Eduardo Nava Hernández

Es inminente que en el próximo período de sesiones se incorpore al debate del Congreso de la Unión, traducido en iniciativas de ley y de reformas constitucionales, un conjunto de propuestas que en los meses recientes se han ventilado en los diversos foros donde se ha tratado la situación de la población indígena. Muchos de esos foros, no todos, han contado con la participación de representantes de los propios pueblos indígenas; particularmente los más importantes de ellos: el convocado por el EZLN en enero de este año y la mesa de negociación de San Andrés donde se expresaron el punto de vista de éste y su cuerpo de asesores y el del gobierno federal. De ahí surgió finalmente el acuerdo básico que necesariamente constituirá el insumo fundamental del debate legislativo.

     Ojalá fuera innecesario insistir en la reflexión sobre un tema desde siempre pendiente, que sólo se ha incorporado como prioritario a la agenda nacional a partir de la insurrección de los indios chiapanecos al iniciarse 1994. Aunque casi nunca lo veamos así, las salidas jurídicas en discusión están vinculadas a una serie de implicaciones políticas, sociales, ideológicas que, sin negar la especificidad étnico-cultural del mundo indígena, trascienden en muchos sentidos el contexto de los diez o quince millones de mexicanos de esa condición. El espíritu de cualquier reforma en esta materia debe partir de que no se trata de resolver la problemática de una minoría -de por sí importante- sino de un asunto que atañe en realidad a toda la nación y que tiene que ver con su historia y con su futuro en cuanto tal.

     En primer lugar, porque en la situación actual de los pueblos indios se resume en gran medida nuestra historia. En ella encontramos, combinadas en diferentes grados, las diversas y sucesivas formas de segregación, opresión y explotación que han padecido las etnias del país, así como el fracaso de los esfuerzos de integración que las élites gobernantes han desplegado para asimilar a los indígenas a la sociedad nacional. Nos es imperioso como nación perfilar y abrir ya las vías hacia soluciones definitivas a esa lamentable situación. México no debe transitar hacia un nuevo siglo conservándose como una sociedad opresiva y cargada de expresiones de un colonialismo interno incompatible con cualquier noción contemporánea de modernidad social.

     En segundo término, porque el arribar a un nuevo estatuto social indígena, es decir a nuevas formas de relación entre los grupos étnico-culturales y el resto de la sociedad nacional, es un desafío para ésta y para el sistema político. Para el régimen político porque cuestiona profundamente su aptitud para evolucionar y transformarse en un sentido democrático que lo obligaría a dejar atrás las formas caciquiles de dominación y las modalidades más atrasadas de explotación en las que se ha apoyado durante toda su existencia. Para la sociedad civil porque le implica poner a prueba su capacidad para arrancar a ese orden político un conjunto de reivindicaciones de alcance mucho más general: tolerancia, pluralismo, derechos sociales, desarrollo. De lograrse para las comunidades indígenas el derecho al bienestar y apoyos reales para el desarrollo social, ¿cómo negarlos a todos los demás grupos de la población, más amplios que las comunidades indígenas, a los que también les son escamoteados la seguridad y el bienestar social? ¿Cómo mantener el actual modelo económico, que está en la base de la situación indígena pero que también sustenta el empobrecimiento de las grandes masas mestizas, rurales o urbanas?

     En tercer lugar, una nueva forma de contrato social que incluya a los indígenas abre la inédita posibilidad para el sector occidentalizado de nuestra sociedad de aprender de y enriquecerse formalmente con las aportaciones del mundo y la cultura indígena. Tenemos que entender en definitiva que no se trata de que los grupos étnicos se asimilen a la cultura llamada nacional de raíces occidentales, sino que es posible construir conscientemente, en la hibridación y el diálogo entre civilizaciones, una nueva cultura y nuevas prácticas sociales que incorporen una mayor riqueza y multiplicidad y donde las expresiones hasta hoy minoritarias dejen de ser marginales para ser asumidas como veneros de nuestro destino nacional.

     Pero también porque, acaso por primera vez en nuestra historia, es posible dar a la llamada cuestión indígena un tratamiento que no quede prisionero de los esquemas polarmente reduccionistas que siempre han prevalecido. Hasta ahora, o bien se ha mantenido a los grupos indígenas en la segregación, el aislamiento y el atraso cultural (principalmente por necesidades de la explotación económica, la dominación política y otras razones), o bien se ha buscado integrarlos culturalmente y enajenarlos de su ser social a fin de asimilarlos a la dinámica social dominante. Hoy son concebibles, dentro de un espíritu de mayor pluralidad y de liquidación del racismo, formas de desarrollo integradoras en lo social y al mismo tiempo compatibles con la expresión cultural y organización social propias de los pueblos indígenas y con espacios de autonomía política.

     Históricamente, los tipos de dominación sobre los pueblos indígenas en México se han movido sobre dos grandes planos. El primero, el colonial, no siempre buscó el aniquilamiento y ni siquiera el desmembramiento social de los pueblos indios. Al contrario, como nos los han mostrado las investigaciones históricas más reconocidas, procuró, dentro de ciertos límites, su preservación y reproducción en tanto núcleo de un sistema de explotación (el tributo) del cual se nutrieron tanto la Iglesia católica como el poder virreinal. A ese fin se consagraron en el derecho colonial dos órdenes de Repúblicas, la República de indios y la República de los españoles, es decir dos cuerpos completamente diferenciados de leyes, aplicables según la pertenencia étnica de los sujetos. Con algunas modificaciones, esa modalidad colonial es aún predominante en las regiones de mayor atraso, ahí donde las relaciones de explotación sobre los indios mantienen un carácter patrimonial, caciquil y violento, en muchos sentidos extraeconómico.

     El segundo tipo, el liberal, se ha propuesto, a partir del siglo XIX, la progresiva disolución del mundo indígena, de sus formas de propiedad y de organización social comunitarias, sus expresiones culturales, etcétera, en aras de una cultura occidental a la que por definición se concibe superior. El objetivo del modelo liberal ha sido siempre incorporar al mercado las tierras “amortizadas” que las comunidades han logrado conservar en su poder y convertir también a la mano de obra indígena en mercancía, es decir, la plena incorporación del ser indígena al desarrollo capitalista. Aunque no ha escaseado, la violencia no ha sido la única vía para impulsar este tipo de desarrollo. Lo han sido también la aculturación y la marginación de lo indígena, que presionan a los sujetos al abandono y negación de su ser comunitario, y los mecanismos “espontáneos” del mercado que tienden a la apertura y socavamiento social de las comunidades.

     Frente a las modalidades colonialistas de expoliación y frente al despojo, la resistencia indígena ha estallado en no pocas ocasiones como rebelión, ya sea en la etapa colonial o en la revolución agraria zapatista; ante la enajenación y el desdén liberal, se ha expresado como reivindicación de la identidad social y cultural de los pueblos indígenas, que en sus manifestaciones más radicales se traduce en rechazo a lo externo, a la otredad occidental y capitalista.

     La sociedad indígena y la sociedad mestiza han aparecido en tales casos como realidades polarizadas, irreductibles y excluyentes, y ello se ha reflejado incluso en las expresiones teóricas de ambos polos. La insurrección chiapaneca de 1994 (no sólo ella, pero sí con mayor eficacia que otras luchas) ha combinado en formas nuevas los dos tipos de respuesta a la explotación social del indígena: la legítima defensa, por decirlo así, y la reivindicación cultural de lo indígena; pero por primera vez sin cerrarse ni excluirse de la sociedad nacional occidentalizada.

     Se ha ido decantando aquí, en este nuevo debate, el tipo de transformaciones que hoy por hoy es posible y necesario realizar para dar salidas a la conflictiva indígena. Los foros de expresión indígena y el diálogo de San Andrés han mostrado que las comunidades y pueblos étnico-culturales no aspiran a cerrarse en sí mismos ni a excluirse del desarrollo nacional, sino a una integración a éste que respete su cultura, tradiciones y espacios de autogobierno. Es factible distinguir tres grandes campos o líneas en donde el país tiene que avanzar si ha de dar solución al problema.

     En el aspecto económico-social, el cambio radica en la integración de los pueblos y comunidades a los beneficios del desarrollo que siempre se les han negado y a los que tienen un legítimo derecho: tierra, empleo, productividad, educación, salud, servicios. Es ante todo inaplazable hacer realidad la justicia social, comenzando por los segmentos de la sociedad, entre ellos específicamente los indígenas, que más han resentido la marginación y a los que se ha llegado a ver en el modelo vigente como un lastre irrecuperable para el progreso. Es nuestra deuda social y, como lo he dicho, nuestra gran asignatura pendiente. El hecho de que los proyectos de modernización aplicados hasta el presente hayan marginado y aun empeorado la condición de la población indígena no implica en absoluto que haya que renunciar a todo proyecto de progreso ni a incorporar a ésta a un esquema integrador e igualitario.

     En el aspecto cultural, la demanda se centra, con igual fuerza, en el respeto y el aliento a las lenguas, tradiciones comunitarias y en general a las expresiones étnicas legítimas. Sólo este reconocimiento puede consolidarnos como una sociedad plural y auténticamente tolerante. Por manifestaciones legítimas ha de entenderse aquellas que no atenten contra los derechos de otros grupos sociales o contra los derechos humanos, que deben ser los únicos límites a tales expresiones.

     En lo político, que es el aspecto más polémico y más cuestionado por la visión liberal, por suponer que implica algún grado de desintegración nacional, la transformación tiene que implicar el reconocimiento de la personalidad político-jurídica -y no sólo en el aspecto agrario- de las comunidades, de sus usos y costumbres, de sus formas de democracia directa y de sus espacios de autogobierno, incluida hasta un cierto punto, la vigencia del derecho y la justicia propios de las comunidades étnicas.

     Pero, contrariamente a lo que sostienen los partidarios liberales de la integración, es aquí donde las reivindicaciones libertarias indígenas se articulan con más vigor con las necesidades del resto de la sociedad mexicana. La oposición a una mayor distribución del poder no proviene primordialmente de la desinteresada salvaguarda de la unidad nacional, sino de la defensa del sistema de privilegios que se apoya en el centralismo y las estructuras de poder visibles e invisibles.

     No se trata de restablecer en este punto el criterio colonial de los dos órdenes de Repúblicas o dos tipos de legislaciones sobre diferencias étnicas, es decir, un régimen político general para la sociedad mestiza y otro para las sociedades indígenas. Se trata, sí, de extender la gestión democrática de la nación complementando el proceso de fortalecimiento del federalismo y la libertad municipal y estableciendo como derecho constitucional para todos los tipos de comunidades la autonomía y el autogobierno sobre bases territoriales, no étnicas. La reivindicación hoy levantada por los movimientos étnicos lo es también, aunque expresada con menor fuerza, de muchos otros grupos sociales que cuestionan el autoritarismo y la centralización del régimen político. Un adecuado tratamiento de esa reivindicación puede y debe encuadrarla en la lucha mucho más amplia por la revaloración de las comunidades como células del sistema político y como las auténticas fuentes del poder.

     La autonomía y el autogobierno, y su respectivo reconocimiento jurídico, no son ni tienen porqué ser, así, figuras para la segregación racial y la secesión de la República. Más bien pueden y deben ser las bases para una refundación más justa del orden político y para una reconstitución del tejido social hoy devastado por la crisis, el imperio impersonal de los mercados y el individualismo de las políticas neoliberales. También aquí, bien comprendida y bien expresada, la aportación de la lucha indígena puede ser trascendente para toda la nación y abrir caminos amplios a la democratización.

Coyoacán, D.F., 6 de junio de 1996.

*Inédito