Eduardo Nava Hernández
Con la ocupación de instalaciones universitarias, plantones y cierres de calles y avenidas, ha hecho crisis, después de cuatro años sin solución, el añejo problema de la Licenciatura de Enfermería de la Universidad Michoacana. La toma de la Ciudad Universitaria se ha prolongado ya por más de una semana, en detrimento de miles de estudiantes, profesores e investigadores y de la actividad académica en general. Se mantienen cerrados el Centro Cultural y varias otras dependencias universitarias.
La información proveniente de las autoridades universitarias es casi nula. No se sabe cuándo podrán resolverse ó que pasos se están dando para manejar un conflicto que está afectando ya al conjunto de la comunidad universitaria y a la población de la ciudad de Morelia.
Para la opinión pública, el problema ya es muy conocido en sus manifestaciones externas, debido sobre todo a su recurrencia en la vida universitaria de los últimos tiempos y ha llegado a asumir un cierto simbolismo como ejemplo de negligencia crónica por parte de las Autoridades Universitarias. En cambio, es menos conocido —y discutido— su trasfondo académico y político.
Es necesario distinguir en este, como en todo conflicto, los aspectos estructurales que requieren de una transformación de fondo, general y definitiva, y los factores coyunturales que contribuyen a agravarlo y en ocasiones entorpecen la búsqueda de una solución. Entre estos últimos debe contarse sobre todo la actitud de la directora de la Escuela, quien desde un inicio fue percibida por un amplio sector del alumnado y personal docente de la Licenciatura, como poco representativa y aún, como una autoridad hostil hacia sus demandas. Ahora, por añadidura, la directora ha rebasado ya con mucho su periodo legal de gestión, pero es claro, que mientras no sea resuelto el problema académico, no están dadas las condiciones para efectuar con normalidad el proceso de relevo de autoridades previsto legalmente.
El fondo del problema tiene otro carácter, relacionado con la estructura académica y administrativa que ha adquirido en la última década la Escuela de Enfermería. Esta se encuentra conformada por dos niveles, técnico y de licenciatura, que funcionan, en la práctica, con una gran autonomía administrativa y una clara separación de funciones. Existen dos subdirecciones y dos Secretarías Académicas, e inclusive se paga al personal docente y administrativo en nóminas separadas. Sin embargo, siendo numéricamente mayoritario el Nivel Técnico, el peso de éste resulta decisivo en la conformación de los órganos de gobierno: la Dirección y el Consejo Técnico, en detrimento de la Licenciatura.
Así, en las titulares de la dirección y en los Consejos Técnicos de los últimos tiempos, han predominado el personal académico y alumnos de nivel técnico. Para los miembros de la licenciatura, ello se ha convertido en un obstáculo a su mayor desarrollo académico, pues limita la discusión y aplicación de nuevos planes de estudio. De hecho, muchas materias se imparten del mismo modo y con los mismos contenidos en ambos niveles; no se perciben diferencias de calidad entre uno y otro. Y no es posible, argumentan, que un Consejo Técnico, integrados por alumnos del nivel técnico discuta y apruebe el nuevo plan de estudios que la licenciatura requiere.
El debate, totalmente pertinente y legítimo por lo demás, se ha contaminado con la permanente participación en el conflicto de las casas del estudiante “Espartaco”, que como se sabe, están políticamente vinculadas al llamado Movimiento Antorchista, de filiación priista; y este hecho ha generado en un sector importante de los consejeros universitarios una predisposición adversa frente a lo que se percibe como bandera política de un grupo de “apoyo”, cuyos propósitos últimos no quedan claros.
Resulta pues, indiscutible, que existe un problema académico real al que el Consejo Universitario, está obligado a responder. Es también claro que algunas de las propuestas de reforma presentadas por la Dirección son inviables desde el punto de vista académico y administrativo. Lo que el consejo universitario deberá analizar, en todas sus implicaciones es la convivencia de crear o no, esa nueva dependencia, totalmente separada del nivel técnico y con sus propios órganos de gobierno académico. Pero los estudiantes y maestros de la Licenciatura, han sostenido durante todo este tiempo que la separación, que supone la creación de una nueva escuela, es la única solución al problema. La beligerancia de las alumnas y maestras de la licenciatura, y de sus grupos de apoyo, hacen dudar de su disposición a aceptar otra solución, aún si legítimamente emana del máximo órgano universitario.
No es lo más deseable para la institución universitaria, de no ser por el problema político que se vive, el crear dos dependencias distintas dirigidas a una misma área educativa, aunque ésta reconozca los dos niveles. En otras muchas universidades las escuelas de Enfermería ofrecen los dos niveles, que coexisten sin conflictos, y más bien serían excepciones, si las hay, donde existen dos dependencias separadas.
Después de varios años de escuchar los razonamientos de las profesoras de la Licenciatura, estoy convencido de que sus propuestas de reforma académica, merecen una respuesta seria y que son no solamente viables, sino necesarias para mejorar académicamente a su escuela. No estoy seguro, en cambio, de que para ello sea indispensable separación total de los dos niveles, si administrativamente es posible encontrar alguna fórmula que garantice a la Licenciatura una participación, no sólo suficiente, sino dirigente. Por decirlo así, en el desarrollo académico de la dependencia.
El Consejo Universitario puede y debe tomar medidas para asegurar esa participación, modificando la integración del Consejo Técnico, para dar mayor participación en la licenciatura y asumir algún acuerdo político que garantice a la licenciatura la posibilidad de acceso a la Dirección de la Escuela, manteniendo los requisitos legales para ser director y a través de la alternación entre los dos niveles, por ejemplo. Por su parte, los miembros de la licenciatura y sus aliados, deben dar claras señales de su disposición a una solución concertada y desechar toda intransigencia. La Rectoría, por su parte, debe promover ante todo el apego a la legalidad y evitar no solamente los favoritismos que tanto daño han causado a la institución en los períodos recientes, sino mostrar una actitud de apertura y voluntad para resolver un problema como éste.
*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 27 de mayo de 1994.

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