Eduardo Nava Hernández

Una aparente paradoja caracteriza el momento actual del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Nunca antes había sido tan débil para negociar frente a las autoridades universitarias las condiciones generales de trabajo de los académicos; nunca tan impotente para impedir que se modifiquen unilateral y verticalmente esas condiciones; nunca tan incapaz de revertir el constante deterioro de los sueldos y prestaciones económicas de los trabajadores académicos de la Universidad. Y sin embargo, lejos de ser un organismo en vías de extinción, no deja de crecer numéricamente por la constante adhesión de trabajadores que ya rebasan con mucho los dos millares de afiliados.

               ¿Cómo puede explicarse esa paradoja de una entidad a la que constantemente se ha marginado —basta con pensar en el Reglamento General de Personal Académico o en la falta de garantías en los procedimientos de promoción—, y sin embargo es cada vez más representativa? La clave estriba, creo, en que la existencia del sindicato responde a una necesidad real de los trabajadores académicos, más urgente precisamente cuanto más se los somete a una política general de abaratamiento de la fuerza de trabajo, a la atomización de categorías, a reglamentos burocráticos, a un eficientismo mal diseñado y mal evaluado (¿qué hay más irracional que la tabla de puntaje del Programa de Carrera Docente, que obliga al académico a dispersar esfuerzos y  a asumir la simulación como práctica para cubrir el sinnúmero de renglones en los que se le evalúa?). Si la necesidad es real, es el organismo gremial el que no está a la altura de ella.

               Sometido en las últimas dos décadas a una política feroz de reestructuración del capital, a la reducción brutal de los salarios, al recorte de los contratos colectivos de trabajo y por ende a la reducción de las prerrogativas de los trabajadores, el sindicalismo pasa por una etapa de grandes dificultades y por añadidura de descrédito. En las universidades mexicanas, el proceso va acompañado de una creciente pérdida de autonomía que se expresa en medidas de política tales como la aplicación de exámenes de admisión por órganos externos (el Ceneval, un organismo privado), los golpes a los bachilleratos universitarios, la aplicación del Examen General de Calidad Profesional, que condiciona la entrega de la cédula profesional a los titulados por las universidades, etcétera. Los ingresos de los trabajadores que viven de la Universidad no dependen ya en mayor proporción de la negociación colectiva, sino de los sistemas de “estímulos” que obligan a los docentes e investigadores a competir entre sí por el reparto de una bolsa de recursos limitados, asequibles mediante diplomados, publicaciones, conferencias, cursillos, investigaciones de corto alcance, etcétera.

               La estratificación divide a los académicos en un sinfín de categorías que tienden a diferenciarlos artificialmente, más allá de lo que les es específicamente común: la naturaleza de su trabajo.

               En tal escenario, los espacios de negociación colectiva del sindicalismo se han reducido drásticamente. Y ello favorece las prácticas de cooptación clientelar, de beneficios individualmente negociados (promociones, créditos, prebendas), que han caracterizado en los últimos años al SPUM. El estar cerca del Comité Ejecutivo es así la condición y el conducto para obtener prerrogativas y favores, con lo cual se desvirtúa la función misma del sindicato.

               La perversión de la representación sindical en el actual periodo tuvo sus expresiones extremas de tres maneras: primero, cuando tres secretarios fueron defenestrados del Comité Ejecutivo porque su presencia no convenía a los intereses del dirigente máximo; segundo, cuando el secretario general se trazó la estrategia de disputar direcciones y posiciones de mando en diversas dependencias universitarias y, en el extremo, lanzarse a la aventura de impulsar a un candidato a rector allegándole firmas de apoyo ante la Comisión de Rectoría; y tercero, cuando el aparato sindical en masa se ha puesto al servicio de la construcción de una candidatura largamente anunciada, la única que garantiza la impunidad al secretario saliente, Soria Baltazar.

               La crisis del Sindicato de Profesores ha tocado fondo. La elección del 22 de septiembre decidirá que tipo de conducción sindical habrá de llevarse en el próximo periodo, y ha dado lugar a formas inéditas de agrupamiento de las corrientes de opinión dentro del sindicato. En la recomposición de fuerzas que la planilla Convergencia Arco Iris representa, es decir en el reconocimiento y la defensa del interés común a los sindicados que han permitido la aglutinación plural por encima de las diferencias ideológico–políticas y académicas de la Universidad, y no en formaciones protagónicas y personalistas ni en eruptivas expresiones de disidencia de último minuto, radica la posibilidad de regeneración del tejido sindical. Por ello es, en sí misma, una apuesta al resurgimiento de la vida colectiva gremial, a la reconstitución de las prácticas de debate y participación que hoy por hoy han sido dejadas de lado. Por ello es la opción más necesaria.