Eduardo Nava Hernández

Hasta donde se alcanza a ver, las cuatro observaciones del gobierno a la iniciativa de Ley de la Cocopa, que ahora se han hecho públicas por el secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa no constituyen diferencias de fondo con el espíritu de lo pactado en San Andrés Larráinzar en febrero de 1996. Las primeras dos son reiterativas en cuanto a que la libre determinación y el ejercicio de la autonomía por las comunidades indígenas no lesionen o se contrapongan a la soberanía nacional, la convivencia democrática y los órdenes de gobierno ya establecidos, especialmente el municipal. La tercera sólo apuntaría a precisar que la explotación colectiva de la tierra y los recursos naturales anexos no debe excluir otras formas de dominio como la ejidal y privada. Y la cuarta introduce la precisión de que la concesión y manejo de medios de comunicación por los grupos indígenas se sujeten a las leyes vigentes en la materia.

          Presentadas así, no sólo no se explica por qué el gobierno tardó casi dos años en presentar sus objeciones de fondo, sino tampoco por qué quiere presentarlas como diferencias que prácticamente descalifican la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación. Nada hay en ésta, como tampoco en los Acuerdos de San Andrés, que se contraponga o niegue el espíritu de respeto a la soberanía, la unidad nacional, el apego a la legalidad o los principios democráticos. Más que diferencias, se presentan como agregados que bien hubieran podido hacerse desde la primera ronda en que la Cocopa puso a consideración de las partes su proyecto y en que éste fue virtualmente desechado en bloque por la representación gubernamental.

          El tiempo transcurrido entre la propuesta inicial de la Cocopa y el anuncio de la postura gubernamental es significativo. En ese lapso se desplegó una política por parte del gobierno federal que tendió a alejar la paz aun al costo de suscitar una enorme desconfianza y desprestigio. Se incrementaron las tensiones en el estado de Chiapas, se desplegó la militarización y proliferaron los desalojos, expulsiones y actos de violencia que alcanzaron su clímax con la matanza de Acteal.

          Pero además de tardía, la iniciativa llega viciada por sus contradicciones y su falta de credibilidad. Mientras la parte gubernamental demanda y aun emplaza al EZLN a reanudar el diálogo que el gobierno mismo tiene la responsabilidad de haber suspendido, anuncia la decisión de proceder unilateralmente enviando su propio proyecto de reformas jurídicas en materia de derechos y cultura indígenas, al margen no sólo del propio zapatismo sino de la instancia coadyuvante, la Cocopa. Si el proyecto elaborado por ésta es descalificado por haberse basado supuestamente en una interpretación parcial y sesgada de los Acuerdos de San Andrés, ahora el secretario asume que la del gobierno es la única válida y apegada a los tan manoseados como incumplidos compromisos de 1996. Ello introduce un elemento de tensión al interior de la propia Cocopa, a la que se obliga a pronunciarse en torno a la nueva iniciativa en su conjunto, prácticamente sin posibilidades de discutir sus particularidades. La escisión del órgano del Legislativo entre el ala oficialista que acepta la propuesta gubernamental a costa de sacrificar su propia iniciativa y quienes la rechazan desde la posición de defender ésta o buscar arreglos consensados es parte de la estrategia para aislar y retomar la ofensiva contra el zapatismo.

          El vocero gubernamental dice aceptar el principio de autonomía de las comunidades indígenas pactado en San Andrés; pero al mismo tiempo condena los municipios autónomos que, si se han establecido y mantenido en Chiapas ha sido en virtud del vacío jurídico creado por la ausencia de reglamentación de los propios acuerdos, que reconocen el derecho a esa autonomía.

          ¿Pensará el gobierno que es viable, como lo ha anunciado el secretario Labastida, sacar adelante un “nuevo pacto social con las comunidades indígenas” con exclusión del zapatismo chiapaneco y sus aliados? ¿Cómo entonces se habla de poner fin al conflicto “que desgasta y lastima a la nación”? ¿Sin reabrir la negociación?

          Ese es precisamente el punto más delicado de la estrategia anunciada el primer domingo de marzo. La concreción jurídica de los Acuerdos, cualquiera que ésta llegue a ser, requiere antes que nada de condiciones que contribuyan a restablecer el diálogo y distender la situación social en Chiapas y en otras regiones indígenas del país. Nada más alejado de ello que la política real que el gobierno está aplicando: proseguir con la militarización de las comunidades, mantener la impunidad de los principales responsables de la masacre de Acteal, y de las bandas paramilitares, desatar campañas xenófobas contra los observadores de derechos humanos y la expulsión del párroco de Chenalhó, Michel Chanteau.

          Así, en el marco de la confrontación y de la escalada simultánea contra el zapatismo, sus bases de apoyo, las instancias de mediación y coadyuvancia y los defensores de derechos humanos, que es el contexto social y político real del conflicto chiapaneco, la nueva estrategia publicitada el pasado domingo, que en el papel puede aparecer como una propuesta para la negociación, no pasará de ser sino una expresión más de la política de doble cara del gobierno federal que ha mantenido en vilo la paz verdadera que el país sigue esperando.

Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 1998