Eduardo Nava Hernández

Como la punta de un iceberg o, mejor aún, como la punta de un estambre que al tirar de ella se va destejiendo y dejando al desnudo las flácidas y corrompidas carnes de su portador, el paquete de evidencias de los gastos de campaña y partidarios del priísmo en Tabasco, es sin duda el más audaz y revelador strip tease político que nos ha tocado presenciar en los últimos tiempos. Y eso que en la presente temporada no han faltado, por parte del partido oficial, lo mismo sainetes divertidos que espectáculos bochornosos y tragedias shakesperianas. Todos ellos y cada uno a su manera han ido mostrando, en una medida insospechada por el respetable, los niveles de corrupción a los que ha llegado el Partido Revolucionario Institucional tras de su añosa permanencia en el poder, que hacen palidecer las más dramáticas tragedias griegas y que se equiparan a lo logrado por el más patético de los dictadores de república bananera.

     Esta vez, el escándalo es protagonizado no por individuos aislados (si es que alguna vez los hubo) sino por las estructuras directivas y el candidato —hoy gobernador— del PRI. La documentación que obra en manos de la Procuraduría General de la República, certificada por notarios públicos y revisada por al menos dos consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE, probaría el dispendio del partido oficial en sus campañas locales, particularmente en la más reciente en Tabasco, y la fehaciente violación de las leyes por quienes condujeron ese proceso.

     A nivel local, la revelación ha dado un vuelco a la situación política. La impugnación perredista, destinada a jugar, una vez más, un papel sólo moral y emblemático, ha dado paso a un imperativo político: la caída de un gobernador que no podrá sostenerse sobre el falseamiento y el delito flagrante, por más que haya mostrado que fuertes son sus apoyos locales.

     Pero, desde luego, el asunto no puede quedar ahí. El caso Tabasco conduce necesariamente a un abanico de ramificaciones que tendrán que ser exploradas hasta clarificar sus posibles últimas consecuencias. En primer, lugar, la pregunta clave es de dónde obtiene el PRI recursos como para destinar a una campaña local los al menos 237 millones de nuevos pesos que, según evidencias, gastó en promoverse y en llevar a Roberto Madrazo a la gubernatura de ese estado. No se podrán ignorar las acusaciones que circularon desde que, el año pasado, afloró el fraude de Carlos Cabal Peniche en Cremi-Banco Unión, con sede precisamente en esa entidad del sureste.

     Una de las líneas de investigación en relación con esa cuantiosa estafa es, como se sabe, la de la participación de ese banco en operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ya desde ese momento se dijo, también, que para asegurar sus intereses, Cabal Peniche habría derramado importantes cantidades en las campañas políticas, involucrando a dirigentes tanto del partido oficial como de la oposición. Mientras el ex banquero (a quien un grupo de colegas en visita por Italia reconocieron despreocupadamente sentado en un restaurante de Roma) continúe prófugo, este caso continuará sin ser cerrado por la justicia mexicana y, por tanto, sin aclararse los alcances de sus fraudes.

     La reciente aprehensión en Colombia del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del llamado cártel de Cali, ha sacado a la luz interesantes revelaciones. La primera línea de investigación ha estado dirigida a establecer los vínculos entre esa empresa de la droga y las campañas políticas efectuadas en su país el año pasado, pero sin descartar que lo haya hecho también en otras naciones. Los datos conocidos indican que las principales rutas de introducción de la cocaína colombiana a los Estados Unidos pasan por México, tanto a través del cártel del Golfo, encabezado por Juan García Ábrego, como del cártel del Pacífico, dirigido por Amado Carrillo Fuentes. No es descabellado que, por sí mismo o a través de sus socios mexicanos, el poderoso grupo de Cali haya intentado influir, si no en el gobierno federal, sí al menos en alguno(s) de los gobiernos locales en México para asegurar sus rutas de tránsito hacia los EU, y ello daría contenido a la hipótesis manejada por la revista Proceso (no. 965, 1 de mayo de 1995) sobre el envío de 40 millones de dólares a México a mediados del año pasado.

     No aparece, además, como una situación aislada. El juicio iniciado en la semana anterior en los Estados Unidos a Mario Ruiz Massieu está abriendo asimismo la cloaca de las relaciones entre la alta política mexicana y las organizaciones del narcotráfico, mientras que el tortuoso y al parecer dosificado avance de las investigaciones de los asesinatos de Posadas, Colosio y José Francisco Ruiz Massieu no hace sino confirmar esos nexos en la conciencia pública nacional.

     ¿Sólo especulaciones? Sí, pero no descartables en tanto el Partido Revolucionario Institucional no clarifique las fuentes de su ahora documentado y cuantioso gasto. El escándalo abierto

con las 14 cajas mostradas por Andrés López Obrador tiene, si bien se lo investiga, un carácter terminal, como lo fueron el Watergate nixoniano o los casos de corrupción y vinculación que pusieron punto final a más de cuarenta años de hegemonía democristiana en Italia.

     El lodazal tabasqueño empieza a cubrir a las redes todas del poder en México. Junto con Yucatán, ha acabado por echar a pique las posibilidades del prometido diálogo político nacional. ¿Tiene sentido para la oposición participar en una mesa de negociación con una fuerza política como el PRI que no ha respetado sus anteriores compromisos de campaña y que con tal ligereza como en el edén del sureste viola la ley? Mientras el gobierno de Zedillo no haga orden dentro de su propia casa, no podrá avanzar en la credibilidad que necesita para terminar de asentarse en el poder. Si no lo logra, el descrédito virtualmente total al que está llegando el partido que lo llevó al poder lo arrastrará consigo y estaremos asistiendo, con seguridad, al último de los gobiernos de la era priista.

Coyoacán, D.F. 17 de junio de 1995.