Eduardo Nava Hernández

Ante un mensaje presidencial irrelevante e intrascendente como el que escuchamos el 1º de septiembre, es preferible comentar en este espacio uno de los temas directamente vinculados a la agenda parlamentaria, que a partir de ahora se convierte en la arena principal de la confrontación de proyectos. Después de todo, esa fecha es, primero que otra cosa, la apertura del periodo ordinario de sesiones del poder Legislativo.

               Me refiero, desde luego, a la consulta pública que el pasado domingo realizó el PRD a propósito del Fobaproa, el tema más importante, junto con el de Chiapas, en la definición hoy por hoy de los derroteros políticos para la nación, y al que el presidente Zedillo sólo aludió tangencialmente sin referirse a él por su nombre.

               ¿Fue un éxito que, como lo sostiene ese partido, tres millones de ciudadanos acudieran a las urnas instaladas para ese propósito? ¿Qué significado se le puede atribuir a dicha acción, efectuada en vísperas de la comparecencia del presidente ante el Congreso y, en todo caso, cuáles fueron sus limitaciones?

               Ante todo, lo obvio: el resultado de la consulta no refleja la correlación real de fuerzas en la sociedad en torno a este debate. En la medida en que fue convocada por un solo partido, no por el gobierno o por el conjunto de las fuerzas representadas en las cámaras, la participación se limitó fundamentalmente a los simpatizantes perredistas, que de antemano atendían al llamado y a las posiciones propagandizadas por ese partido. El que la mencionada cifra de electores acudiera a apoyar, en su apabullante mayoría, la propuesta del propio organismo convocante no puede sorprender a nadie. El resultado no podía haber sido otro y es en sí mismo una simple tautología: los simpatizantes del PRD (y no todos ellos, pues el caudal de la votación es mucho menor que la obtenida por ese partido en las elecciones del año pasado) apoyan las posiciones del PRD.

               En esa medida, el resultado no compromete a ninguna otra fuerza, y mucho menos al Congreso de la Unión como órgano en su conjunto o al gobierno a asumirlo como una definición popular, es decir como producto de un plebiscito que, como se sabe, no existe en la legislación mexicana.  La formulación misma de la consulta no deja de estar cargada de parcialidad, y acaso el gobierno no sienta reflejados sus propios argumentos en la versión que de ellos dio el PRD en las boletas.

               La cifra de participantes, a mayor abundamiento, puede ser vista también como una evidencia de que el resto de los más de cuarenta millones de ciudadanos que existen en el país no tiene una posición definida ante el problema del Fobaproa, o no se interesó en participar en la convocatoria perredista, o bien la rechazó como mecanismo de sondeo.

               Por todo ello, es cuestionable la validez de la acción emprendida por el Partido de la Revolución Democrática como una auténtica consulta pública. Per eso no quiere decir que carezca de todo mérito o haya sido inútil. Es claro que se trató de una acción fundamentalmente propagandística, y en ello radica su valor, pero también sus riesgos y limitaciones.

               El valor de la campaña perredista estriba precisamente en haber difundido con amplitud el problema de la conversión de los pasivos del multicitado fondo en deuda pública, y en haber despertado el interés de una gran cantidad de ciudadanos que, de otro modo, difícilmente hubieran reparado en el significado de la propuesta gubernamental o tenido elementos para juzgarla. Es decir, el aspecto democrático de la nombrada consulta del PRD no está en sus resultados, sino en la campaña misma que en torno a ella desplegó ese partido. Eso es lo rescatable, pues ha permitido asumir, junto con la información que ha trascendido de la repulsiva forma en que se ha manejado la banca reprivatizada a partir del sexenio pasado, el sistema de complicidades y encubrimientos establecido entre el gobierno y el sector más alto del capital financiero, el verdadero dueño del poder económico en el país.

               Pero, ¿era necesario que un partido que cuenta con una representación amplia en el Congreso de la Unión y con los elementos de información suficientes para tomar una posición al respecto, diera a su justificada campaña de oposición la forma de una consulta popular? En rigor, no. Al plebiscito se recurre en las democracias modernas cuando existen lagunas en la legalidad que hacen controvertido tomar una posición o cuando se trata de introducir una modificación drástica y polémica en la propia legislación. No me parece que este caso se haya tipificado, y sí en cambio, el abuso en los procedimientos de democracia directa, cuando éstos no están todavía contemplados siquiera en nuestro régimen constitucional, podría  mostrar prematura y equívocamente sus reales o aparentes limitaciones, y hacer más difícil su legitimación ante el conjunto de la sociedad.

               El tema del Fobaproa habrá de dirimirse, a fin de cuentas, dentro del ámbito parlamentario, y ello es lo correcto cuando existen las instituciones, las leyes y los procedimientos para asumir, como en este caso sucede, una resolución válida, legal y definitiva. Ninguno de los diputados o senadores, ni siquiera los perredistas, necesitaba de un mandato particular en torno al controvertido tema del fondo, porque ya lo tienen desde hace un año en que asumieron su investidura. No requerían consultar si se debe o no cumplir la ley, si se deben o no sancionar los latrocinios del grupo en el poder, si se debe o no perseguir y castigar la corrupción. Menos aún cuando están en curso, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, las auditorías que habrán de establecer la magnitud real del desfalco a la nación implícito en el Fobaproa. Más aún: coincidentemente, la posición moral del Congreso se ha visto fortalecida con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que declara que son auditables los recursos entregados a las entidades de la Federación, como en el caso de los ingentes recursos gastados en Tabasco por el gobernador Roberto Madrazo Pintado. Los legisladores necesitan, pues, simplemente, asumir plenamente la función para la que fueron elegidos.

               Hoy como nunca antes, el poder Legislativo está en condiciones de convertirse en factor de cambio en el país. Es intrascendente la crítica que se ha hecho a veces, particularmente a la Cámara de Diputados, en el sentido de que no trabaja porque “no legisla”. La función de control del Ejecutivo por el Legislativo es tan importante o más que el legislar. Diversos tratadistas la consideran, de hecho, la función principal del parlamentarismo contemporáneo, más que la propia elaboración de la leyes. Y ello es más válido todavía en un país con tan larga trayectoria de presidencialismo autoritario como México. El caso Fobaproa es un buen comienzo en la superación de los vicios a que éste ha llevado.

               Ojalá que los mandatos, a veces simplificadoramente promovidos y asumidos, no se conviertan en un factor de obstrucción que impida la más amplia deliberación y capacidad de negociación y acuerdo de nuestro incipiente y todavía frágil parlamentarismo. Consolidar éste nos es más necesario.

Morelia, Mich., 2 de septiembre de 1998.