Eduardo Nava Hernández

Menos conocido que los movimientos universitarios de 1963 y 1966, el episodio le lucha de 1949 en la Universidad Michoacana adquiere, a cincuenta años de distancia, una actualidad insospechada.

               Un extraño sino ha hecho a las movilizaciones estudiantiles más importantes en la historia reciente del país asumir el carácter de martirologios y ha ocultado muchas veces a la percepción superficial su significado más trascendente. Así, el movimiento de 1968, el más importante de la historia contemporánea, no es visto como lo que es: un momento culminante de la lucha democrática en México, en que estudiantes y pueblo salieron a expresar masivamente su inconformidad y abrieron un ciclo aún inagotado de transformaciones políticas y sociales, sino  tan sólo como el preámbulo de la tragedia del 2 de octubre. Los movimientos en la Universidad Nicolaita de los sesenta son recordados también por sus mártires y por la represión de que fueron objeto a manos del ejército nacional, pero poco se analiza su contenido académico e institucional, precursor en la reforma universitaria nacional.

               Acaso sea nuestra matriz cultural cristiana, y en especial católica, con su apego a los mártires, lo que nos haga apreciar un hecho histórico, un proceso, sólo si el sacrificio lo avala y la derrota es su destino. Pareciera que es la inmolación misma, no las ideas y valores que ese proceso entraña, lo que lo hace valioso. Empero, la tarea de la historia es recuperar para la memoria colectiva y ubicar en su exacto contexto de época esos acontecimientos, a fin de resaltar los valores y enseñanzas que hayan podido dejar a las actuales y futuras generaciones, sin incurrir en la unilateralidad de verlos sólo como preámbulos del martirio.

               Los acontecimientos de julio–agosto 1949 en Morelia, si bien oscurecidos también por la muerte de dos alumnos nicolaitas, dejan una serie de lecciones que aportan luz a nuestro sombrío presente finisecular.

               Era entonces la apoteosis del gobierno alemanista. El fin de la segunda guerra mundial abría un nuevo periodo de prosperidad, en especial para la economía estadounidense, y permitía a México reinsertarse en los mercados internacionales de mercancías, de capitales y de mano de obra; después de todo, nuestra principal aportación a la victoria de los aliados habían sido nuestras materias primas baratas —incluido el petróleo ya nacionalizado— y los trabajadores que mediante el “plan bracero” habían acudido a fortalecer la agricultura del sur de los Estados Unidos. Los dólares llegaban también bajo la forma de inversiones directas que anidaban ahora en los sectores de la industria manufacturera y los servicios. El gobierno mexicano emprendía espectaculares obras que derramaban opulentas ganancias e incubaban una nueva generación de millonarios–funcionarios. El alineamiento con los yanquis y el inicio de la guerra fría ponían en boga la doctrina y el lenguaje anticomunistas. La ideología de la “unidad nacional”, difundida durante la guerra, daba pábulo a perseguir cualquier forma de disidencia u oposición, vistas como amenazas a las instituciones.

               En Michoacán, mientras tanto, reinaba no obstante la austeridad. El gobernador José María Mendoza Pardo había priorizado el equilibrar las finanzas estatales antes que atender demandas sociales, entre ellas la educación. Por esa razón, decidió mantener estancado durante su gestión el subsidio destinado a la Universidad Michoacana, que por sexto año consecutivo era de sólo 212 mil pesos, al tiempo que acusaba de malos manejos a las autoridades nicolaitas y de incompetencia a los profesores universitarios.

               El 23 de julio de 1949, sin embargo, Mendoza envió al Congreso del estado un proyecto para la construcción de un teatro al aire libre destinado al ballet, arte que su propia hija cultivaba, y que tendría un costo de un millón de pesos. Los universitarios reaccionaron exigiendo que se incrementara el presupuesto de la Universidad, y protestando porque el gobernador había colocado ya la primera piedra de “su” teatro, aun cuando el Congreso aún no dictaminaba acerca de la erogación correspondiente.

               Los diputados designaron el 28 de julio como la fecha en que habrían de resolver la petición del gobernador; por esa razón los universitarios decidieron manifestarse ese día frente al Palacio de Gobierno y el Congreso. Ante la presión, éste suspendió la sesión programada, y la manifestación se dirigió a la residencia del gobernador, en la calzada Fray Antonio de San Miguel. Algunos estudiantes lanzaron piedras a la casa y Mendoza Pardo solicitó la intervención del ejército.

               Al aproximarse las tropas, los universitarios decidieron retirarse hacia el centro de la ciudad; pero cuando ya se alejaban pacíficamente por la avenida Madero, a la altura de la Cámara de Diputados, los soldados dispararon a los estudiantes por la espalda. Uno de ellos, Armando Héctor Tavera Torres, cayó muerto de inmediato; otro más, Agustín Abarca Xochíhuatl, quedó gravemente herido y murió poco después. Tenían 18 y 17 años respectivamente. Otra media docena de alumnos universitarios fueron heridos también, aunque no de gravedad.

               Lejos de aplacarse, el movimiento estudiantil se intensificó. El rector, ingeniero Porfirio García de León González, encabezó con dignidad y decisión a los universitarios en sus demandas de justicia para los estudiantes caídos, respeto a la autonomía universitaria e incremento de presupuesto para la agobiada institución. Las demandas de los nicolaitas fueron respaldadas por una huelga nacional universitaria en la que participaron la UNAM, el Politécnico, las escuelas normales, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y diversas universidades e institutos tecnológicos de los estados. En la UNAM encabezaba el Comité de Huelga el estudiante michoacano de Economía Carlos Torres Manzo.

               Ante la obcecación del gobernador Mendoza Pardo, las acusaciones penales contra el rector García de León y el discurso anticomunista con que se les pretendía calificar, los nicolaitas se radicalizaron y demandaron ante el Congreso de la Unión la declaratoria de desaparición de poderes en Michoacán. Por fin, un mes después de los acontecimientos sangrientos, Mendoza Pardo solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse del gobierno de Michoacán. Fue sustituido por el abogado Daniel T. Rentería, un antiguo colaborador del general Lázaro Cárdenas, quien de inmediato ofreció investigar la muerte de los estudiantes y suspendió la construcción del teatro de ballet.

               En octubre, el ingeniero García de León renunció a la rectoría de la Universidad, llevándose consigo el reconocimiento general de los nicolaitas. A su sucesor, el doctor Jesús Pineda, le tocó negociar el incremento del presupuesto universitario y recibir del gobierno estatal nuevos edificios. A partir de 1950, al tomar posesión como gobernador el general Dámaso Cárdenas, el subsidio a la Universidad continuó incrementándose año tras año.

               La huelga universitaria de julio–agosto de 1949 fue un movimiento triunfante. Logró reivindicar la autonomía frente a las presiones presupuestales con que se pretendía doblegar a la institución. Unificó así a las diversas corrientes universitarias —inclusive a las que habían estado enfrentadas entre sí en 1943: los cardenistas y los liberales— en torno a la defensa de  la Universidad y la reivindicación de la sangre de los jóvenes asesinados. Y mostró también que, contrariamente a la tradición de alineamiento institucional con el gobierno estatal, un rector digno podía ser el representante de la comunidad universitaria ante las autoridades, y no a la inversa, algo que la actitud vertical del rector Barros Sierra en 1968 vino a refrendar. Aislado de la Universidad y de una parte importante de la opinión pública, el gobernador Mendoza Pardo sólo tuvo el apoyo de los órganos y sectores del PRI, lo que se demostró insuficiente para sostenerlo.

               A medio siglo de distancia, las lecciones del 49 cobran actualidad mostrando el potencial del movimiento universitario como factor de resistencia y alternativa a la política dominante. La lucha por una política social que dote a la educación en general, y a las instituciones de enseñanza superior en lo particular, de lo necesario para cumplir su cometido social es más vigente que nunca. Y la participación unificada de la comunidad en los asuntos universitarios, que fugazmente se dibujó en 1949 y en 1968, sigue siendo una aspiración incumplida en nuestra vida académica.

               Por ello, el pasado miércoles 28, en una sencilla ceremonia, diversos grupos universitarios nicolaitas (pero no las autoridades de la Universidad Michoacana), los hijos del extinto rector García de León y ex alumnos y docentes que vivieron las jornadas del 49 recordaron en Morelia, ante la pira erigida en memoria de los alumnos Armando Héctor Tavera y Agustín Abarca Xochíhuatl, ese episodio. A cinco décadas de ocurrido, éste revela tanto los antecedentes de la política actual de sujeción de las universidades e instituciones de educación superior, fincados en la etapa del auge de posguerra, como la trayectoria de continua rebeldía y libertad de pensamiento imbricada en la historia nicolaita. En aquella ocasión, como en 1917, en 1963 o en 1986, la Universidad Michoacana asumió un papel precursor en la lucha democrática universitaria del país.

Morelia, Michoacán, 29 de julio de 1999.