Eduardo Nava Hernández

De atender a lo difundido por las autoridades universitarias y por no pocos medios informativos, podría parecer que el conflicto que se ha vivido en la Universidad Nacional durante las semanas recientes se reduce a la demanda de ingreso de un grupo más o menos amplio de aspirantes que no pudieron aprobar el examen de selección. Nuestra Máxima Casa de Estudios, la sede por excelencia del conocimiento, parecería una fortaleza asediada por las hordas de bárbaros (“ni siquiera pertenecen a la comunidad universitaria”) que quieren tomarla o ingresar a ella a toda costa, sea a través de la huelga de hambre colectiva o de acciones como la ocupación de la Rectoría el viernes 22 de septiembre.

     Para tal interpretación, la cuestión de los rechazados radica en que la UNAM tiene que enfrentar dos grandes problemas “externos” que ella no ha generado ni puede resolver, como son el de las deficiencias del sistema de educación en general que deja muy mal preparados a los egresados de secundaria o bachillerato, y la falta de empleos en el país que empuja a más y más jóvenes a buscar la capacitación profesional. En tanto claustro del conocimiento, además, no le correspondería tampoco la responsabilidad de atacarlos que, evidentemente, supera con mucho sus capacidades.

     Bien es cierto que una gran cantidad de egresados de los distintos niveles educacionales trae consigo serias deficiencias en su formación, y que la tarea de la universidad no es ni puede ser subsanar las fallas del sistema en su conjunto, como tampoco el enfrentar los problemas de un mercado de trabajo cada vez más estrecho y selectivo. La función específica de la UNAM y de cualquier otra universidad es formar profesionales de alto nivel y generar nuevos conocimientos, y en ella se debe concentrar a fin de rendir buenos resultados.

     Muy probablemente, además, las demandas de los excluidos se concentran en resolver el conflicto a través de negociar por alguna vía el ingreso, sin cuestionar más allá las funciones institucionales. Sin embargo, el conflicto de los rechazados ha trascendido sus demandas y hoy plantea a debate precisamente el tipo de universidad que tenemos, su adecuación a la sociedad nacional y sus perspectivas a futuro.

     Ante la prolongada crisis -que en el caso de las instituciones educativas no data de diciembre para acá, sino de por lo menos diez años atrás en que se les ha venido aplicando una política de estancamiento- la universidad tiene frente a sí dos grandes retos: mantener y aun elevar sus niveles de calidad académica, y planificar y ordenar su desarrollo adecuándose a las nuevas realidades y requerimientos de la sociedad. Ninguna de las dos tareas resulta sencilla, tomando en cuenta las difíciles circunstancias en que las instituciones universitarias han sido colocadas: recortes presupuestales, deterioro salarial con la consiguiente fuga de talentos, apoyos oficiales condicionados a la subordinación a políticas y programas sectoriales específicos, etcétera.

     La política al respecto en la ultima década ha priorizado, por sobre todo, una concepción productivista de corto plazo. Las universidades han tenido que concentrarse en fortalecer, con mayor o menor éxito que en ningún caso merece ser menospreciado, algunas tareas académicas, pero sobre todo en responder a las exigencias de la política neoliberal: reducción de la matrícula, índices de productividad académica, estímulos condicionados, proyectos de corto plazo y vinculación con el sector productivo en detrimento de las ciencias básicas, las ciencias sociales y las humanidades, autofinanciamiento de determinadas áreas, etcétera. Gran parte de estas medidas han mostrado ya su fracaso: la calidad de los académicos medida con sistemas de puntaje ha conducido a la simulación, producción académica chatarra, la proliferación de títulos y posgrados de dudosa calidad o idoneidad, etcétera. Los “estímulos”, además de haber estratificado aun más a la planta académica, se han mostrado insuficientes para elevar la calidad de la enseñanza; muchas veces sólo alcanzan, y con grandes limitaciones, al 10 ó 12 por ciento de la planta magisterial de una institución.

     Pero si los resultados de una década de reestructuración son limitados y bastante discutibles en materia académica, ahora empezamos a ver el enorme rezago al que han conducido a las instituciones universitarias en relación con los requerimientos sociales. ¿Se han cuestionado éstas su papel en el mediano y largo plazo? ¿Han planificado su desarrollo para adecuarse y responder a esas exigencias de una sociedad que ha sido y está siendo rápidamente transformada?

     Durante la última década, la academización o la búsqueda de la excelencia académica ha sido vista como excluyente y contrapuesta al crecimiento de las instituciones. Más que en ninguna otra etapa, se ha condenado a la universidad de masas culpándola de todos los males y del deterioro académico, y se ha frenado su crecimiento, aunque no por ello necesariamente se haya logrado frenar ni menos aún revertir ese deterioro. Se ha logrado, sí, rezagar aún más la oferta educativa en relación con el crecimiento de la población y las propias necesidades productivas.

     El problema actual en la UNAM no es, en esta perspectiva, un asunto que sólo concierna al grupo de rechazados, sino a nuestras perspectivas de desarrollo social. Las cifras muestran no sólo un estancamiento en el crecimiento de la matrícula universitaria sino una sensible disminución: casi 18 mil alumnos menos en los últimos ocho años (La Jornada, 21 de septiembre), y que no se ha compensado con la ampliación en otras instituciones.

     No es posible pasar por alto la justificación que el rector José Sarukhán aporta: la matrícula universitaria no debe crecer mientras el país no salga de la crisis y el mercado de trabajo se encuentre tan restringido (véase Proceso No. 985, 18 de septiembre). Reconoce la necesidad de ampliar y diversificar la oferta educativa en los niveles de bachillerato y profesional, pero antepone, en lo que a su gestión toca, la prioridad de academizar y ser más selectivos con los alumnos de nuevo ingreso a la institución. La situación no es distinta en otras instituciones. En mayo pasado, por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Julio Rubio Oca, había hecho depender también el crecimiento de su institución de la mejoría en el nivel de desempleo (La Jornada, 20 de mayo).

     El hecho es que, indudablemente, la oferta educativa se ha estancado y rezagado no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos frente a las necesidades de un mercado laboral profesional que es cubierto en porcentajes cada vez mayores por las universidades y tecnológicos privados. Frente a ello, muy poco han hecho las universidades públicas para diversificar y modificar la estructura de su oferta, ampliando el número de carreras y rediseñando las existentes. Tras de una década perdida para nuestras universidades, el riesgo más presente es que las instituciones públicas sigan siendo productoras de abogados, médicos e ingenieros civiles, mientras que las instituciones privadas aportan los profesionales adecuados a los nuevos perfiles del mercado laboral.

     Lo cierto es, también, que no será posible salir de la crisis y el estancamiento económicos sin ampliar la oferta educativa que, en el nivel superior se ha mantenido estancada. ¿Podremos tener acceso a lo que Peter Drucker por ejemplo (imposible considerarlo un populista, mucho menos un marxista), llama la nueva sociedad de conocimiento sin abrir y generalizar el aparato educativo? No en balde este autor considera como la mayor de las revoluciones del siglo XX la apertura de las instituciones de educación a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que operó el cambio en la sociedad norteamericana conduciéndola hacia nuevos derroteros.

     En México, el problema de los excluidos ha llegado para quedarse. No es tan “externo” a las instituciones educativas como pudiera pensarse; tiene que ver, y mucho, con el rezago de éstas durante los últimos diez o doce años de predominio del neoliberalismo del subdesarrollo para responder a las demandas sociales. El conflicto, más allá de sus usos políticos inmediatos, debiera llevar a abrir un debate nacional sobre la modernización y el nuevo papel social de la educación superior, así como su aportación para salir del atolladero en el que el capital y el Estado nos tienen sumidos.

Coyoacán, D.F., 23 de septiembre de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 25 de septiembre de 1995.