Eduardo Nava Hernández

Mil novecientos noventa y cuatro será visto con toda probabilidad por los cronistas de mañana como la fecha de la descomposición del sistema político sustentado en el partido hegemónico estatal creado por Calles y en el pacto presidencialista corporativo cardenista. No por estar en vías de convertirse en un lugar común, esta afirmación deja de tener una gran trascendencia, también y, sobre todo, para nuestro futuro inmediato como nación.

     El año que se inició con la insurrección indígena chiapaneca concluyó en medio de uno de los más estrepitosos derrumbes financieros y cambiarios de que se tenga memoria. En el camino, uno a uno, se fueron desplomando los orgullos de trece lustros de régimen posrevolucionario y de una década de transformaciones estructurales bajo la rectoría neoliberal: Chiapas dejó profundamente cuestionada la bandera de la paz social y desenmascaró el mito de la justicia social; los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu actualizaron el empleo de la violencia como recurso en la lucha por el poder, que se suponía excluida desde la muerte de Obregón y la fundación del partido oficial; la persistencia de los conflictos electorales, después de tres reformas legales y diversos pactos, muestra cotidianamente la distancia que aún nos separa de un verdadero régimen de democracia liberal-representativa como forma de convivencia social; la devaluación, en fin, hizo añicos los logros de la efímera estabilización económica diseñada por el neoliberalismo, desmintió el engañoso discurso de la prosperidad salinista e incorporó la desconfianza como una variable rectora en los movimientos de la economía del país.

     Paradójicamente, sólo quedó en pie la invencibilidad del partido oficial, que sin embargo no se asienta ya sobre la fortaleza del pacto político-social corporativo sino sobre bases mucho más volátiles: el clientelismo, la propaganda, el miedo al cambio, la inmadurez de las opciones alternativas como proyectos claros de poder.

     No hay duda: el fin de siglo mexicano es también un fin de ciclo. El aparato político requiere de iniciar una transición que lo conduzca lo más consensual y ordenadamente posible a una nueva forma de régimen acorde con la evolución registrada por la sociedad en las últimas décadas. Atrapado en la encrucijada del cambio, al nuevo gobierno de Zedillo no rompe con un origen que lo ancla lo mismo al pasado inmediato que a las hondas raíces que le han dado vida, como si fuese el último retoño de un viejo árbol a punto de morir.

     1995 parece ser el año del umbral. En vilo y presa de la incertidumbre, el país vive suspendido precariamente mientras del poder emanan señales erráticas y contradictorias. El balance de los dos primeros meses de gobierno puede inducir casi cualquier interpretación. Por una parte, los acercamientos con la oposición —sobre todo perredista— en busca de acuerdos de más largo aliento en materia electoral (que Zedillo ha querido nombrar “una reforma definitiva”) y en la hasta ahora estéril solución a los conflictos políticos que aún se mantienen ardiendo en la geografía del país; la búsqueda de canales eficaces (aunque algunos de ellos fallidos) para reabrir la negociación con el EZLN; la firma de un acuerdo, que más que pacto es una “carta de intención”, entre el gobierno y los partidos políticos para hacer avanzar la reforma electoral, son actitudes que podrían inducir un moderado optimismo acerca de la vocación o voluntad democrática del gobierno.

     Otros elementos, en cambio, exhiben el continuismo y las inercias que dominan la práctica política del nuevo gobernante. La reforma del sistema judicial, por ejemplo, que implica la transformación profunda de uno de los tres poderes y por tanto de uno de los pilares del Estado mismo, fue realizada con el más acendrado estilo presidencialista, desoyendo con tenaz verticalismo a muchas de las voces de la sociedad dentro y fuera del Congreso y conservando para el Ejecutivo enormes facultades de control sobre un poder que debiera concebirse autónomo.

     Está a la vista, por lo demás, la incapacidad del gobierno zedillista para romper con su antecesor investigando y fincando, en su caso, cargos contra quienes resulten responsables de la situación económica actual. Del mismo modo, el apresurado descargo y el aupamiento de Ignacio Pichardo y María de los Ángeles Moreno indican las presiones dentro del aparato para impedir que las investigaciones de los crímenes de Colosio y Ruiz Massieu vayan a fondo.

     Y en el aspecto económico, la reacción inicial frente al estallido de la crisis se asemejó a un simple acto reflejo que en la práctica va mostrando todos los días sus limitaciones: el apelar a los pretendidos representantes de los grupos corporativizados del país para renovar el ya inoperante mecanismo de los “pactos” y, con él, refrendar una línea económica de la que no parece haber en el actual gobierno la menor intención de separarse.

     La convicción del grupo en el poder es que en el manejo de la crisis no hay espacio para la democracia. Las actitudes arrogantes de los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores ante los diputados lo ilustran anecdóticamente, pero con consistencia. Y ello ocurre en momentos en que, virtualmente, el futuro inmediato y mediato de México se discute y decide en instancias externas como el FMI y el Congreso de los Estados Unidos. La decisión, anunciada por el canciller, de colocar los ingresos petroleros mexicanos en el banco de la Reserva Federal estadounidense (que podría, además, no ser sino una de un amplio listado de condiciones para conceder el apoyo financiero que México requiere como el aire) no es sino el principio del fin de nuestras concepciones vigentes de soberanía. En los próximos días se decidirá, no en México sino en Washington y Nueva York, el destino económico del país: mantener a flote, con el respaldo estadounidense el proyecto neoliberal, o dejar que la crisis se profundice hasta quién sabe dónde. El modelo económico y político atado al partido oficial está tocando fondo; las cuentas que rinde al pueblo mexicano son dramáticas: hasta ahora ni democracia, ni legalidad, ni justicia, ni paz social… quizá tampoco soberanía.

Coyoacán, D.F., 27 de enero de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 29 de enero de 1995.