Eduardo Nava Hernández

Como ya se ha hecho habitual, con frecuencia los mexicanos tenemos que esperar a que nuestros gobernantes salgan al extranjero o se entrevisten con corresponsales de otros países para conocer o recibir con mayor detalle y franqueza la información que en el interior se escatima o se proporciona distorsionada por la ambigüedad del doble discurso. Sólo entonces, cuando entra en juego la opinión pública internacional, el gobierno se decide a exponer con  claridad y hasta con desparpajo sus verdaderas ideas.

          Las declaraciones hechas por el presidente Zedillo a propósito de Chiapas ante editores de diarios y cadenas de televisión de Venezuela en días pasados no tienen desperdicio. En ellas expone mucho más de lo que a los mexicanos se nos ha permitido conocer de su percepción personal del conflicto, y, de hecho, contribuyen en gran medida a entender por qué éste no se ha resuelto.

          Se comprometió ante los medios a no masacrar a los indígenas zapatistas, y negó, contra toda evidencia, que la matanza de Acteal haya sido perpetrada por elementos pertenecientes al PRI.

          También ante los periodistas venezolanos, Zedillo repitió su ya conocido pero nunca demostrado argumento de que las demanda de autonomía para los pueblos y comunidades indígenas presentada por el EZLN y aceptada en los Acuerdos de San Andrés atenta contra “la integridad de nuestro territorio” y siembra “el germen de una violación a nuestra soberanía”. Pero fue más allá. Comparó el actual conflicto chiapaneco con la “guerra civil (que) ya vivimos en el siglo XIX  y (que) ganaron felizmente los que creían en la unidad nacional”. Esa guerra, dijo con desenfado, “la ganaron los liberales y la perdieron los conservadores y esa guerra ya no se va a repetir”.  Concluyó afirmando que él no será el antiJuárez ni el Santa Anna de este fin de siglo.

          Está claro, pues, que para el presidente de la República el conflicto chiapaneco y la controversia política y legal que lo rodea se reduce a la repetición de una experiencia ya superada desde el siglo XIX. La referencia no podría ser menos feliz. Si de algo adoleció la fórmula federalista que los liberales implantaron entonces fue precisamente del reconocimiento a los derechos y a la existencia misma de las comunidades indígenas. El marco jurídico agrario y social de los liberales, a partir de la Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856 —y, en algunos casos, de leyes locales semejantes impuestas con anterioridad, desde los años treinta— tendió siempre, en consecuencia con el propio credo liberal,  a disolver los derechos agrarios comunales en derechos individuales, la existencia misma de las comunidades en el ámbito del mercado de tierras, de trabajo y de mercancías, y la identidad de los pueblos indígenas en una difusa y trunca “ciudadanía”, siempre de segunda o tercera clase. La política liberal, reiterada luego en las prácticas de deslindamiento y fraccionamiento de tierras, no sólo no contribuyó nunca a la superación de las condiciones de existencia de los indios, sino que agudizó gravemente los conflictos sociales que finalmente brotaron con violencia durante la Revolución de 1910, sobre todo, pero no únicamente, en el Morelos zapatista. Por ello la constitución de 1917 tuvo que reconocer (así fuera sólo en el aspecto agrario) la legitimidad de la propiedad comunal y de los derechos que le están asociados. La modificación salinista del artículo 27 constitucional ha sido el más duro golpe a ese reconocimiento de la deuda social del Estado mexicano.

          Apelar a una visión del siglo XIX para explicar la conflictiva social del fin del siglo XX, de la cual los más responsables han sido los gobiernos posrevolucionarios de los últimos setenta y tantos años, es la mejor manera de no resolverla. Es evidente para cualquiera, menos para el titular del Ejecutivo y para quien ahora se revela como su ideólogo de cabecera, el Dr. Ignacio Burgoa, que lo que está hoy en juego no es el desmembramiento del territorio ni del Estado nacional, sino la creación dentro de ese Estado, de formas jurídicas más aptas para contener y expresar la realidad de la nación, que es plural y diversa, tanto étnica como culturalmente, y a despecho de la aspiración, también cara a los liberales, de una sociedad homogénea de pequeños productores individuales. El problema es que, ante un mercado estructural y arrasadoramente monopólico y globalizado (que no existía en el siglo pasado), la preservación de espacios de autonomía es una necesidad sin la cual difícilmente se conservarán muchos de los rasgos de nuestra identidad nacional y difícilmente sobreviviremos como nación.

          Pero esto no es capaz de percibirlo el Dr. Zedillo. Para él, los indígenas son “personas débiles y manipuladas” que, ante las acciones del Estado, “lo primero que hacen es aventar niños y mujeres indefensos para ver si a algún soldado se le va un balazo o un macanazo y entonces poder desatar una guerra de propaganda”. Zedillo trata a un sector muy grande del pueblo al que le toca servir y gobernar como si fueran estúpidos, aunque cuando habla de manipulación se refiere sólo a la militancia, más o menos reciente, de esos grupos en el EZLN o en los grupos que le son afines; no así para los que participan en las bandas armadas de contrainsurgencia o en las guardias blancas de los finqueros. Tampoco se refiere a la utilización que por décadas ha hecho su partido, el PRI, del voto de este sector de ciudadanos como reserva “dura” que le ha permitido mantenerse en el poder.

          En realidad, los indígenas y otros grupos populares no son “manipulables”, sino que han sido chantajeados largamente por un régimen que los ha mantenido sujetos a los cacicazgos y les ha concedido a cuentagotas parte de lo que debiera otorgarles por derecho, sólo si acceden a jugar el papel de clientela electoral cautiva. Probablemente, para el Presidente esto no sea manipulación y sólo reconozca ésta cuando hace su aparición alguien que, en lugar de dádivas electoreras, ha dado a los indígenas ideas que antes no soñaban: democracia, dignidad, solidaridad, humanidad.

          Tampoco puede el Dr. Zedillo entender que un sector considerable de la opinión pública mundial, y en particular de la intelectualidad, se solidarice, precisamente, con esas aspiraciones y con los seres humanos que las encarnan a través de su lucha. Para él, se trata tan sólo de “la fascinación que en los intelectuales europeos y de Norteamérica ha despertado la figura del señor Rafael Sebastián, mejor conocido como Marcos”. ¿Se puede pedir más superficialidad en el análisis y mayor desprecio por las causas de los zapatistas que él debería atender, pero sobre todo entender?

          Con esas peregrinas concepciones, expresadas en boca de quien cabría esperar fuera un estadista y no un declarante ingenioso, se ve cada vez más lejana una solución de paz con justicia y dignidad para el conflicto.

Morelia, Michoacán, 19 de abril de 1998.