Eduardo Nava Hernández

El uso de la fuerza policial contra los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas el pasado 20 de abril, y la bárbara toma por las policías estatal y federal del pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México en fecha más reciente distan de ser hechos tan sólo circunstancialmente coincidentes. Ominoso signo de un turbulento fin de ciclo político y de una fallida aplicación de la autoridad por los gobernantes, la violencia institucional —que estúpida pero convenencieramente los gobernantes quieren hacer pasar como legítima por naturaleza, por definición— ha pasado a constituirse en la respuesta que instintivamente enarbolan el gobierno federal y algunos gobernantes estatales frente a conflictos y situaciones sociales que los desbordan y que no comprenden ni controlan. Como en los tiempos de Díaz Ordaz. Como en los de la guerra sucia.

            El 2 de abril los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y de otras empresas respondieron al intento del gobierno federal y los empresarios de intervenir en la vida interna de su sindicato nacional desconociendo a un líder por corrupto y reconociendo a otro, postizo y seleccionado por el propio gobierno, de la única forma que la violación de la autonomía sindical les dejaba: con la huelga de hecho. Dieciocho días después, sin haber intentado dialogar con los trabajadores, y desde luego sin deponer su actitud injerencista, las autoridades nacionales y el gobierno de Michoacán decidieron romper la huelga con la intervención de la fuerza publica, con saldo de dos trabajadores muertos por las armas de la policía local y decenas de heridos entre obreros y miembros de las fuerzas del orden.  El intento fracasó y la suspensión de labores prosigue.

            El 3 de mayo las autoridades municipales de Texcoco, en el Estado de México, lanzaron a la policía contra un grupo de vendedores ambulantes instalados en las afueras del mercado municipal. Éstos recibieron apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco y se suscitó un enfrentamiento en el que un muchacho de 14 años fue muerto por arma de fuego por la policía. Al día siguiente, pasada la zacapela, la Policía Federal Preventiva y la policía ministerial estatal tomaron por asalto el pueblo de Atenco, golpearon a los pobladores, saquearon las viviendas, detuvieron a casi doscientas personas y, como culminación, vejaron sexualmente y violaron a varias mujeres. En este caso, los grandes medios, sobre todo los electrónicos, celebraron la agresión policíaca contra los pobladores de Atenco, que ya se habían replegado a sus domicilios, y desplegaron una campaña contra los campesinos que ya una vez enfrentaron con éxito el despojo del que se quería hacer objeto sus tierras  para el magno proyecto del aeropuerto de Texcoco.

            Si lo que tienen en común ambas situaciones es la respuesta violenta de los gobernantes tanto del nivel federal como de los respectivos estados de Michoacán y de México a los conflictos sociales, de ningún modo se trata de una coincidencia casual sino de lo que parece dibujarse como un patrón de represión a los sectores populares en insurgencia o  agredidos por el propio poder público. El nerviosismo del grupo en el poder del país y de la oligarquía financiera por el incierto resultado de la elección presidencial se ha traducido en un desesperado intento de controlar por la violencia los brotes que por otras vías no han alcanzado a resolver.

            Un problema, éste sí estructural: el gobierno gerencial de Vicente Fox y Marta Sahagún no dejó satisfechos a los grupos en cuyo nombre ejerce el poder. En el ocaso de su mandato, ha tenido que reconocer su impotencia, por demás ostensible, para efectuar las llamadas reformas estructurales: la legalización de la privatización del sector eléctrico y de la apertura del sector de hidrocarburos al capital extranjero (que ya se dan por la vía de los hechos, pero son susceptibles de ser revertidas en caso de que se aplique la Constitución), una reforma fiscal regresiva para que los pobres y las clases medias paguen más y  no se afecten los intereses del capital hegemónico, y una reforma laboral para flexibilizar el trabajo y despojar a la clase trabajadora de conquistas consagradas hoy en la Ley. Tampoco pudo resolver, ni en quince minutos ni en seis años, el conflicto indígena en Chiapas y fracasó en sacar adelante, en Atenco, el gran proyecto del aeropuerto alterno de la Ciudad de México. La incapacidad política para hacer impulsar a la esposa del presidente a la candidatura presidencial, y el haber perdido dentro de su propio partido esa candidatura para su ex secretario de gobernación, por no hablar de la creciente popularidad del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como principal aspirante a la titularidad del Poder Ejecutivo para el periodo 2006–2012, o del descrédito por los múltiples actos de corrupción y tráfico de influencias de los hijos de su mujer.

            En tales condiciones, la credibilidad del gobierno de Vicente Fox ante la oligarquía financiera nacional y extranjera, su principal apoyo y su razón de ser, quedó severamente cuestionada, sobre todo ante la amenaza de perder la presidencia a manos de la oposición perredista. El último tramo del gobierno foxista, en el que se ha de resolver una elección presidencial que se encuentra en el filo de la navaja, se encauzó así por el desfiladero de la represión y el castigo a las voces opositoras como una medida extrema para recuperar su imagen ante los grupos de poder que le exigen orden y consolidación de la política de ajuste económico y desregulación que en el pasado reciente fue mejor servida por los gobiernos priistas.

            Las corrientes radicales de la derecha parafascista se encuentran dentro del propio gobierno y del partido en el poder, empujando tanto a Fox como a la campaña de Felipe Calderón al enfrentamiento de lo que perciben como riesgos para un poder que, después de décadas, alcanzaron y no piensan entregar fácilmente. De ahí la agresiva campaña mediática contra el candidato del PRD, la forzada vinculación de éste con la violencia, el clamor contra La Otra Campaña y la apenas disimulada invitación al magnicidio contenida en la frase “un peligro para México”. El Yunque, constituido en núcleo de esa tendencia, vincula a sectores del PAN con intereses empresariales y fracciones de la iglesia católica y organizaciones sociales, y ha asumido en más de un sentido las riendas de la política del país.

            Hay una traza de encono de clase en el uso de la violencia por los poderes estatales contra los obreros metalúrgicos de Michoacán y, sobre todo, contra los campesinos insumisos de Atenco, y en las modalidades particulares de aquélla, que incluyen la tortura, el maltrato sexual y la violación a las mujeres. Es el tipo de violencia que se desata contra  el enemigo derrotado al que se quiere humillar y aniquilar física y moralmente. Es el arrasamiento, la violencia estatal llevada a su expresión extrema, como no se veía desde los tiempos de la guerra sucia de los años setenta y ochenta.

            El discurso dominante, compartido por los funcionarios y la mayoría de los medios, se apoya en el lugar común y en el falso silogismo: el Estado es titular del monopolio de la violencia legítima (Max Weber); luego toda violencia ejercida por el poder estatal es legítima. El fin —la imposición del orden— justifica el medio: el uso y abuso de la fuerza. No perciben la condición primera de la legitimidad de la fuerza. La sociedad debe sentir en el desafío al poder una amenaza que debe ser reprimida. El crimen organizado y la delincuencia común son percibidos como tal por la generalidad de la población; la protesta social no es una amenaza contra la sociedad —aunque se les quiera hacer pasar como tal— sino sólo contra el principio de autoridad estatal. Así se ha demostrado en el decidido apoyo de la población porteña a la huelga minera en Lázaro Cárdenas, en el rechazo a los excesos policiales en la represión a Atenco o, en el pasado reciente, en el reclamo de alto el fuego de la sociedad civil ante la insurrección indígena de Chiapas de enero de 1994.

            Asistimos a una crisis del poder político que pone en riesgo los avances logrados en la democratización de la sociedad mexicana desde los últimos años ochenta y que puede desembocar en una polarización de los actores políticos de la sociedad mexicana. La movilización social, el castigo a todos los responsables de ordenar y ejecutar la represión política y la opinión pública nacional e internacional aún pueden corregir el camino del encono, el enfrentamiento social y el despeñadero al que el torpe equipo en el gobierno y sus correligionarios convictos o circunstanciales nos pueden arrojar.

Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2006

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 22 de mayo de 2006.