que llaman el Gran Israel, por medio de la difusión pretendidamente cultural se está generando en sectores de la sociedad una percepción menos adversa de ese Estado genocida. Además, a través de la tecnología instalada por esos consorcios del sionismo, es factible que se esté acopiando información sensible, incluso estratégica acerca del territorio mexicano y su población, como en otros países de nuestro continente y del mundo. Los mexicanos debemos cobrar conciencia de todo ello y reaccionar para que esos procesos de internación estratégica no avancen más.

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2026.

*Artículo publicado en el portal Rebelión, y el diario digital Cambio de Michoacán, 11 de septiembre de 2026.