Eduardo Nava Hernández

La negativa del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a la propuesta de alianza electoral con el PRD, promovida por la dirigencia nacional de este partido y por el grupo autodenominado “Alianza por la República”, ha cancelado la posibilidad con que tanto se especuló acerca de una coalición nacional del centro-izquierda con la derecha. La negativa panista da virtualmente por cerrada una de las vertientes de la polémica política que acaparó la atención pública en las pasadas semanas. Sin embargo, quizás no sea demasiado tarde para hacer algunas reflexiones al respecto, no sólo por lo que en sí mismo ha tenido de aleccionador el debate, sino porque no está cerrada la discusión acerca de otras posibilidades de alineamiento y por la relación que ésta tiene con los proyectos que se confrontarán en las inminentes elecciones de julio.

     Dos eran los supuestos de la propuesta de coalición: 1) la crisis del régimen político plantea una dicotomía radical entre el grupo o partido en el poder desde hace casi siete décadas y “una nueva mayoría” de electores que, “dispersa y fragmentada”, no ha tenido la eficacia y contundencia para consumar la transformación democrática de México. 2) Esa mayoría -que se aglutina en torno a los dos partidos más grandes de la oposición, el PAN y el PRD- sólo podrá expresarse y dar salida a esa transición si éstos dejan de lado sus diferencias -es decir, si se pospone para otro momento la definición de sus respectivos proyectos sociales y se unen en torno al objetivo común de derrotar al PRI (véase el desplegado “Alianza por la República. México 1997”. Reforma, 6 de enero de 1997).

     Es evidente ahora que ese diagnóstico no es compartido por la dirigencia de Acción Nacional, ni tampoco por las franjas del PRD que expresaron activamente su oposición a la posibilidad de la alianza con el partido fundado por Gómez Morín para oponerse al cardenismo. Y no es objetivo sostener que el rechazo de esos sectores se deba sólo a resentimientos e intereses personales de sus respectivos dirigentes, según algunos lo han sostenido (por ejemplo, las declaraciones de Adolfo Aguilar y Santiago Creel en Proceso, 12 de enero de 1997). ¿Por qué han de ser personales los intereses de los dirigentes partidistas, y no los de los intelectuales y personajes, mayoritariamente apartidarios, que promovieron la coalición? ¿Sólo porque éstos hablan en nombre de la República?

     La posibilidad de tan estrambótica alianza no entra en los cálculos políticos del panismo, que evalúa estar en mejores condiciones que nunca para ganar, por sí mismo y sin asociaciones que los obligarían a incómodas concesiones, la mayoría de la Cámara de Diputados y las principales posiciones de poder en juego. El sector rebelde del PRD, con razón, juzga la posible alianza como un retroceso político e ideológico para el proyecto que su partido representa. En realidad, la coyuntura electoral de 1997 se presenta bastante más compleja que lo que se expresa en las visiones de los partidarios de la fallida alianza.

     La propuesta de la “Alianza por la República” -el grupo que ha sido más explícito en sus propósitos- encierra dos grandes paradojas, que obviamente no han desaparecido como concepciones por el hecho de no poder actualizarse en la práctica. La más evidente es su simplificadora visión dicotómica de la actualidad mexicana. Pese a que, en más de un sentido, la transición a la democracia en México ha significado y no puede menos que significar el paulatino y aún insuficiente reconocimiento de la pluralidad política de nuestra sociedad (véanse las dificultades para avanzar en los acuerdos pactados en San Andrés Larráinzar para conformar una sociedad pluriétnica), los promotores de la iniciativa frentista regresan a una concepción bastante simplificada que reduce todo el problema a la contraposición entre el “régimen” y la “ciudadanía”, que se traduce, a su vez, en bloque, en la alternativa PRI-oposición.

     La segunda paradoja estriba en que, hablando supuestamente en nombre de la sociedad civil, en la práctica se niega la legitimidad y validez de las diversas expresiones políticas que han surgido de ésta y se focaliza exclusivamente en los órganos de poder político, es decir las posiciones que están en juego en el proceso electoral. Con ello se ignora tácitamente el potencial de transformación contenido en la propia sociedad y específicamente en los partidos de oposición, y que estriba en gran medida, precisamente en la pluralidad de sus visiones. La apuesta es, de nuevo simplificadamente, al todo o nada.

     Y no es que haya que descalificar las alianzas y coaliciones en general, sino que para prosperar éstas tienen que apoyarse en bases más objetivas que en los buenos deseos de sacar al PRI del poder.

     Recientemente han aparecido los resultados de la encuesta nacional realizada por el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara en el mes de diciembre pasado. Es la primera de esa magnitud relacionada con el proceso electoral por venir y un instrumento importante para el análisis de las tendencias sociales en las que se desarrollarán los comicios. Sus resultados no son, en rigor, novedosos; más bien tienden a confirmar o complementar los elementos que han arrojado las elecciones locales recientes y otros datos de nuestra realidad nacional que para casi nadie están ocultos.

     El primer dato relevante es la confirmación de una acentuada declinación del PRI en las simpatías ciudadanas, que coincide con lo que se ha venido percibiendo en los comicios locales recientes. En la encuesta nacional, el partido oficial sólo recibe el 30.7 de las intenciones de voto y es, con mucho, el más mencionado por los encuestados como el partido por el cual no votarían, con el 51.6 %.

     La otra tendencia significativa es el crecimiento de las preferencias por el Partido Acción Nacional, que aparece ya con una intención de voto de 42.5 %. La oposición centroizquierdista muestra, mientras tanto, una caída -si se la compara con la votación obtenida en 1994- leve pero notoria: el PRD captaría el 13 por ciento de los sufragios y el PT el 2.1. Las otras opciones partidarias están aún más abajo en las preferencias ciudadanas.

     De ser objetivas, esas cifras plantean nuevos problemas. La transición política mexicana tiende hacia un esquema de alternación entre dos opciones expresivas de tendencias conservadoras: el PRI y el PAN, frente a un relativo vaciamiento del ala izquierda del sistema. Tres cuartas partes de los electores -como ya sucedió en 1994- sufragarían hoy por las dos variantes de derecha, aunque se estén invirtiendo los lugares ocupados por cada una. De profundizarse esta tendencia, estamos transitando del actual sistema de partido hegemónico hacia un esquema bipartidista no polarizado (en los términos de Giovanni Sartori), estructurado en torno de dos grandes partidos no contrapuestos ideológicamente. Otras opciones pueden estar presentes, pero no disputar realmente el poder político.

     El caduco régimen mexicano necesita avanzar hacia un sistema realmente pluralista y competitivo. Pero también, sumido en una profunda y duradera crisis económica y social que repercute en las mayorías empobreciéndolas, exige con urgencia la transición simultánea hacia un proyecto social distinto, y los electores deben tener la opción de darle a su voto otro contenido. La gran disyuntiva de la república no es sólo la permanencia de un régimen autoritario sino la de un sistema social inequitativo que no debe prolongarse y a la cual el probable esquema de alternación bipartidista no da una salida.

     Para hacerlo se requiere fortalecer, frente a la tendencia a la derechización de las opciones, el ala progresista que ya existe pero que se encuentra, esa sí, dispersa y desarticulada. Se requiere un polo de centro-izquierda unificado que aglutine a los partidos con registro, asociaciones políticas y organizaciones sociales para atraer una votación significativa y capaz de contrapesar y competir con las dos grandes formaciones que hoy enarbolan el proyecto neoconservador de reestructuración del capitalismo.

     Hasta ahora, la inexistencia de ese polo es responsabilidad fundamentalmente de la dirección perredista que, con su carencia de visión estratégica y su desmedido entusiasmo por aliarse con el PAN, no parece conducir sino a desdibujarse como alternativa y a una nueva derrota histórica. Pero aún no es tarde, si existe la voluntad, para iniciar la tarea realmente trascendente: construir en 1997 un frente progresista que sea capaz de ofrecer como alternativa política y electoral al país un desarrollo social y económico más justo y en particular un orden más igualitario para las grandes masas excluidas del perfil de nación que el PRI y el PAN nos dibujan.

Coyoacán, D.F., 12 de enero de 1997