Eduardo Nava Hernández

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1999 que el presidente Ernesto Zedillo ha presentado al Congreso sólo expresan una cosa: la virtual bancarrota fiscal a la que han sido conducidas las finanzas del Estado.

               La estrategia con que la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda pretenden enfrentar la crisis en la que ya se encuentra el país es extraordinariamente simple: balancear sus finanzas obteniendo más ingresos de los impuestos, derechos y productos del sector público y entregando a cambio a la sociedad menos recursos en inversión y gasto público.

               Las causas de la crisis fiscal que el gobierno aduce para justificar la nueva sangría a la población son evidentes: la caída drástica de los precios del petróleo en el mercado mundial (que, para el crudo mexicano se ubican actualmente en 9.12 dólares por barril, contra 15.50 dólares en promedio, que se preveían hace un año, al elaborar el presupuesto para 1998), el alza en las tasas de interés internacionales —que silenciosa pero inexorablemente acrecientan cada día la deuda externa— y la recesión estadounidense. Con menos énfasis, se no le queda más que reconocer que una parte no despreciable del déficit se debe al endeudamiento interno, cuya parte del león se la ha llevado el programa de rescate de la banca, es decir, el hoy conocidísimo Fobaproa. No sin grandes dosis de cinismo y humor negro, el secretario de Hacienda se esfuerza por acuñar lemas publicitarios que pretenden tener impacto pero que están destinados al fracaso por falaces e increíbles cuando afirma que, con su proyecto económico de emergencia, “México gana”. Pero veamos brevemente estos factores.

               ¿Por qué nos afecta en tan gran medida la baja del petróleo si, a lo largo de los años ochenta, la economía mexicana se fue despetrolizando con el fin de que no volviera a ocurrir una crisis como la de 1982? Mientras que en ese año el sector petrolero aportaba el 43 por ciento de los ingresos fiscales, para 1993 sólo representaba sólo cerca del 26 por ciento, gracias a la diversificación de las exportaciones y a la entrada de inversiones extranjeras tanto productivas como financieras. Sin embargo, y a pesar de que su participación en el producto interno bruto, sigue reduciéndose, la participación del petróleo en los ingresos estatales ha vuelto a crecer hasta alcanzar más del 38 por ciento en 1997. La baja de los precios, así, no golpea tanto a la economía en su conjunto, pero sí a los ingresos fiscales.

               La tendencia al crecimiento de las tasas de interés, particularmente en los Estados Unidos (apenas contrarrestada con las pequeñas reducciones anunciadas en las últimas semanas), es, por una parte, un componente de la guerra económica internacional. Es un mecanismo de defensa de la economía norteamericana frente a la crisis de las bolsas de Japón y los países asiáticos, que le permite atraer o retener capitales; pero también tiene efectos recesivos sobre los sectores productivos, induciendo un crecimiento más lento. A México, el incremento le afecta, sin embargo, por todos lados: frena el ingreso de nuevos capitales estadounidenses, incrementa el servicio de la deuda externa y propicia la salida de capitales ante cualquier signo de inestabilidad en nuestros mercados financieros.

               De la deuda interna, ni qué decir: a lo largo del presente sexenio simplemente se ha triplicado. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1999, el gobierno zedillista propone destinar al pago de sus intereses 137 mil millones de pesos, esto es, más del doble de lo destinado al mismo fin en 1998 (Proceso núm. 1151, 22 de noviembre, pág. 6). En particular, los recursos destinados en el presupuesto que se propone para 1999 al rescate de la banca, ascenderían, de aprobarse como Zedillo lo quiere, a 25 145 millones de pesos, que representan un 225 % más que lo que se destinaría a los programas de combate a la pobreza.

               Como repetidamente lo han expresado los altos funcionarios del gobierno, encabezados por José Ángel Gurría, secretario de Hacienda, y Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, la prioridad gubernamental es impedir a cualquier costo la quiebra de ni uno solo de los bancos, ya que —argumentan—, ocasionaría un encadenamiento de crisis en todo el sistema financiero del país. Y si bien es cierto que ese riesgo existe, ello no hace sino dar cuenta de la vulnerabilidad y flacura de un sistema bancario que ha costado a la economía nacional enormes recursos, así como, sobre todo, de la decisión del gobierno de anteponer los intereses de dicho aparato financiero a los de la planta productiva. Así, para que no quiebre la banca, no importa que quiebren cientos o miles de empresas productivas, ni que esté en quiebra la economía de miles o millones de hogares mexicanos, tanto de los deudores como de quienes se encuentran en la pobreza.

               El diseño de la política económica zedillista, así, no tiene ninguna ciencia. Simplemente pretende compensar en la economía interna, a través de alzas a los impuestos y reducciones o recortes al gasto, lo que los ingresos gubernamentales han perdido en los mercados internacionales o frente al ineficiente aparato crediticio. Los nuevos impuestos que se solicitan sobre el servicio telefónico y el consumo, así como el alza a la gasolina y otros precios y tarifas del sector público, y la liquidación de los pocos subsidios que aún quedan, como el de la tortilla, no tienen otro sentido.

               La estrategia implica, sin embargo, grandes riesgos. El más evidente, el relanzamiento de la espiral inflacionaria, que los tecnócratas sólo saben frenar recortando el flujo de dinero en circulación, es decir, restringiendo el crecimiento de la economía. La aceleración de los precios por efecto de las alzas anunciadas no puede sino atraer la reducción de las exportaciones —con la consecuente agudización del déficit de la balanza comercial—, la devaluación recurrente y la aceleración de la depreciación ya crónica de los salarios. En otras palabras, el empobrecimiento aún mayor de la economía y nuevos frenos al crecimiento de la economía para los próximos años.

               No es difícil avizorar que ello no haría sino llover sobre mojado. El problema estructural radica, precisamente, en la debilidad del mercado interno mexicano, el perro flaco al que el gobierno de Zedillo le quiere cargar las pulgas, al que le quiere cobrar los platos rotos. Si la economía mexicana resulta tan vulnerable a las contingencias internacionales, ello se debe precisamente a la estrechez de su mercado interior. La depresión ya permanente y progresiva de los salarios a lo largo de más de 20 años, el desempleo irrefrenable, disfrazado de economía informal o canalizado a través de la delincuencia, el estancamiento relativo de los sectores productivos dirigidos al mercado interno, frente al auge de los servicios financieros y la especulación, han dado como resultado que los niveles de captación tributaria sean ridículos, no porque los impuestos sean bajos, sino por lo pequeño de la base de contribuyentes, el ínfimo nivel de los ingresos de la mayoría de la población y el lento crecimiento económico, con caídas recurrentes, que ha sido la historia de las últimas dos décadas.

               En los años setenta, el economista estadounidense James O’Connor acuñó el concepto de crisis fiscal del Estado para referirse a los permanentes desequilibrios de las finanzas públicas, que se derivaban de las crecientes demandas que la sociedad presentaba a los gobiernos: inversión, servicios y gasto social, y que éstos podían cada vez menos satisfacer. La crisis actual de las finanzas públicas mexicanas, sin embargo, es de otro orden. No deriva de que el Estado esté satisfaciendo crecientemente las demandas de una sociedad más exigente, sino de otras causas. Llanamente, de que las políticas que han impuesto los gobiernos de los últimos cinco sexenios no han logrado inducir un crecimiento sostenido, pero sí, en cambio, han mantenido una administración pública ineficaz, dilapidadora de recursos, propicia a la corrupción y cómplice de un sector financiero privado no menos ineficiente.

               No se trata, entonces, de una crisis fiscal en el sentido comúnmente aceptado, sino de la virtual bancarrota a la que han conducido a las finanzas públicas sus administradores. Con desmedida prepotencia, éstos se sienten habilitados para imponer sus criterios a toda la nación, actuando impunemente. Los próximos días, durante la discusión en el Congreso de los proyectos de ingresos y egresos presentados por el gobierno, se pondrá a prueba, como nunca antes, el sistema de división de poderes y la representatividad de los diputados, pero también su capacidad para proponer alternativas menos dolorosas a las impopulares medidas con que se quiere castigar una vez más la economía del país.

Morelia, Mich., 26 de noviembre de 1998.