Eduardo Nava Hernández

Cuando, al grito retador de “el gobierno no se atreve a desplazar a Acción Nacional, no creo que Chuayffet sea tan valiente como para desplazarnos” (Gabriel Jiménez Remus), el PAN decidió retirarse de la mesa de negociaciones de la Reforma Política argumentando el atraco electoral del que estaba siendo víctima en Huejotzingo, Puebla, no sólo se radicalizó una protesta que puede tener un sustento legítimo; también se puso en escena la estrategia de ese partido frente a la propia reforma electoral.

     El sábado 17 de febrero se detonó en la mesa de Bucareli una inesperada crisis que viene a agravar el complejo panorama político del país y a entorpecer la marcha de la urgente reforma política nacional. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN resolvió suspender su participación en las negociaciones con motivo de que el Tribunal Electoral del estado de Puebla revirtió en una controvertida decisión el resultado de la elección municipal favorable al partido blanquiazul para otorgarle ésta al PRI a través de la anulación, por cuestiones realmente nimias, de once casillas.

     El enojo panista es fundado; lo que resulta extraño es la desproporcionada reacción -que no queda en una simple protesta- de abandonar el diálogo del cual depende la reforma del sistema electoral nacional. No es que el municipio de Huejotzingo carezca de importancia, sino que la presión por el agravio no está bien dirigida cuando pretende ser negociada con las instancias del gobierno federal, ni es congruente con el espíritu federalista que cuando le conviene dice abanderar Acción Nacional. Tampoco respeta la autonomía de un órgano judicial cuya integración fue avalada en su momento por los representantes poblanos panistas.

     Es cierto que resulta sumamente discutible un fallo judicial que trastoca por completo el resultado de una elección avalada por las instancias municipales y revierte, basándose en quién sabe qué argucias la voluntad de los habitantes de ese municipio. Los huejotzinguenses deben saber cómo contrarrestar el fraude del que son víctimas. Pero la salida frente a lo que aparece como una resolución inapelable no puede estar, evidentemente, en hacer intervenir en los asuntos locales a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, violentando la jurisdicción de las instancias locales.

     El dilema de fondo no se supera con la salida propuesta en la propia instancia federal: la renuncia del presidente municipal priísta -que ya tomó posesión el pasado día 15- y la convocatoria a nuevas elecciones. Aunque este mecanismo no vulneraría formalmente el fallo del Tribunal Electoral poblano, lo cierto es que sería el producto de una negociación política con el gobierno central, cuya única presión podría revertir los hechos como actualmente se presentan. ¿Para qué, entonces, hablar de federalismo, si se sigue recurriendo a la práctica de hacer intervenir a la Secretaría de Gobernación en asuntos que son de la absoluta competencia de órganos locales?

     Por eso aparece como desmedida la decisión panista de abandonar el diálogo nacional. Se trata, en realidad, de un viraje cuyos efectos se dan en la propia mesa de negociación, donde Acción Nacional representa la posición más dura y antidemocrática, que incluso tiende más hacia una contrarreforma que hacia un real avance político-electoral.

     Varios días después del mutis panista, resulta claro el torpedeo blanquiazul al proceso de diálogo. En la tribuna de la Comisión Permanente, el coordinador de los diputados blanquiazules, Ricardo García Cervantes, descalifica la mesa central negociadora instalada en la Secretaría de Gobernación, donde los partidos nacionales dialogan al más alto nivel en forma paritaria, y propone que la concertación de la reforma se traslade directamente al Congreso de la Unión porque, dijo, “la reforma política deben hacerla los verdaderos representantes de la nación”.

     He aquí cómo una demanda con bases legítimas se transforma en un chantaje que afecta el curso que ha venido tomando la reforma nacional. Al abandonar la mesa de negociación, el PAN no ignoraba que la resolución de lo que estaba reclamando no puede ser objeto de una negociación genuina con el gobierno nacional, ni que, por ser un asunto ya juzgado por el Tribunal Competente en un fallo inapelable, carece de una salida jurídica viable que no afecte los principios federalistas. Apelar a la instancia central era echarse solos una soga al cuello y sumergirse en un pantano del que no podrían salir sin mácula.

     Pero la decisión panista de tirar huejotzingadazos a la mesa de diálogo no tiene como fin último resolver una controversia electoral local, sino, precisamente, alterar el curso de toda la negociación política y trasladarla hacia un escenario más favorable para Acción Nacional. El PAN no desconoce tampoco que sólo en teoría el Congreso de la Unión está constituido por “los verdaderos representantes de la nación”; uno de los aspectos de fondo que hay que cambiar si ésta ha de ser una reforma político-electoral definitiva, es justamente el de la sobrerrepresentación con que cuenta el partido oficial, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Con el 50% de los votos ciudadanos, el PRI tiene adjudicados el 67 por ciento de las curules en la cámara baja y el 74 por ciento de los senadores. Trasladar hoy la reforma político-electoral -mal llamada “reforma del Estado”- a ese ámbito es colocarla en bandeja de plata para la concertacesión entre las dos fuerzas políticas más grandes, capaces de sacar adelante cualquier reforma constitucional o legal. La pretensión de los panistas con el caso Huejotzingo no es sino excluir de la negociación real al tercero y cuarto partidos sentados hoy por hoy en la mesa de negociación, para arribar a una situación más tradicional de entendimiento con el gobierno federal y el PRI.

     Huejotzingo no es, como podría esperarse, un símbolo de la resistencia popular contra la imposición, sino de la soberbia de los panistas queriendo forzar una negociación tan sólo bilateral. Resulta ser la cortina de humo que oculta o prepara una reforma político-electoral pactada, como lo han sido las anteriores, entre sólo dos fuerzas. Por eso, la posición panista representa la alternativa más conservadora de cuantas se dirimen hoy por hoy en el debate político nacional.

Coyoacán, D.F., 24 de febrero de 1996.

Publicado en el diario Cambio de Michoacán, 26 de febrero de 1996.