Eduardo Nava Hernández

la rebelión armada es la prueba más elocuente del rechazo a la sujeción y la decisión de sobrevivir; es también una prueba de las limitaciones que tienen las luchas étnicas cuando se dan por grupos aislados y de la fuerza que pueden alcanzar cuando se generalizan y coordinan siquiera sea en escala regional.

Guillermo Bonfil Batalla

(1979)

Con las atroces e inexplicables decisiones presidenciales espectacular pero fallidamente anunciadas el 9 de febrero y el avance del Ejército Federal sobre los territorios zapatistas a partir del 10, es claro que se ha abierto una nueva y más compleja etapa en el conflicto social y político en Chiapas.

Es, desde ya, el gran fracaso de la política gubernamental de Zedillo frente al problema, llevada al atolladero por sus propios autores; pero también uno de los aspectos más dramáticas de la crisis nacional y que muy probablemente quedará registrada en la memoria colectiva como una página más de la negra historia de la represión estatal.

     Mientras el presidente Zedillo sigue insistiendo verbalmente en que habrá una salida política negociada al conflicto, no se sabe con quién podría a estas alturas negociarse, si los principales dirigentes del zapatismo están proscritos por la ley y con órdenes de aprehensión. El 10 de febrero las fuerzas armadas fueron movilizadas para recuperar los territorios zapatistas, donde sólo han encontrado, sin embargo, caseríos despoblados.

     Las órdenes de aprehensión, ahora se ve, no pueden cumplirse pero sí son un obstáculo a la salida política que ambas partes decían buscar hasta antes del 9 de febrero, y han complicado el problema hasta el punto de requerir del Congreso un periodo extraordinario para expedir una nueva Ley de Amnistía. Ésta no será una salida, como tampoco lo fue la del 22 de enero de 1994: la gran mayoría de los zapatistas no están dispuestos a entregar las armas, y menos como precondición a una ahora muy incierta negociación.

     En la búsqueda de justificaciones ideológicas, el gobierno ha intentado plantear la ofensiva militar como una acción de recuperación de la soberanía territorial, que en realidad nunca estuvo en entredicho. ¿No se realizaron, inclusive, elecciones el 21 de agosto de 1994 en los territorios ocupados, al igual que en el resto del país, y aun de gobernador y autoridades locales?

     No: el avance militar es, sin más, una escalada contra la población indígena de la región de Las Cañadas y de Los Altos y su expresión política, el EZLN, que busca ante todo acabar con las expresiones de autogobierno supuestas en las declaraciones de autonomía y de constitución de nuevos municipios indígenas, así como en la existencia del gobierno en rebeldía encabezado por Amado Avendaño.

     La respuesta zapatista, sin embargo, ha sacado de balance nuevamente las estrategias guerreristas del gobierno nacional. El dramático éxodo del EZLN hacia las montañas y el corazón de la selva es una acción suprema de resistencia étnica y popular que hace evidente de qué lado está la ofensiva y en dónde la posición defensiva. Los núcleos armados no se repliegan solos, sino con la mayoría de la población campesina, que representa probablemente varias decenas de miles de mujeres, hombres y niños que prefieren padecer el hambre, las enfermedades y el abandono en la selva que exponerse a la represión del ejército federal. No ofrecen resistencia en sus bastiones campesinos, sino se adentran a la espesura de una jungla cuyos peligros siempre serán menores que la amenaza de las fuerzas gubernamentales.

     El éxodo ha vuelto a poner en claro aquello que Zedillo, sus voceros y acompañantes quisieron hacernos olvidar: el EZLN no es un fenómeno delincuencial -“ni popular ni indígena ni chiapaneco”, en la versión presidencial-, sino el pueblo en armas. Quienes se movilizan hacia las montañas dejando tras de sí a las fuerzas armadas la gloria de ocupar aldeas miserables y deshabitadas son las mismas comunidades que en 1993 decidieron en asambleas ir a la guerra contra el mal gobierno. Una guerrilla popular que bien puede prolongarse durante meses o años y que ha causado ya en Nuevo Momón sus primeras bajas a los invasores. Un ejército de parias. Espartaco en el Vesubio.

     No está a discusión la superioridad militar del ejército federal sobre las fuerzas zapatistas; está en cuestión la legitimidad de sus acciones frente a la hoy muy clara superioridad moral de la resistencia campesina zapatista. Contra lo que quisieran los linchadores televisivos y la ferocidad fascistoide de los auténticos coletos, la rebelión campesina de Las Cañadas no está aislada, ni siquiera ahora, en su dramática retirada a la Lacandonia donde quizás muchos estén muriendo de hambre y enfermedades endémicas. Una poderosa corriente social, que se expresa en la movilización civil, en las denuncias presentadas el 22 de febrero en Londres por Amnistía Internacional contra el gobierno mexicano, la presencia de personalidades del mundo en los cordones de seguridad ante la amenazada catedral de San Cristóbal y la reacción del medio intelectual europeo contra la ofensiva gubernamental, la respalda nacional e internacionalmente. No: la barbarie guerrerista esta vez no pasará.

Coyoacán, D.F. 23 de febrero de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 25 de febrero de 1995.