Eduardo Nava Hernández

A juzgar por las manifestaciones realizadas por las principales fuerzas políticas de Michoacán en los últimos días, no está próxima una solución pactada al diferendo por el gobierno en la entidad. Por el contrario, las movilizaciones recientes en Morelia y el Distrito Federal marcaron la entrada del conflicto político michoacano en su fase de mayor tensión: las vísperas del inminente 15 de septiembre en que el calendario marca el cambio en los poderes públicos del estado. Y ya próxima esa fatal fecha, ni el campo oficial integrado por mas gobiernos federal y estatal, el PRI y sus satélites políticos y ahora también económicos, si el PRD han modificado sus posturas iniciales: sostener a Eduardo Villaseñor como gobernador electo, y exigir que se acepte el supuesto triunfo de Cristóbal Arias y los candidatos perredistas en los pasados comicios, respectivamente.

El jueves 27, haciendo uso de su libertad y su derecho de manifestación, y ocasionando problemas de vialidad en la avenida Camelinas de Morelia, una enorme marcha fue convocada con las banderas de la paz y la legalidad para reclamar que se limite y aun que se reprima el derecho de manifestación de los ciudadanos movilizados por el PRD para impugnar la turbia elección del 12 de julio.

¿Por qué, si no, se convoca a una marcha por la paz, cuando ésta no se ha alterado en la entidad ni se viven condiciones de violencia, según se constata en las hechos y lo declaran las autoridades civiles y hasta el arzobispo lejos de cumplir con el cometido pacificador que declaraba tener, esa movilización contribuyó a exacerbar el ambiente social la hostilidad hacia el ejercicio del derecho de protesta y a justificar por adelantado una eventual acción represiva contra los perredistas. No faltó entre los oradores quien pidiera la intervención del ejército contra los plantones.

La marcha que presenciamos el 27 de agosto no fue, entonces, convocada en demanda de paz; tenía otro objeto: enfrentar las impugnaciones a la elección de Villaseñor y dar un respaldo en lo esencial al cuestionable proceso electoral de julio. Ahí estaban la CTM, las colonias y grupos antorchitas, los burócratas y empleados guberna­mentales: los mismos que normalmente son movilizados por el PRI, sólo que esta vez, se dice que sin intervención partidaria ni gubernamental, congregados como ”sociedad civil” por los dirigentes empresariales y como una muestra más de la decisión de sostener a los candidatos electos priistas a toda costa, pese a las violaciones a la legalidad que se apreciaron, ahí sí, en la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal y los colegios electorales.

Pero la demanda perredista, reiterada el sábado en el mitin en el Zócalo de la ciudad de México, no de que se anulen las viciadas elecciones sino de que se reconozca el presunto triunfo de sus candida­tos y sobre todo de Cristóbal Arias. No facilita tampoco el encontrar una salida concertada a la pugna postelectoral.

Hasta hoy, las instancias más competentes: la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal, el Colegio Electoral y ahora, el juzgado que conoció el reclamo de amparo del PRI, parecen haberse empeñado en clausurar la vía de dar soluciones satisfactorias para las partes en el conflicto y cumplimiento a la ley. Las posibilidades de un arreglo concertado virtualmente han desaparecido, y las irregularidades y violaciones son tantas y de tal gravedad, que todo parece diseñado para presentar una elección y una calificación radicalmente cuestionable, es decir, impugnables a través de recursos considerados extremos. Quedarían dos procedimientos para avanzar hasta la restauración de la legalidad: una es la salida a la Guanajuatense, donde el candidato triunfante, Eduardo Villaseñor, se retira del cargo y da paso a un interinato designado por el congreso local. La otra opción, más drástica aún y a la que no se ha recurrido en los últimos 15 años, sería que, ante las irregularidades con que la elección fue calificada en el colegio electoral, el Senado General de la Republica declarara desaparecido los poderes en la entidad (Artículo 76, fracción V de la Constitución General de la República). En ambos casos, en términos de la Constitución Michoacana (Art. 54). El Gobernador interino debería convocar a unas nuevas elecciones para gobernador sustituto en un plazo de entre y tres y seis meses. Esta última condicionante hace más difícil la solución, pues se empalmarían los nuevos comicios con los municipales de diciembre, y Michoacán conocerá tres elecciones en el breve plazo de ocho meses: en julio, en diciembre y, a más tardar, en marzo de 1993.

Es hora de dialogar y de ofrecer con toda seriedad iniciativas de solución, si se quiere evitar la represión contra el movimiento de protesta y/o una escalada en la confrontación.

Morelia, Michoacán, 31 de agosto de 1992

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 2 de septiembre de 1992.