Eduardo Nava Hernández

El simple hecho de que, veinticinco años después, el movimiento estudiantil-popular de 1968 siga siendo motivo de debate, reinterpretaciones y aun del ocultamiento informativo oficial, es significativo de que esa fecha representa un acontecimiento vivo, que late aún bajo la epidermis de la sociedad nacional mexicana, que respira por sus poros y que, en cierto sentido, es también una herida no totalmente cicatrizada.

               No es tan sólo el que muchos de los protagonistas de aquel entonces: estudiantes (que, en su mayoría eran muy jóvenes, por supuesto) políticos y militares, siguen vivos, y el que algunos quedaron marcados para siempre por esos acontecimientos; a veinticinco años de distancia, si bien puede decirse que la sociedad e inclusive la política mexicanas han cambiado, el 68 reaparece como una incógnita sin despejar, como un lastre en la conciencia nacional del que tendrá que despojarse para acelerar su avance.

               Por ello, la iniciativa acaso más importante que en esta conmemoración han impulsado muchos de los exdirigentes del movimiento, académicos, investigadores e intelectuales en general, estriba en la creación de una Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer los hechos que llevaron a uno de los momentos culminantes de la movilización popular independiente, una de las grandes tragedias de nuestra historia y uno de los recuerdos más presentes en la memoria colectiva mexicana.

               La significación política y social de 1968 es múltiple. Representa, ante todo, una experiencia de masas y una vivencia colectiva generacional que dio lugar a una renovación del pensamiento y de las prácticas políticas como no se había visto desde la Revolución. Es también el momento de quiebre o agotamiento de la legitimidad que le daba al Estado nacional su origen revolucionario. La movilización masiva del estudiantado y la intelectualidad universitarios, la incapacidad del sistema para abrirse ante el reclamo democrático y la salida militar represiva que se dio al conflicto, evidenciaron una crisis profunda de la ideología desarrollista: los estudiantes, hijos predilectos del régimen de la Revolución, fueron perseguidos, golpeados, encarcelados, desaparecidos y asesinados como no lo había sido ningún movimiento no armado de la historia nacional. El resultado fue la ruptura masiva de la conciencia de ese sector con la ideología populista del régimen. Se suscitó en la juventud una desconfianza profunda hacia el Estado, el sistema político, las prácticas oficiales y todo lo que éste representara, muy difícil de restañar.

               Por eso, casi nada fue igual después. En esa fecha se inicia un ciclo de movilización y organización masivas cuyas repercusiones y secuelas no han concluido, entre otras cosas, porque no ha culminado la apertura del sistema político ni se ha alcanzado una democracia estable y cabalmente legítima. Si bien los años inmediatos posteriores a 1968 fueron un breve repliegue de la movilización estudiantil y popular, es indiscutible que, a lo largo de los setenta, se asistió a un vastísimo proceso de reorganización y despliegue en casi todos los frentes: sindical (universitarios, electricistas, ferrocarrileros, nucleares y un sinnúmero de luchas de sindicatos de la pequeña y la mediana industrias), campesino, urbano (Chihuahua, Monterrey, el D.F., Durango, entre otros). Antes de 1968 prácticamente no existía lo  que hoy llamamos sociedad civil: la organización de los diversos sectores sociales con independencia del aparato de Estado y de sus derivaciones y subproductos. La cultura dejó de ser coto exclusivo del discurso oficial, emergieron nuevas formas de expresión popular y una intelectualidad más crítica y autónoma entró a la disputa de espacios como la interpretación de la historia, la literatura y la política, entendida esta última a través de nuevos estilos y prácticas, que permitieron vincular a la izquierda, después de un largo alajamiento, con las masas populares.

               Si hoy esta sociedad es en algún sentido más democrática, ello aparece también como resultado de la movilización y sacrificio de los destacamentos estudiantiles y populares del 68. Éste introdujo en la conciencia social, al alto precio de la represión, una nueva cultura de defensa de los derechos humanos frente a los abusos del poder. El aparato gubernamental, después de las represiones de 1968 y 1971 (donde las mismas tendencias de cerrazón y autoritarismo estuvieron presentes, pero los cuerpos oficiales no dieron ya la cara ni respondieron por los hechos), se replegó hacia métodos de represión más selectivos y sofisticados, y posteriormente, incluso frente a éstos la sociedad ha ido ganando batallas a la impunidad.

               Pero es cierto, también, que el sistema priísta asimiló la lección del 68 de una manera sorprendente. Demostró en el mediano plazo una enorme capacidad de recuperación que implicó lo mismo la represión selectiva que las reformas limitadas (varias de las demandas del pliego petitorio del movimiento estudiantil se cumplieron durante el gobierno de Luis Echeverría), la cooptación de cuadros y una cierta renovación ideológico-discursiva del campo oficialista. El 68 no fue seguido, como muchos llegaron (llegamos) a pensar, por nuevos y mayores estremecimientos que dieran fin a corto plazo al sistema político y social imperante; no hubo derrumbe, sino un proceso evolutivo que, aun desarrollándose en medio de contradicciones, pudo prescindir –casi– de las purgas y ajustes de cuentas en el aparato de Estado.

               Como la Revolución de 1910-1920, el 68 fue un movimiento popular derrotado por la represión, que no alcanzó de manera inmediata sus objetivos. Pero dejó planteada una nueva perspectiva de autonomía y radicalidad de masas y una transformación ideológica que no pudieron ser ignoradas por el sistema político formal. El aparato estatal y las clases dominantes, siguiendo los sacudimientos de la sociedad, tuvieron que iniciar también una lenta y aún hoy inacabada transformación conservadora, una dinámica de cambio y restauración y una reabsorción de las posiciones impugnadoras, con exclusión política de las masas. Por el contrario, la dinámica incluyente de éstas que caracterizó al movimiento estudiantil-popular de 1968, es el núcleo democrático irreductible que el régimen no ha podido ni podrá asimilar.

                                                                      Morelia, Mich., 1 de octubre de 1993.