Eduardo Nava Hernández

Los primeros días serán cruciales. Con el arribo a la fecha de asunción del nuevo gobierno en la entidad, la crisis política en Michoacán ha llegado a su fase de mayor tensión e inestabilidad.

A partir de ahora, con una gubernatura y un congreso seriamente cuestionados, sin instancias formales de negociación legiti­madas y reconocidas por todas las fuerzas políticas y adentrándonos cada vez más en un nuevo proceso de elección, esta vez de ayuntamientos, se presentan básicamente dos grandes perspectivas políticas en las que caben, por supuesto, un sin número de variantes. La primera, a la cual debe estar apostando el equipo de Eduardo Villaseñor, en el progresivo asentamiento de éste en el poder a partir de los más  diversos recursos del Estado: la cooptación, la derrama en el gasto   y en la inversión, el rehacer un sistema de negociación y alianzas el indispensable respaldo del gobierno federal. La otra es la permanencia y eventual radicalización de la inconformidad hasta llegar a la remoción o renuncia del nuevo gobernador. Ambas implican grandes riesgos. La primera dejara pendiente de solución a la inacabada transición política y conduciría, a pesar de un aparente consenso social, a la creciente pérdida de credibilidad de los procesos electorales y de las instituciones entre un amplísimo sector de nuestra socie­dad local y nacional. La segunda exacerba­ría las animosidades, dificultaría la conciliación y el dialogo entre los protagonistas políticos y podría llevar a elevar más todavía el alto precio que se ha pagado ya con los asesinatos de Tiquicheo.

Las otras vías, las que implicaban diversas formas de mediación, se han agotado, salvo que algunos de sus elementos permanezcan subsistentes, pero ocultos, sin fructificar.

Con la notable excepción de Ignacio Ovalle Fernández, para nadie son desconocidos los momentos constitutivos del actual conflicto en Michoacán: unos comicios iniciados con una nueva ley electoral, avanzada y legitima, pero caracterizada por el derroche económico inmoral del partido oficial y su candidato para comprar votos a cambio de dinero, obras públicas o barati­jas, y flagrantes y documentadas violacio­nes a la Ley; un proceso postelectoral donde los órganos dominados por el gobierno y el PRI; la Comisión electoral y el Tribunal Estatal Electoral, olímpicamente ignoraron todos los recursos interpuestos para enmen­dar el fraude; finalmente, un Colegio Electoral que sesiono sin convocatoria previa (al menos no a todos sus miembros), en recin­tos-sorpresa y sin revisar ni escrutar como lo ordena la Constitución los paquetes electorales; y otro Colegio, el de la nueva legislatura, que tomó acuerdos al margen del quórum para poder hacerlo y con un espíritu eminentemente faccioso.

Del otro lado, el del PRD, una apresura­da autoproclamación de triunfo que nunca ha sido convincentemente acreditada y, ante el nulo avance por las estranguladas vías institucionales, un proceso  decreciente ra­dicalización en los métodos de lucha. Accio­nes de desesperación y decisiones irreflexivas y erráticas para conducir el movimiento.

Pese a la versión que se difunde hoy desde el oficialismo, Michoacán no es un prietito en el arroz, un conflicto artificialmente creado y sostenido por un reducido grupo para desestabilizar. Michoacán es tan  sólo, desde hace más de cuatro años, la expresión más aguda de la crisis política nacional que ha recorrido ya buena parte de nuestra geografía (Chihuahua, Baja Cali­fornia, Durango, San Luis Potosí, Guana­juato), y que presenta diferentes facetas: la crisis de la forma de Estado, de la forma de régimen y de la forma de hegemonía.

En los años ochenta, ante los cambios  primero lentos y acumulativos, y luego rápidos y violentos que han sufrido la economía y la sociedad nacionales, se agoto definitiva y simultáneamente la trinada en la que se asentó durante décadas con legitimidad y solides el Estado Mexicano: la figura del Estado benefactor e intervencionista que nos había caracterizado desde los años treinta, la forma de régimen corporativo de partido oficial y los métodos autoritarios y paternalistas de control y dirección de la burguesía mexicana.

Pero, abierta la crisis hace ya diez años, no ha podido estabilizarse en cambio una nueve forma de dominación, verdadera­mente moderna, legítima y legal, y de sus entrañas ha surgido con particular energía el reclamo da la democracia electoral.

Por ello, esta crisis no puede resolverse a fondo ni con la derrota y aún aplastamiento del PRD —que es tan solo una de sus  expresiones— ni con la renuncia de Villase­ñor, otro de sus componentes tas sólo circunstanciales, el Gobierno del estado. Despersonalizar en la medida de lo posible el -conflicto y ubicado en su verdadera dimensión, es decir, la nacional debería ser el primer paso para superarlo. Lo contrario, el encasillarlo en la pugna entre dos aparatos partidarios o, peor aún, entre sus respectivos abanderados Villaseñor y Cristóbal Arias, es precisamente o que se ha hecho.

En situación no existe a la vista una clara solución política. El nuevo gobierno ha asumido el poder surgiendo de un proceso truculento, en medio de la tensión social y con grandes riesgos de represión y violencia. Su oposición se ha entrampado, mayoritariamente, en exigir no solo la limpieza y la legalidad en la elección, sino en buscar el imposible reconocimiento al proclamado triunfo de su candidato. En realidad, tan cuestionable es la entronización de Villaseñor como ilegal que Cristóbal Arias “Tome posesión” y del grito. Al primero lo avala un colegio Electoral amañado y anticonstitucional; no lo respalda ningún colegio u órgano electoral constituido. Aún la eventual renuncia del nuevo Gobernador y la designación de un interino será cuestionable si esta última se realiza a través de un congreso cuya integración no ha cumplido tampoco con la mínima formalidad y ahora esta dominando por una mayoría prefabricada a la conveniencia del partido gobernante.

Más allá de la solución que se dé a la crisis michoacana en lo particular, hay que prepararse para presenciar y vivir las múltiples batallas­, ganadas unas y perdidas otras, de una lucha prolongada que no se resolverá a escala local y que abarca ya todo un periodo histórico de la nación mexicana: de la transición hacia un modelo de dominación modelo y no corporativo.

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 1992

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 17 de septiembre de 1992.