Eduardo Nava Hernández

Arrastrados por el vértigo de los acontecimientos que se han venido sucediendo sin tregua y que cotidianamente irrumpen en nuestra conciencia social, o envueltos por la superficialidad de las versiones difundidas oficialmente y por los medios masivos de comunicación, los mexicanos poco hemos reparado en caracterizar con precisión la naturaleza de nuestro momento como nación. Pero la pregunta central en torno a la crisis por la que México atraviesa actualmente es si se trata de una crisis simplemente financiera, es decir, de falta de liquidez, y que por tanto pueda resolverse en el corto plazo corrigiendo algunas de las principales variables económicas o si, por el contrario, lo que ha entrado en crisis es la estrategia de crecimiento y desarrollo, y más aún el proyecto nacional, que se ha venido aplicando durante la última década y con la cual, según todas las evidencias, no concibe ni como hipótesis romper el nuevo gobierno.

     Si la respuesta es la primera, las medidas tomadas —o algunas variantes de las mismas— son las correctas: renegociar los plazos e intereses de la deuda exterior, conseguir dinero fresco, favorecer la inversión extranjera y dar seguridades y garantías a la inversión; en una palabra, capitalizar nuevamente las finanzas nacionales para retomar más adelante las interrumpidas estrategias y metas originales del proyecto. Pero grandes corrientes de opinión sostienen o intuyen que no es suficiente con aplicar ese tipo de correctivos. De lo que se trata aquí es de una crisis terminal del proyecto que, por tanto, exige una redefinición radical de sus términos para pasar a una nueva fase de nuestra existencia como nación.

     Está en cuestión, en realidad, la concepción particular del desarrollo que se conoce con el término de modernización y que hasta antes del 20 de diciembre se ostentaba como bandera y guía de una estrategia gubernamental sólida y exitosa, pero cuyas implicaciones escasamente se han hecho explícitas para el conjunto de la población. En el análisis formalista de sus principales teóricos (Huntington, D. E. Apter, Pye, Eisenstedt), la modernización sería un proceso inducido y conducido por el Estado, propio de los países atrasados o tradicionales que transitan hacia niveles superiores de desarrollo. La industrialización sería —por ejemplo, en la versión de Apter— esa fase avanzada a la que han arribado ya las naciones más avanzadas.

     El proceso de modernización lleva implícito (Huntington, Apter) el riesgo del conflicto social, derivado del choque con los intereses que se ven afectados. En su fase más intensa, la conducción del proceso exige, entre otras cosas, la mayor concentración del poder en la instancia rectora, el Estado, con exclusión de las formas de participación social. Es decir, hay un componente de autoritarismo, necesario durante el período más agudo de la modernización, que puede ser superado cuando se han sentado las bases para su consecución. Pero el conflicto en sí no parece cuestionar el proceso mismo en la medida en que existe un consenso de los diversos actores en el objetivo final del cambio: la modernidad y la industrialización. Incluso la oposición socialdemócrata o de izquierda, y los grupos sociales de interés (sindicatos, asociaciones empresariales, etcétera) comparten ese objetivo.

     Pero México, hoy lo sabemos, no puede ser ya analizado bajo ese esquema formalista. Los acontecimientos de 1994 y la actual crisis sí colocan en tela de juicio el carácter mismo del proyecto de modernización que ha tenido como eje la exclusión política y la centralización del poder, y que, como sabemos, tuvo su máxima expresión, hoy apenas matizada, en el salinismo con su proyecto social excluyente y oligárquico: elevada concentración del capital financiero en un puñado de familias; concentración del poder de decisión en las altas esferas del poder político, con exclusión aun de los grupos tradicionales corporativos; eliminación por empobrecimiento de la población rural considerada excedente; irrestricta integración a los circuitos del mercado mundial, aun a costa del mercado interno y la planta industrial nacional; derrota y nulificación de los sindicatos y polarización de la sociedad.

     La transición mexicana, mucho más compleja que el rígido formalismo, contiene elementos activos o potenciales no sólo de la modernización propia de las sociedades tradicionales, sino también la emergencia (más bien propia del llamado paradigma posmoderno de las naciones avanzadas) de nuevos sujetos sociales, nuevos sistemas de valores y nuevas tácticas de lucha y expresión colectiva. La supuesta unanimidad nacional (aparente, construida, inducida o como se le quiera ver) en torno al objetivo nacional de modernización-industrialización que se simbolizó en el debate acerca del Tratado de Libre Comercio, no existe más. Terminó el 1º de enero de 1994 en los Altos de Chiapas con la irrupción de un movimiento indígena armado (el EZLN) que no comparte ni está comprendido en ese proyecto. El cuestionamiento radical no podía partir de los sectores de alguna manera ya incorporados o con la expectativa de incorporarse al proceso de modernización, sino tan sólo de los grupos más marginales —y sin embargo muy numerosos— sin perspectiva alguna de integración a ella. La movilización zapatista catalizó y se ha visto secundada por la de amplios grupos sociales que, sin su nivel de organicidad, comparten también el rechazo a esa vía oligárquica de construcción del proyecto nacional.

     A partir de entonces, el eje del proceso mexicano se trasladó bruscamente. El problema de la modernidad no es ya tan sólo el de la industrialización o el de alcanzar determinados indicadores de bienestar social, sino el de la inclusión, la construcción de un proyecto nacional de democracia social que no puede ser ya el de la modernización. La exclusión ya no es viable socialmente, aunque subsiste en el atropellado “manejo” gubernamental de la crisis económica y sigue siendo la estrategia del nuevo gobierno de Ernesto Zedillo. De seguir éste aferrado como hasta hoy a la estrecha visión de una mera crisis financiera, “de caja” o “de liquidez” que ha de ser manejada por los intereses financieros y sus representantes en el Estado, y tras la cual recuperaremos el camino ya previamente trazado, está condenado al fracaso; pero conduce también inexorablemente a la sociedad mexicana a nuevas escisiones que no podrá manejar.

Coyoacán, D.F., 30 de marzo de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 2 de abril de 1995.