Eduardo Nava Hernández

Tan festejadas en los años recientes en América latina y en otras regiones del mundo como expresión superior e inseparable del triunfo definitivo de la economía de libre mercado, la legalidad y la democracia vuelven a verse cuestionadas apenas rebasan los límites en que a los intereses de los grupos dominantes conviene mantenerlas. Este enunciado, que puede no ser verdadero en los países desarrollados, donde la burguesía ha consolidado su hegemonía a través de métodos consensuales, sí mantiene su dolorosa vigencia en una gran parte de América latina y otras regiones de capitalismo periférico, y se ha visto confirmada dolorosamente, una vez más, en el golpe de Estado que hoy vive Guatemala.

     En Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, en los años setenta, la legalidad fue violentada para frenar el ascenso de las luchas populares que amenazaban la dominación de las clases poseedoras. Hoy, en El Salvador, la legalidad es manipulada a conveniencia del gobierno para salvar del castigo a los criminales de guerra que son parte del sustento del sistema civil-autoritario que los encubre y protege; y en Haití, Perú y Guatemala, esa legalidad es abiertamente violada y destruida en el interés convenenciero de los reducidos grupos gobernantes.

     El martes 25 de mayo, el presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías decidió suprimir, con el consabido apoyo del ejército, los poderes legislativo y judicial, proclamarse dictador absoluto de los destinos nacionales y anunciar una nueva legalidad acorde a sus propios intereses.

     Desde el 9 de noviembre de 1799 (18 brumario del año VIII) en que Napoleón Bonaparte asumió de manera absoluta el poder en Francia, a la disolución por la fuerza del poder legislativo por el ejecutivo (o a la inversa, a la destitución inconstitucional del ejecutivo por el parlamento) se le ha llamado golpe de estado, sin que exista razón alguna para hablar ahora, como periodísticamente se ha generalizado, de un autogolpe, Esta expresión no tiene otro sentido que obscurecer la significación indiscutiblemente autoritaria de semejante acción. Estamos frente a un golpe de Estado en forma, en tanto reafirmación de un poder autoritario, al igual que ocurrió en el Perú el 5 de abril del año pasado, cuando el presidente Fujimori asumió dictatorialmente el poder para recrear después un congreso constituyente y un poder judicial a la medida a su presidencia.

     Pero si en la forma el presidente Serrano ha intentado ejecutar una copia fotostática de lo sucedido en Lima, su verdadera inspiración se encuentra en Caracas. La defenestración del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez bajo el peso de las evidencias de corrupción y la contundencia de la movilización popular callejera (igual que ocurrió hace unos meses en Brasil, hasta la caída del presidente Collor de Mello), mostró la amenaza que se cernía sobre el gobierno guatemalteco: sobre él comenzaban a pesar las investigaciones congresales de enriquecimiento ilícito y la protesta social. Jorge Serrano atendió a la conseja popular que dicta poner las propias barbas a remojar cuando las del vecino se ven cortar, y concibió un golpe preventivo que, apoyado por las fuerzas armadas, pusiera fin al Congreso mismo, a la Corte de Constitucionalidad y sobre todo a la movilización popular.

     El 25 de mayo aparece como un recurso de desesperación frente a la crisis política que comenzaba a desbordar a la presidencia, a los mandos militares y al Estado todo. La incapacidad política de Serrano para concretar los acuerdos que la nación reclama con la guerrilla, las presiones militares sobre el mandatario para tener manos libres contra la “subversión”, y las protestas estudiantiles y populares contra la política neoliberal que afloraron en los días previos al 25 de mayo, anunciaban para Serrano una situación sin salida. En un país donde los cuartelazos han sido en mecanismo habitual de dominación, mucho más que las vías democráticas, la Presidencia acosada no encontró otro camino que el poder de facto con una careta civilista.

     El golpe serrano vivido en Guatemala plantea a los pueblos de la región latinoamericana (y también al gobierno de los Estados Unidos) las nuevas amenazas que se ciernen sobre la frágil constitucionalidad lograda en la última década. El modelo golpista iniciado por Fujimori en 1992 podría generalizarse, si triunfa y se sostiene ante la complacencia de los Estados del área la intentona guatemalteca: un gobierno electoralmente legitimado, y apoyado en denuncias supuestas o reales de corrupción, destituye por la fuerza a sus contrapesos normales (la Corte y el Congreso), y aún presenta su dictadura como un acto de democracia.

     Pero si en el Perú aquel acto de fuerza ha conducido a un populismo autoritario que recuerda a los regímenes de los años cuarenta en Argentina y otros países del área, en Guatemala el éxito de la violencia serrana conduciría inexorablemente hacia el autoritarismo a secas, a un nuevo régimen de facto con un presidente rehén de las fuerzas militares.

     En la situación guatemalteca se debaten hoy dos grandes opciones. Un sector de congresistas, aprendices de brujo y portadores también de esa cultura autoritaria, reclama al ejército asumir un papel “institucional” y deponer al presidente dictador para retornar a la situación de legalidad anterior al 25 de mayo. Combatir al golpismo con el golpismo, reubicar a las fuerzas armadas como supuesto “árbitro” de la crisis política y nacional, revitalizar el protagonismo de quienes, a lo largo de la historia y ahora mismo, se han concebido depositarios de un destino manifiesto para conducir a la nación y han sido expresión del poder de una de las oligarquías más retardatarias del continente.

     Por otro lado, teniendo al frente a figuras como el procurador de Derechos Humanos Ramiro de León Carpio, y sobre todo la valiente indígena Rigoberta Menchú, se empieza a organizar desde la sociedad la resistencia civil al serranazo. Participan en ella, y habrán de incorporarse más, los sectores de la sociedad civil que no pueden ni podrán confiar en la actuación de los militares y saben bien que éstos no garantizarán la consolidación de una verdadera democracia en ese país. Parece más largo y difícil el camino de demandar con las masas en la calle un nuevo cauce a la democratización; pero es sólo con el pueblo que habrá de lograrse el hacer valer los derechos civiles y sociales que, en Guatemala, han sido por lo general un objetivo huidizo y distante.

                        Morelia, Mich., 30 de mayo de 1993

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 1 de junio de 1993.