Eduardo Nava Hernández

Tres funcionarios públicos muertos en condiciones aún inexplicadas, doce dirigentes sindicales y asesores legales presos, doce mil trabajadores despedidos, la concesión de diversas rutas a la empresa privada aun antes de que se haya liquidado la empresa pública, la supresión o acortamiento de otras, infinidad de violaciones a las legislaciones laboral y mercantil, ningún ex director llamado a cuentas, ni un solo peso recuperado de los que —por millones, se dice— fueron defraudados en el pasado, decenas de marchas por las calles de la ciudad, la reactualización de los contratos colectivos de protección y ningún beneficio visible para los usuarios son el balance, hasta el momento, de la sangrienta y conflictiva reestructuración del transporte urbano iniciado intempestivamente por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal.

     A lo largo del proceso, lo único que ha quedado más que clarificado es la decisión política de las autoridades metropolitanas de acabar con el sindicato independiente de trabajadores de Ruta 100. Ninguna ilegalidad se ha escatimado con ese objetivo: una quiebra simulada, el despido arbitrario de los trabajadores, la anulación de facto del contrato colectivo vigente, el allanamiento y robo al local del sindicato, liquidaciones unilateralmente establecidas con base en la inaplicable Ley de Quiebras y no conforme a los derechos pactados, las consignas a jueces y magistrados para obtener de ellos injustificadas órdenes de aprehensión, el encarcelamiento de dirigentes pasando por sobre un amparo y ahora el asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga, que viene a sumarse a las extrañas muertes del que fuera director de Transporte, Luis Miguel Moreno, y del agente del Ministerio Público Jesús Priego Chávez.

     El homicidio del magistrado estremece nuevamente a la conciencia social porque, como se ha dicho, fue un crimen anunciado. El propio Polo Uscanga denunció en su momento ante las autoridades y ante diversos medios de comunicación las amenazas, intimidaciones y lesiones que estaba recibiendo por desconocidos. En las vísperas de su muerte, presintiendo el inminente riesgo que su vida corría, escribió una carta inculpatoria contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Saturnino Agüero, a quien había denunciado por presionarlo bajo consigna del Regente. Ahora sabemos, también, que Polo confió a sus amigos más íntimos el tener pruebas de la corrupción del titular del máximo órgano de justicia en la capital de la República. Saturnino Agüero ha ejercido durante su ejercicio presiones ilegítimas y chantajes al resto de los magistrados, ha dado muestras de su servilismo frente al Ejecutivo y ha logrado acumular en una cuenta bancaria 500 millones de nuevos pesos.

     El asesinato de Polo Uscanga y sus antecedentes detonan dramáticamente la crisis del Poder Judicial, que viene a sumarse a la del Ejecutivo con su evidente debilidad y erráticas actuaciones, y a la del Legislativo, abierta con la aprobación priísta del incremento al IVA en marzo de este año. Es sin duda alguna un asesinato político más. Si la decisión de su muerte se tomó en algún lugar al interior del aparato de Estado, estamos ante un poder acorralado, que no encuentra otra salida que la represión y que envía a la sociedad un mensaje inequívoco: la disidencia externa será combatida con el encarcelamiento, la que se genere dentro del propio aparato, con la muerte. Si el crimen fue organizado al margen del Estado, estamos ante la emergencia de poderes paralelos que desafían abiertamente a la acción de la justicia y que actúan confiados en la impunidad con posibles fines de desestabilización, y frente a los cuales el gobierno formalmente constituido se muestra impotente y negligente.

     Ilegalidad, impunidad e inmoralidad envenenan como nunca antes el ambiente político nacional. La permanencia del presidente del TSJDF y del Jefe del DDF en sus cargos es hoy por hoy el primer gran obstáculo al avance de las investigaciones en torno a la muerte del magistrado Polo Uscanga y también de las de Priego Chávez y Luis Miguel Moreno. No pueden ni deben ejercer tan altas funciones quien, como Agüero, está bajo graves señalamientos de corrupción y acaso involucrado en el crimen del licenciado Polo Uscanga, o quien ha manejado sin respeto alguno por las formalidades legales el problema de Ruta 100, como Espinosa Villarreal.

     Urge corregir la ilegalidad en cuya pendiente se desliza la vida pública del país a una velocidad cada vez más acelerada, bajo el impulso, entre otros, de acciones como las promovidas desde el Departamento del DF. Urge terminar con la impunidad de que parecen disfrutar quienes promueven el crimen como forma de solución de los problemas o de amedrentamiento del Estado y la sociedad. Pero, asimismo, es indispensable comenzar ya a limpiar la inmoralidad y cinismo que permean grandes espacios de la vida política y del sistema de justicia.

     El valiente gesto de denuncia del magistrado Polo Uscanga, que a la postre le costó la vida, no tenía otra intención que hacer avanzar a México por ese camino. Su muerte viene a ser un aviso más de nuestro futuro más probable si es que no logramos alcanzar, ya, un ambiente político regido por la justicia, la ley y la moral pública.

Coyoacán, D.F., 23 de junio de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 25 de junio de 1995.