Eduardo Nava Hernández

Pues resulta, conciudadanos, que nuestros impuestos, además de destinarse al servicio de la deuda y de canalizarse a programas de apoyo a deudores que permiten mantener altas las ganancias de los banqueros, también van a dar a las arcas de los partidos políticos.

     Los puntos 1, inciso a) y 7 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establecen el financiamiento público a los partidos políticos nacionales, conforme a los criterios de actividad electoral, actividades generales y específicas como entidades de interés público, desarrollo partidario y subrogación por el Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos. Estos montos se calculan después de concluido el proceso electoral nacional con base en la estimación del costo mínimo de las campañas, el número de candidatos registrados por cada partido y la votación obtenida. El Consejo General del IFE (Instituto Federal Electoral) determina entonces el monto que corresponde a cada organismo político de los que hayan conservado su registro. De acuerdo con la norma vigente, los resultados electorales son determinantes para calcular las principales partidas públicas canalizadas a los partidos nacionales.

     El criterio es claro en la ley, y da una base relativamente objetiva: las preferencias de los electores, pero ciertamente no contribuye al desarrollo del sistema nacional de partidos, pues el resultado es siempre dar más y fortalecer más a los organismos ya fortalecidos y limitar a los partidos emergentes. En la práctica, este criterio ha permitido que, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional ejerciera el 71 por ciento de todos los gastos de campaña para presidente de la República en 1994 y el 81 por ciento de los de las campañas para diputados. Es decir, el PRI gastó más de 128 millones de nuevos pesos en la campaña de Ernesto Zedillo, frente a 32 millones de la del PAN, y 11 millones declarados por Cárdenas y el PRD. Con razón, la hoy defenestrada María de los Ángeles Moreno (cuya elección al Senado fue, por cierto, la más costosa, con 9.7 millones de nuevos pesos) defendía un status quo no igualitario.

     Pero lo más grave es que, siendo el criterio fundamental, el resultado de una elección federal determina durante los siguientes tres años el monto de las partidas de financiamiento entregadas a los partidos políticos. El voto sí nos cuesta. Aunque a menudo no pensemos en ello o no lo sepamos, al emitir el sufragio en favor de uno u otro partido no sólo le estamos dando la posibilidad de tener acceso o de conservar una cuota de poder político, sino también recursos económicos. Y aunque no nos guste, nuestros dineros están apoyando al PRI de Carlos Salinas, de Roberto Madrazo y de Rubén Figueroa y sirven para financiar las campañas de los diputados y senadores priistas que luego votan en el Congreso por empobrecer más al pueblo elevando el IVA. Nuestros impuestos van también a los partidos de oposición -PAN, PRD, PT y hasta el PFCRN y el PVEM- aun cuando no compartamos sus ideologías o no estemos de acuerdo con su desempeño público y parlamentario.

     En este momento, el resultado de la elección del 21 de agosto de 1994 es el que está definiendo el financiamiento a los partidos, con gran preponderancia para el PRI; sin embargo, los acontecimientos desde entonces (el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y la información trascendida acerca del de Colosio, los escándalos de Carlos y Raúl Salinas de Gortari y de Mario Ruiz Massieu, la crisis económica, las revelaciones acerca de los vínculos entre narcotráfico y política, etc.) y los resultados de diversas elecciones locales nos muestran que las simpatías ciudadanas no necesariamente se mantienen en favor de ese partido. Los electores, sin embargo, no pueden hacer nada, durante los siguientes tres años, hasta la siguiente elección federal, para modificar el monto del financiamiento que recibe el partido mayoritario.

     Por otra parte, el suprimir el financiamiento público y dejar todo a las aportaciones privadas, las cuotas de los militantes y simpatizantes y el autofinanciamiento y rendimientos de sus inversiones financieras se ha demostrado como inviable y aún más inequitativo. El apoyo económico de quienes tienen capacidad de financiamiento se concentra en el partido gubernamental y en el PAN, y sólo reforzaría la lógica bipartidista de las dos grandes formaciones políticas de la burguesía.

     La propuesta conjunta del PAN y el PRD, largamente discutida en la semiclandestinidad y pomposamente anunciada como 10 Puntos Fundamentales para la Reforma Electoral no va más allá, en este aspecto, de pedir demagógicamente “la igualdad en el financiamiento público a los partidos políticos”, y de demandar topes y fiscalización a sus gastos de campaña. ¿De verdad estarán el PAN y el PRD dispuestos a que todos los partidos, desde el PRI y ellos mismos hasta el PFCRN, reciban los mismos ingresos públicos? ¿Sería eso una propuesta satisfactoria para los electores, que son también contribuyentes?

     Una salida, quizás la más conveniente, posiblemente sea el mantener el financiamiento público a los partidos, pero dejar precisamente en manos de los ciudadanos la decisión de apoyar o no a determinadas organizaciones políticas. Se trata también de fortalecer la responsabilidad y vinculación de los partidos para con sus electores, y de establecer entre ellos la competencia en presencia y servicio públicos.

     La proposición de los pagarés ciudadanos está tomada del profesor Philippe C. Schmitter (Teoría del neocorporatismo. Universidad de Guadalajara, 1992), y se adapta fácilmente a la situación de México donde los partidos tienen reconocimiento constitucional como entidades de interés público y reciben recursos estatales. No debe implicar un incremento a los impuestos, sino simplemente el separar contablemente el porcentaje de los ingresos públicos que se destina a las organizaciones políticas. La Secretaría de Hacienda emitiría pagarés por esa cantidad que serían devueltos a los contribuyentes en la misma cuantía de sus aportaciones individuales; pero el ciudadano no podría negociar ni descontar esos pagarés en efectivo (no es una devolución de impuestos) sino sólo entregarlos al o los partidos que libremente decida -y, en su caso, a otras organizaciones sociales que cuenten con acreditación y reconocimiento público y que podrían también incluirse- para que éstos, a su vez, los hagan efectivos. Este sistema permitiría al ciudadano decidir cada vez, digamos cada año o cada semestre, a qué entidad de interés público le otorga su apoyo y a cuál se lo retira, y obligaría a las organizaciones políticas a vincularse más y competir entre sí por ganar esos apoyos económicos. El monto de los pagarés que no fueran entregados a ninguna organización se distribuiría equitativamente entre todas ellas.

     El sistema no elimina las posibilidades de otras fuentes privadas de financiamiento, que estarían sujetas a los topes y mecanismos procedentes, ni tampoco suprime la necesidad de fiscalización pública en el uso de los recursos. Asimismo, habría que impedir con sanciones severas el posible soborno a los ciudadanos con el ofrecimiento de regresarles una porción de sus pagarés en efectivo o en especie. Simplemente, la propuesta busca hacer más transparentes las aportaciones financieras que los partidos reciben y dar a los ciudadanos la capacidad permanente y la responsabilidad de decidir al respecto. Se ubica como una posibilidad intermedia entre la rigidez actual donde el voto es el criterio casi único para determinar las asignaciones y la utopía de “la igualdad en el financiamiento”. Si alguna vez se instalan por fin las mesas del diálogo nacional entre los partidos y se entra a discutir la reforma electoral, ¿no sería esta una medida digna de considerarse?

Coyoacán, D.F., 9 de septiembre de 1995

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 10 de septiembre de 1995.